Según el Observatorio “VOCES ENCENDIDAS NOS TENEMOS!”, de Abofem Argentina, primera asociación de abogadas feministas del país, en enero hubo un total de 33 casos de asesinato por violencia de género, lo que significa que hubo un femicidio, transfemicidio o travesticidio cada 23 horas.

Entre las víctimas, el 9% había denunciado sufrir violencia por motivos de género y casi en el 70% de los casos el vínculo del agresor era de pareja o ex pareja. Más del 45% de los casos fueron en la Provincia de Buenos Aires.

No es tenido en cuenta en esta estadística el asesinato de Úrsula Bahillo porque ocurrió en febrero, pero ella también había denunciado sufrir violencia de género antes de ser asesinada por Matías Martínez, policía de la bonaerense.

El acusado del crimen, además, ya contaba con 18 denuncias por violencia de género y tenía fecha de juicio por “lesiones leves calificadas y amenazas calificadas” a una ex pareja, cargos por los que finalmente recibió una condena de 4 años en prisión. A pesar de eso y de recibir más denuncias en el medio, siguió en libertad y acabó con la vida de Úrsula.

Desde Abofem Argentina se exige que “se declare la emergencia nacional y se priorice la asignación de recursos para la atención integral de mujeres e integrantes del colectivo LGTBIQ+ que sufren violencia con motivos de género”.

A raíz de la conmoción nacional por el caso de la joven de Rojas, Provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández recibió a los padres de la víctima y convocó a los gobernadores de todo el país a “trabajar mancomunadamente, a poner todos nuestros esfuerzos para llevar adelante las medidas y las transformaciones que son necesarias y a construir así, una Argentina unida contra las violencias de género".

“Desde el Estado nacional proponemos la creación del Consejo Federal para la prevención y abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, para coordinar y articular con los distintos organismos involucrados de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un abordaje integral, eficaz y articulado en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivos de género”.

Además del caso de Úrsula, esta última semana también fue asesinada Mirna Elizabeth Palma en Formosa por un policía retirado que se suicidó luego de cometer el crimen. El femicida era la ex pareja. En Santiago del Estero fueron asesinadas Silvia Rojas y Silvana Natalia, ex pareja y ex cuñada del femicida Rino Garnica. Silvia también se había presentado en una dependencia policial para denunciar problemas con Garnica.

En el informe de implementación de la Ley 27.499 Ley Micaela, emitido el 10 de enero de 2021 por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se especifica que hasta entonces “no se han podido concretar instancias de capacitación a las altas autoridades del Poder Judicial” y aclara que desde el Ministerio “se han promovido por distintas vías y en reiteradas oportunidades la coordinación de acciones que den lugar y garanticen la capacitación de género a las máximas autoridades del Poder Judicial. Entre esas acciones se ha enviado una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La Ley Micaela es fruto de la movilización social a partir del femicidio de Micaela García, violada y asesinada en 2017, por una persona que habiendo sido condenada por el abuso sexual de dos mujeres, se encontraba en goce de su libertad condicional por decisión del Poder Judicial” Dos de sus principales objetivos son “reflexionar sobre la necesidad de promover modos de organización institucional y políticas públicas con perspectiva de género” y “concientizar sobre los tipos y modalidades de violencias por motivos de género”.

Ya en septiembre del 2020, la Corte Suprema respondía a las críticas del presidente por no corresponder a las capacitaciones estipuladas por la Ley Micaela diciendo que se había creado la Oficina de la Mujer en el ámbito de la corte y que era “modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, la Oficina de Violencia Doméstica que funciona desde el año 2008".

Sin embargo, a más de un año de la promulgación de la ley y de la implementación de los programas de formación en perspectiva de género, es otra vez a manos del Poder Judicial que una persona que goza de libertad y, como agravante, miembro de una fuerza armada es responsable del femicidio de otra mujer.

Por su parte, hubo un 46% de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo que recibieron la capacitación propuesta por la Ley Micaela y un 51% en el Poder Legislativo.