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29 de noviembre de 2016
La ONU advirtió que Entre Ríos es una de las provincias que viola los derechos humanos de las mujeres
La Organización de Naciones Unidas (ONU) instó al Ejecutivo nacional a facilitar el acceso seguro de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post aborto. Entre Ríos está entre las 16 provincias que viola el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó protocolos que hagan efectiva y accesible la práctica. La retrograda guía que del ministerio de Salud se sostiene en la provincia es “porque hay muchas patas con túnicas que impiden que las mujeres accedan a sus derechos”, advirtió a AIM Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia. Sin embargo, “las niñas, adolescentes y mujeres del país deben saber que su derecho está vigente y hay que exigirlos”, aclaró Soledad Deza.

La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, denunció en Buenos Aires que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una violación de los derechos humanos y contribuye a la alta tasa de mortalidad materna en el país.

En ese marco, Simonovic exigió al gobierno de Mauricio Macri que haga cumplir el protocolo existente e impulse un proyecto de Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La Resolución de ONU, en línea con otros organismos internacionales que se pronunciaron en el mismo sentido, es considerada “muy útil para que el Estado tome nota de los vacios legales y cómo esos vacíos se traducen en violencia institucional contra las mujeres”,  dijo a AIM Soledad Deza, abogada, feminista, Magister en Género, Sociedad y Políticas (Flacso), integrante de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Al respecto, recordó que desde 1921 en Argentina es un derecho de las mujeres acceder a la interrupción del embarazo (cuando corre riesgo la salud o la vida o cuando es forzado)  por lo que el Estado debe disponer una prestación médica lícita que no se traduce en la cartografía nacional, ya que las prestaciones sanitarias no están disponibles de forma accesible en todas las provincias “por diferencias culturales o por cosmovisiones ideológicas, morales o religiosas que se interponen en la relación entre el médico y el paciente”.

En ese marco, rememoró que en 2012 la CSJ ordenó que las provincias estandaricen buenas prácticas clínicas para asegurar estos abortos —contemplados en el Código Penal— y se lo hace a través de protocolos médicos, pero aclaró que más allá de la disposición la situación en el país es dispar: “Hay provincias que dictaron protocolos respetuosos de los derechos en el estándar de atención de calidad que fijó la Corte; hay otras que los hicieron de forma restrictiva, en violación con los estándares vigentes en materia de salud; y otras que no hicieron ningún protocolo”.

Ante ese escenario, la abogada remarcó que “es importante difundir que el derecho de interrumpir gestaciones en casos permitidos por la Ley no dependen de los protocolos, por lo que (independientemente de que los protocolos estén) las niñas, adolescentes y mujeres del país deben saber que su derecho está vigente y hay que exigirlos, lo que ocurre es que cuando están los protocolos es que se disipan los obstáculos en la atención sanitaria”.

 

“Muchas patas con túnicas” obstaculizan a las mujeres para acceder a sus derechos en Entre Ríos

Por su parte, Carolina Comaleras explicó que la situación en Entre Ríos “es confusa porque si bien es cierto que hay un protocolo que restringe el derecho de las mujeres a un aborto legal y seguro también es cierto que muchas abortan dentro del sistema de salud de forma segura, porque pueden pagarlo en el ámbito privado (porque ocurre siempre) o porque acceden a una consejería a través de las Socorristas o del hospital para la interrupción del embarazo”.

El  protocolo que el gobierno de Gustavo Bordet sostiene es restrictivo en términos de que no cumple con lo que estipuló la CSJ en el caso FAL en el 2012, remarcó la profesional, quien precisó que uno de los puntos que se rechaza desde las organizaciones sociales y la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Entre Ríos es la objeción de consciencia, “porque dice que el médico debe declararse objetor de consciencia luego de que la mujer haya solicitado la práctica, lo que no tienen el menor sentido común y va en contra del fallo FAL que claramente fija que la objeción de consciencia debe ser presentada por el profesional al momento que decide ser objetor al jefe de servicio o director del hospital, para que la mujer que quiera solicitar la interrupción de un embarazo no tenga que pasar por él, porque se sabe que esa persona es objetora”. En ese sentido, remarcó que quien se declara objetor “tiene la obligación  de derivar a la mujer a quien pueda brindarle la solución a lo que ella solicita”, y eso implica darle datos precisos en un tiempo adecuado con información correcta.

La retrograda posición del Estado entrerriano es una pugna de larga data que comenzó con Sergio Urribarri y continúa con su delfín Bordet: “Desde la Campaña se reclamó desde cuando estaba Hugo Cettour como ministro de Salud que se dé de baja y se adhiera al de Nación; después estuvo Carlos Ramos, quien ignoró absolutamente el derecho de las mujeres en todos los ámbitos; y, ahora, el ministro Ariel De la Rosa, quien es tocoginecólogo, tampoco tomó cartas en el asunto, quien dilata la situación, no toma las cosas como corresponde y por eso Entre Ríos es una de las provincias que viola el derecho a las mujeres a una práctica segura”.

Comaleras  repasó que hubo reuniones con integrantes del Poder Judicial “para que llamen al orden al ministro para que pusiera esto en agenda pero nada, es decir, es una muestra de que no les importa”, lo que le pasa a las mujeres. Además, subrayó que también hubo gestiones, reuniones, plazos y promesas con las nuevas autoridades de la provincia pero a 12 meses de asumir aún el protocolo no se reformó: “El tema es que realmente es necesario y el ministro de Salud, siendo tocoginecólogo, debe sacarse los velos eclesiásticos y entender que es un funcionario para toda la población”.

“Esto es una cuestión de justicia social, porque quienes pueden pagar lo hacen (que está bien que lo hagan)  y así protege o salva su vida o salud, pero quienes no pueden hacerlo hacen lo que le den, usan lo que le den y eso pone en riesgo su vida o salud, en un concepto integral, no sólo física sino también psicológica”, alertó la obstetra.



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