La Comisión de Empleo, Régimen y Seguridad Social de la Cámara de Diputados se reunió este jueves para dar tratamiento a un proyecto presentado por la diputada Gracia Jaroslavsky (Juntos por el Cambio) que impulsa beneficios para las personas cesanteadas o exoneradas de cargos o empleos públicos que hayan ejercido su función en cualquiera de los Poderes del Estado provincial, Entes Autárquicos o empresas del Estado, en el periodo comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, por causas políticas o gremiales.

En concreto, la iniciativa de la legisladora plantea el pago de un «resarcimiento económico» que será «equivalente a 20 sueldos mínimos del escalafón provincial, y se efectivizará por una única vez a valores vigentes al momento del pago, sin intereses».

Para elaborar el listado de eventuales beneficiarios, la norma establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia, «a
través del organismo que establezca la reglamentación, deberá abrir un registro para actualizar, reunir, procesar, evaluar y sistematizar a la fecha el padrón de las personas que soliciten el beneficio de la presente ley».

Durante el encuentro, la Comisión de Empleo, Régimen y Seguridad Social, presidida por el diputado Juan Manuel Huss (bloque Frente Justicialista Creer Entre Ríos) trabajó sobre la iniciativa, presentada por la diputada Jaroslavsky, y acordó continuar con las reuniones que permitan confeccionar un texto que surja desde el consenso de las distintas partes involucradas

Los integrantes de esta comisión son hombres y mujeres comprometidos con la democracia, con la verdad, la memoria y la justicia”, dijo el diputado Huss.

“El objetivo es avanzar sobre un cronograma de trabajo que nos permita resolver de la mejor manera y confeccionar un texto que sea aplicable de manera efectiva”.

Según se aclara en el proyecto, “quedan excluidas de los alcances de esta ley las personas que hayan ejercido cargos de responsabilidad política en la última dictadura militar, conforme lo establece el artículo 6 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos”.

La diputada Gracia Jaroslavsky fundamentó la iniciativa y aclaró que “se trata de dar cumplimiento a una asignatura pendiente y reconocer lo que todas estas personas han sufrido”.

“La ley pretende que el Estado cree un registro en el que puedan anotarse todas y todos aquellos que perdieron su empleo entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, por causas políticas o gremiales”, explicó la autora.

Para el abordaje del proyecto fueron invitadas a la reunión Cristela Godoy, Silvia Alfaro Mariñas y María del Pilar Blanca, integrantes de la comisión de Cesanteados Estatales de la Dictadura Cívico Militar de 1976.

María del Pilar Blanca se refirió a la importancia de que el proyecto prospere y agradeció el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados y en ese mismo sentido se expresó Godoy.

“Volvemos a tener esperanza”, dijo Alfaro Mariñas y habló de una “reivindicación moral y económica merecida”.

“Necesitamos construir un consenso importante”, aseguró el diputado Néstor Loggio (Bloque Frente Justicialista Frente Creer Entre Ríos) y acompañó la decisión de convocar a distintos actores con la finalidad de avanzar en un proyecto superador. Por su parte, el diputado Manuel Troncoso (bloque PRO) aseguró que “siempre es importante avanzar en materia de derechos”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora