29 de mayo de 2016
Los “fueros” legislativos
En estos días una de las palabras que más se menciona en los ámbitos políticos y judiciales nacionales o provinciales incluso, es la de “desafuero”.

En estos días una de las palabras que más se menciona en los ámbitos políticos y judiciales nacionales o provinciales incluso, es la de “desafuero”. 
La cantidad de legisladores que buscan en las Cámaras una “protección” contra causas judiciales en trámite son moneda común. 
La idea de este breve artículo de opinión, es explicar su origen, regulación y finalmente, una postura respecto a dicha institución. 
El origen de los “privilegios”, “inmunidades” o “fueros” que poseen los legisladores (sean ellos diputados o senadores), proviene de las primeras experiencias del parlamentarismo en países en dónde existían monarquías (típico caso de la Inglaterra). 
Y ello, porque ante el poder del Rey, era necesario asegurar a los parlamentarios, una protección “especial” para que pudieran expresar sus ideas y votar sin ser condicionados por el poder real. 
Entonces debe quedar claro que esta “protección especial” o fuero, es por la “función” que cumplen como legisladores; no es personal, por lo tanto no es renunciable por parte de ellos, sino que debe ser la Cámara a la que pertenecen la que se los quite. Aquellos legisladores que manifiestan su renuncia anticipada a sus “fueros” o aseguran que se van a “desaforar”, sencillamente mienten. 
Nuestra Constitución, al ser creada en 1853, tomó como una de sus fuentes principales la Constitución de los Estados Unidos, sancionada en 1787, la que a su vez en materia de “fueros” adoptó un sistema similar al que regía para los parlamentarios británicos de la “Cámara de los Comunes”. 
En síntesis, la fuente constitucional sólo adoptaba la protección de “arresto” para los casos en los que los legisladores emitan sus opiniones o voten en el Congreso durante su mandato, así lo expone la Sexta Sección de Artículo Primero de la Constitución de EEUU: “En todos los casos, exceptuando los de traición, delito grave y perturbación del orden público, gozarán del privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, así como al ir a ellas o regresar de las mismas, y no podrán ser objeto en ningún otro sitio de inquisición alguna con motivo de cualquier discusión o debate en una de las Cámaras.” (el subrayado me pertenece). 
Sin embargo nuestra Constitución Nacional no siguió el exacto ejemplo del país del norte. En su artículo 68, adoptó un sistema de protección de la libertad de expresión amplio (es decir, no solo, limitado a los dichos en el Congreso, sino a todo ámbito). 
Mientras en el art. 69, los constituyentes fijaron la “inmunidad de arresto”, sin mayores precisiones (como en el caso estadounidense) y que rige desde el día de la elección, salvo que el delito se cometiere “en flagrancia”. 
Entonces, para lograr el llamado “desafuero”, es decir, permitir el arresto de un legislador, este debe ser pedido por un Tribunal, y votado favorablemente por dos tercios de los votos de la Cámara pertinente, siendo suspendido al mismo tiempo. 
En nuestra provincia de Entre Ríos, la Constitución local en sus artículos 113, 114 y 115, no se aparta del texto nacional. 
Agrego que recientemente, la Justicia Electoral Federal sentenció que los diputados del Parlasur no gozaban de “inmunidad de arresto”, solo de opinión, porque lo contrario sería extender por ley un privilegio que la Constitución reservó en forma restrictiva para un grupo de personas que por su función debían tenerlo. 
No debemos olvidar entre los “aforados”, a aquellos funcionarios que están sometidos a juicio político (Presidente, jueces, etc). 
En distintos países del mundo existen distintos regímenes de “fueros”, destacándose Colombia, que eliminó estos privilegios en 1991, el debate actual que existe en Paraguay o en la misma España (donde hoy hay casi 10.000 personas con fueros). 
Ahora bien, en nuestro país la ley 25320 “reglamentó” de alguna manera el artículo 69 de la C.N., disponiendo que hasta tanto no sea necesario privar de la libertad a una persona, la investigación, con procesamiento incluido, podía seguir adelante sin necesidad de desafuero. Esta ley es para el Congreso nacional, es decir no es de aplicación para las Legislaturas provinciales, ya que ello sería avasallar el principio federal como forma de gobierno.- 
En nuestra provincia, el Código Procesal Penal vigente en sus arts. 18 y 19 regula el procedimiento en caso de que exista “privilegio constitucional”, y dispone que para el caso de arresto, deberá pedirse el desafuero.-
La cuestión, al entender del suscripto, radica en interpretar las normas constitucionales y compatibilizarlas con las de los tratados internacionales y la primera Parte de la Constitución. 
El actual sistema conduce a consagrar, en algunos casos, la impunidad de los legisladores en las Cámaras, salvo que las mayorías (agravadas, de dos tercios), voten por el desafuero, lo que es muy improbable por el precedente que sientan. 
La ley, la constitución provincial y la misma nacional, son pasibles de ser declaradas inconstitucionales si una interpretación histórica y también dinámica de los instrumentos que hacen a la legislación suprema de la Nación. 
La ratificación por la ley 26 .097 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, invita a que la legislación que exista en cada país firmante se modifique o interprete de acuerdo a la misma. 
La inmunidad o indemnidad que los constituyentes de 1853 quisieron proteger, tomando a Alberdi o a la Constitución de EEUU como fuentes, fue la de opinión o de “tribuna”.- 
Hoy, dinámicamente, la ciudadanía argentina sacudida por un permanente escenario de delitos contra la administración pública, exige que todos seamos iguales ante la ley por delitos cometidos fuera de la función legislativa. 
No hay impedimento para que un Juez en uso de sus atribuciones constitucionales declare la invalidez de una norma que impida el juzgamiento de un legislador por hechos ocurridos con anterioridad a la elección en el cargo. 
El maestro Germán Bidart Campos decía que “si al tiempo de la elección de un legislador ya está en curso un proceso penal por un presunto delito cometido antes, la Cámara no debía incorporarlo, porque como juez de su elección, habría que estimar que no reúne los requisitos de idoneidad del art. 16”. Lamentablemente, un espejismo en la realidad. 
Esto no es restringir la libertad del accionar legislativo; sino impedir la transformación en un “refugio” del lugar institucional que nos representa a todos.

Nelson J. Schlotahuer Abogado



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