En el encuentro con los representantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la Secretaría de Trabajo, el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola, hizo saber que se prorrogó el pago del monto fijo a cuenta de la recomposición salarial que se liquidará en el mes de febrero. Se trata de una inversión de $650 millones que, señaló, también beneficiará a jubilados.

Los agentes que perciben hasta $35.000 continuarán cobrando otros $4.000 en concepto de suma; mientras que aquellos cuyo sueldo es hasta $55.000 cobrarán otros $3.500, y aquellos que cobran hasta $120.000 seguirán sumando $3.000 en enero. Son 83.000 los trabajadores públicos que continuarán este mes cobrando la suma fija. Los jubilados también la seguirán percibiendo de acuerdo al porcentaje de movilidad que corresponda, anunció el Gobierno.

Para ocupar los cargos vacantes de la planta permanente, el Poder Ejecutivo respondió positivamente el pedido de los gremios y se elaborará un instructivo para comenzar el proceso en los próximos 45 días.

En cuanto a la implementación del Régimen Jurídico Básico, se anunció que se iniciará desde la semana próxima un trabajo conjunto con la Secretaría de Modernización «para fortalecer las capacidades estatales, mediante proyectos abocados a la profesionalización y jerarquización del empleo público».

Además se ratificó que el mínimo de los contratos de obra es de $27.000 desde enero y se duplicó el monto de los viáticos, es decir los gastos de movilidad de los agentes que deban trasladarse dentro o fuera de la provincia por motivos inherentes a sus funciones.

Por último, se propuso continuar con las paritarias sectoriales, fundamentalmente en salud, y planes de viviendas para los agentes de la administración pública en diferentes puntos de la provincia. Y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 4 de febrero.

La oferta está lejos de la pretensión de los gremios.

En la reunión, ATE, representado por Oscar Muntes, secretario general, y Horacio Rizzi, adjunto, presentó sus propias demandas.

• Salarios: ATE pretende recuperar la pérdida por inflación de 2020, cuando no hubo negociación paritaria, y que fue del 36,1%, y además una fórmula de actualización trimestral de acuerdo al índice de inflación del Indec. Además, que los adicionales percibidos por la pandemia para los trabajadores más expuestos “se integren definitivamente al salario y desde el mismo la actualización salarial correspondiente, no condicionando los mismos a presentimos”. También, la actualización “automática” del salario familiar con respecto a lo decretado por el Gobierno Nacional.
• Pase a planta, corrimientos a contratos de servicios. ATE pide poner en marcha un nuevo proceso que permitiría el paso a planta permanente de los trabajadores con más antigüedad. Esa medida, dice, “generaría vacantes en cupos de contratos de servicios para continuar con el pase de compañeros que revistan como contratos de obra a contratos de servicios, proceso que se inició en el año 2018 y significó una mejora en la condición laboral de unos 400 trabajadores. Hasta el momento es la única forma de regularizar la situación de precariedad de estos trabajadores (contratos de servicios, de obra, suplentes, y demás figuras)”.
• Adicional por Covid: el gremio pide que se incorporen a ese beneficio a los trabajadores del escalafón general que prestan servicios en los establecimientos educativos. También pide el gremio a “abordar y resolver la situación de revista del personal del Escalafón General que prestan servicios por años en calidad de suplentes a término fijo en el CGE, en relación a los cargos vacantes que se producen”.
• Contratos de obras: reclama actualización automática de los contratos y de montos, “según acuerdo paritario o de otras índoles, como ha sucedido en el último aumento decretado para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esto debería ser sin facultades de los funcionarios intermedios de disponer la no renovación por su cuenta”.
• Recategorizaciones: ATE pide que se defina un nuevo instructivo de recategorizaciones.
• Régimen Jurídico Básico: el gremio reclama “continuar con el trabajo que comenzó tratando el régimen de licencias y continuar con los otros puntos para poder tener regulada la carrera definitivamente”.
• Suplencias en Salud: en este punto reclamó que se dispongan reemplazos del personal con estabilidad que se enferma o falta por otro motivo encuadrado en la legislación vigente, y que el pago de los trabajadores suplentes no esté supeditado a la aprobación de la licencia.
• Trabajadores pagos por cooperadoras y/o administración: ATE pide terminar “definitivamente con estas formas de precarizar y regularizar las/os trabajadoras/es que están bajos estas figuras u otras figuras similares”.
• Iosper: el gremio exige a la obra social provincial que “los acuerdos paritarios se deben respetar y no permitir ninguna modificación que perjudique a las/os trabajadoras/es”

Escenario

El salario de un empleado del Estado en Entre Ríos apenas cubre la mitad del costo de la canasta básica que mide la línea de pobreza, y que según los números oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se ubicó a finales del año 2020 en $54.208.

Actualmente, un trabajador del Estado en la Provincia tiene un salario de $27.800, y a eso hay que sumarle el bono de los $4.000 que otorgó a finales de año la administración del gobernador Gustavo Bordet.

Sucede que durante 2020 no hubo discusión paritaria. Cruzado por la pandemia de coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) la negociación salarial apenas asomó en 2020 el 5 de marzo de ese año, con la primera convocatoria a los docentes, que luego se vio frustrada por la emergencia sanitaria.

Así, en materia salarial, el Gobierno provincial decidió cerrar la discusión con los sindicatos del Estado, y aplicar una política de sumas fija que abonó con los salarios del último trimestre del año 2020. La oferta del Gobierno fue pagar una suma fija no remunerativa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de $4.000 para los agentes que perciban hasta $35.000; $3.500 para los que perciben de $35.000 a $55.000; y $3.000 para los que perciben más de $55.000 a $120.000.

Enfrente, los números de la inflación y del costo de los alimentos a lo largo de 2020 se dispararon. El Indec evaluó que la canasta básica alimentaria aumentó un 45,5% en 2020, una variación que se ubica casi diez puntos porcentuales por encima de la inflación promedio (36,1%) que estimó el organismo.

Una familia de cuatro integrantes, con dos adultos y dos menores, necesitó $22.681 para comprar los productos básicos de la canasta alimentaria (que marca la línea desde la cual esa familia es indigente), que está compuesta por 30 productos básicos, entre los que están la manteca, harinas, papas, café, cerveza y carne, cuyo valor se utiliza para definir la línea de indigencia.

Mientras, la canasta básica total, que contempla un conjunto de bienes y servicios cuyo valor se utiliza para definir la línea de pobreza, subió 4,7% en diciembre y acumuló un alza del 39,1% en 2020. Una familia de cuatro personas necesitó en diciembre $54.208 para adquirir la canasta, que incluye, además de alimentos, transporte, vestimenta, educación, entre otros conceptos.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora