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  • 12º

ACTUALIDAD

5 de agosto de 2021

Rechazaron, por segunda vez, el abreviado de Allende

El juez Elvio Osir Garzón rechazó hoy el acuerdo de juicio abreviado que promovió el Ministerio Público Fiscal y la defensa del exdiputado provincial y actual secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPNC), José Ángel Allende, que así deberá enfrentar la continuidad de los cuatro juicios que pretendía cerrar con el pago de una multa de $3 millones, una pena condicional de 2 años y 8 meses de prisión y el decomiso de dos propiedades.

Garzón se centró en el cambio de calificación del delito por el que se le abrió una causa en 2018 tras la denuncia de la ministra de Salud, Sonia Velázquez, por coacciones, amenazas y violencia de género. El fiscal Leandro Dato caratuló el caso en el abreviado como amenazas simples, cambio que el magistrado calificó como una «aberración jurídica», y dijo que correspondía al delito de coacciones agravadas. Y que ese delito tiene una pena de 5 años de prisión de ejecución efectiva, mucho más alta que la acordada entre las partes en el abreviado que, de ese modo, y tras el segundo rechazo, queda desestimado.

 

El juez Garzón reprochó por «errónea» la calificación como amenazas simples que efectuó el fiscal Leandro Dato a la causa que la ministra de Salud, Sonia Velázquez, le inició a Allende por actos de violencia de género e intimidación de la que fue víctima desde el inicio de la gestión. «Más allá del expreso reconocimiento de Allende, del material probatorio colectado plasmado en el juicio abreviado y presentado por el fiscal Leandro Dato, queda acreditada de manera irrefutable que este hecho se enmarca en el delito de coacciones agravadas», señaló el juez.

Garzón revisó cada uno de los pasos dados en esa causa por el Ministerio Público Fiscal, releyó los testimonios de los testigos, detalló los pasos que dio el fiscal Dato y tomó en cuenta «el contundente informe» favorable a la víctima producido por la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, que firmó la actual Defensora del Pueblo de Paraná, la abogada Marcia López.

«Allende intentó quebrar la voluntad de Velázquez mediante actos de hostigamiento», dijo Garzón y se alarmó por la ausencia de perspectiva de género en el tratamiento del caso. «Las normas nos exigen resolver con perspectiva de género», planteó. «Luce patente que tal como está descripta la conducta de Allende,  nos encontramos frente al delito de coacciones y no de amenazas simples, ya que claramente se imputa amenazas para obligar a otro a hacer algo en contra de su voluntad», planteó el magistrado.

Recordó al respecto que el exlegislador provincial, «en un contexto de género, accionó contra la ministra de Salud  de la Provincia con el propósito de lograr la remoción de la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante, y el mantenimiento de la coordinadora de Salud de Nogoyá». La frase de Allende fue: «Si tocas a la coordinadora de Nogoyá, te prendo fuego Nogoyá».

José Ángel Allende acumuló cuatro investigaciones penales en la Justicia. El fiscal Leandro Dato tramitó la denuncia por amenazas en contexto de violencia de género por parte de la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el fiscal Álvaro Piérola, la denuncia por amenazas que le hizo a Allende el periodista Martín Carboni; y la fiscal Laura Cattáneo llevó adelante las investigaciones penales por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, que involucró a Allende, su pareja Adriana Sattler, su exDiana María Cristina Traverso, y sus hijos, Julio, Victoria y Carolina Allende.

Un primer intento por cerrar los compromisos judiciales de Allende con un juicio abreviado había derivado en un fiasco. El 22 de octubre de 2020 un tribunal conformado por los jueces José María Chemes, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa declaró inadmisible el acuerdo de juicio abreviado para el exdiputado  acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública, amenazas y coacciones.

La resolución fue apelada por la Procuración, que acudió ante la Cámara de Casación Penal.  El 30 de diciembre último ese tribunal de alzada declaró la nulidad de la audiencia de juicio abreviado  y habilitó una nueva instancia, que empezó el jueves 29 de julio ante el juez de juicio Elvio Osir Garzón.

El acuerdo entre Fiscalía y defensa establecía que Allende reconoce su responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputaron, y con las características que les fueron reprochados, y acepta la pena impuesta: 2 años y 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de $3 millones, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. También, el decomiso de dos propiedades, una en calle Laprida al 100, que sería destinada a la Unidad Fiscal de Violencia de Género; y el palacete de calle Alberti, en la zona del Parque Urquiza, que iría para el Consejo de la Magistratura.

Los cuatro hechos que le imputan

En el primer caso, la imputación fiscal dice: «Durante su desempeño como funcionario público del Estado provincial -Diputado Provincial-, desde el 10 de diciembre de 1999 hasta diciembre de 2016, José Ángel Allende, incrementó desproporcionadamente su patrimonio, utilizando para ello la intervención, como interpósitas personas, de Adriana Guadalupe Satler, Diana María Cristina Traverso, Julio Alejandro Allende, Victoria Allende y Carolina Allende y de la Persona Jurídica UPCN. Ello ocurrió a partir de la adquisición de bienes Inmuebles, Embarcaciones, Automotores, Inversiones en Plazo fijo y participación en sociedades, por montos que no se justificaron en el ahorro disponible para inversión en un total de pesos cuatro millones novecientos ochenta y tres mil ciento cuarenta y seis pesos con catorce centavos ($4.983.146,14), lo que dólarizado equivale a la suma de dólares estadounidenses un millón sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta y uno con diecinueve centavos (U$S 1.069.841,19).»

En el segundo, dice la imputación: «Durante su mandato de diputado de la Provincia de Entre Ríos, José Ángel Allende se interesó en forma directa, interviniendo en los respectivos trámites administrativos, en el otorgamiento de subsidios no reintegrables por parte del órgano legislativo que integró (la Cámara de Diputados), en favor de la Fundación Esperanza, entidad que conformó como Presidente y Secretario desde el 16 de noviembre del 2004 y que también fue dirigida por los coimputados Adriana Satler (su pareja), en su carácter de Presidente y Victoria Allende (su hija), en su carácter de tesorera desde el 20 de octubre del 2007. Así, obtuvo que dicha fundación recibiera tales ayudas económicas por la suma total de pesos un millón trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos diecisiete con noventa y ocho ($1.358.617,98), desde el 21/01/2008 al 5/12/2011».

«Ambos hechos delictivos, cuya intervención se le enrostra en carácter de autor (art. 45 CP) se encuentran suficientemente acreditados, con el grado necesario para arribar a una sentencia condenatoria, con los elementos de juicio que obran en el expediente de referencia, la documental reservada y el informe técnico pericial contable confeccionado por el Cdor. Héctor Enrique, integrante del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal al que las partes acordamos otorgarle valor probatorio en el presente acuerdo y que resultan ser los los siguientes», dice el acuerdo.

La tercera causa, «Allende José Ángel s/Amenazas Coactivas» tiene la siguiente imputación: «El día 30 de mayo de 2017 entre las 8 y 10 horas en el programa emitido por Radio La Voz a cargo del Sr. Rubén Almará, el Sr. José Ángel Allende haciendo referencia al periodista local Martín Adrián Carboni, manifestó en un primer momento ´que se dejen de joder´ para luego afirmar durante la misma nota ´vos viste que a Yabrán no lo matan, porque Yabrán no se suicida porque él lo mató a Cabezas. Yabrán se suicida porque los alcahuetes de Yabrán, queriendo quedar bien, lo apretaron a Cabezas y se les fue la mano y lo mataron. Acá no sea que le pase al gobernador que algunos alcahuetes que tiene alrededor tomen ese tipo de actitud y lo terminen perjudicando´, intimidando así públicamente a Carboni para que cese con sus investigaciones periodísticas vinculadas a contrataciones en Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos».

En su denuncia en la Justicia, Carboni mencionó que Allende «lo había llamado con anterioridad al hecho, unos 20 o 30 días antes, indicándole ´me estas pegando al pedo´, solicitándole que deje de hacerlo y refiriéndole que ´si queres vení y te lo explico´, expresiones que incomodaron al denunciante atento que fueron posteriores a la denuncia y de forma directa. Pero más aún se vio afectada la libertad de determinación del denunciante en vida personal y su labor profesional cuando el imputado Allende vinculó de manera amenazante el trabajo periodístico del Sr. Carboni con el caso ´Cabezas´ de gran trascendencia y gravedad institucional atento que se trató nada menos que del ataque a un periodista por el hecho profesional de tomar una foto en un ámbito público a una persona al momento acusada de ser partícipe en la comisión de delitos de corrupción».

Y la cuarta causa que forma parte del abreviado «Allende José Ángel s/Amenazas» se refiere a las intimidaciones en un contexto de violencia de género de las cuales fuera víctima la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

Dice la imputación: “En un contexto de acciones intimidatorias, denigrantes y coactivas dirigidas a Sonia Mabel Velázquez desde el inicio de la gestión como Ministra de Salud de la Provincia de Entre Ríos, en fecha 05/04/2018 aproximadamente a las 20:00 hs., mientras se desarrollaba una reunión en el despacho ministerial -oficina 65, primer piso de Casa de Gobierno-, estando presente junto a la delegada de UPCN Karina Domínguez le manifestó: ´Lo de Diamante no da para más, quiero que eches a la Directora´, ´Te ordeno que eches a la Directora´, mientras la Ministra le respondía que no, que no tenía motivos, y que nadie se lo iba a exigir, Allende le vuelve a decir ´te lo ordeno´ a raíz de ello, enfurecido le comienza a decir cosas tales como ´vos sabés quién soy´, «no me atendés el teléfono´, ´yo fui el Presidente de la Cámara de Diputados´, criticaba la gestión en el Ministerio, reprochaba nombramientos, criticaba funcionarios de la gestión, que no trabajaban, también al tratarse la situación de la Coordinadora de Salud del Departamento Nogoyá, Allende manifestó en tono intimidatorio ´si la llegas a tocar, te prendemos fuego en Nogoyá´, continuando con las agresiones verbales, todo ello en presencia de Karina Domínguez . Como la conversación había derivado en agresiones verbales y amenazas, Velázquez se levantó y los invitó a retirarse del despacho, manifestándoles que en esos términos no podían seguir conversando, y se retiraron del despacho, produciendo la situación vivida temor e intranquilidad en Velázquez, sensación que fuera transmitida minutos y horas posteriores a sus colaboradores directos. Que las situaciones de hostigamiento y denigraciones en público y privado dirigidas a Sonia Mabel Velázquez continuaron hasta el día 24/10/2018, en el que en un acto público político le profirió delante de las ministras Rosario Romero y Laura Stratta expresiones tales como ´no mires para otro lado´, ´che saludame´ insistiéndole, ´te estoy hablando´, y a continuación la inquirió manifestándole ´cuándo nos vamos a sentar a arreglar vos y yo´, en dos oportunidades, y al responderle que no tenía nada que arreglar con él, Allende le expresó ´por qué no te vas un poco a la mierda´, momento en el cual intercede la ministra Rosario Romero y se aleja, hechos que determinaron a Sonia Mabel Velázquez a realizar denuncia penal en fecha 26/10/2018».

El hecho quedó calificado como amenazas en un contexto de violencia de género.

Qué sigue

Tanto la Fiscalía como la defensa de Allende están habilitados para recurrir lo resuelto por Garzón.

La resolución de hoy del magistrado implica la continuidad, por cuerda separada, de cada una de las investigaciones penales, que fueron devueltas a sus respectivas fiscalías y destruido el proyecto de abreviado.

La causa por enriquecimiento tramita bajo el sistema anterior y se encuentra en plena instrucción. La denuncia del periodista Martín Carboni ya fue elevado a juicio oral; y el caso
de la ministra de Salud tramita por el Código nuevo y no está elevado a juicio.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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