A través de la resolución N° 255 del 17 de diciembre, el interventor en el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), José Carlos Halle, autorizó la revisión quinquenal del cuadro tarifario de las distribuidoras, que tendrá vigencia para el período comprendido entre el 1° de julio de 2021 y el 30 de junio de 2026.

“Las distribuidoras deberán explicar claramente su propuesta y fundar debidamente cada una de sus partes. Deberá aportar todos los antecedentes, documentos y memorias de cálculo que justifiquen la aplicación de un criterio y/o concepto, valores y resultados, citando claramente las fuentes de información, y nombrando y describiendo los casos concretos y reales en los que se hayan aplicado las metodologías de cálculo propuestas y los valores de referencia invocados. No se aceptarán supuestos que no se encuentren sustentados en aplicación prácticas comprobables, y en estudios y desarrollos teóricos publicados”, dice la resolución del Ente Regulador.

E indica que la propuesta “tendrá un desarrollo comprensible, en un texto principal que no exceda las 100 páginas, al que se agregará la cantidad de anexos que se considere necesaria para una completa exposición, comprensión y justificación de todo lo presentado”.

Esa revisión está contemplada en la Ley de Marco Regulatorio N° 8.916. La última revisión quinquenal ocurrió en 2016.

Entonces, el EPRE autorizó, a través de la extensísima resolución Nº 168 –contiene 100 páginas–, un incremento tarifario para 2017 del 32%, en tres fases: un 23 % en la tarifa media más un 9% como consecuencia de la actualización trimestral por mayores costos prevista en el contrato de concesión.
Un 15% en enero; un 8%, en marzo; y un 9% en mayo.

Ese año, el pedido había sido formulado por la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa) en la audiencia pública de revisión quinquenal del cuadro tarifario que se desarrolló el 31 de agosto de 2016 en Villaguay. Entonces, hizo la petición de que la tarifa aumentara un 23%, más el 9% por actualización trimestral.

La Dirección Jurídica y la Dirección de Análisis Normativos y Estudios Especiales del EPRE produjeron un informe en el que tomaron nota de la advertencia hecha en la audiencia pública por quien ejerció el rol de defensor del usuario, Alejandro Canavesio, quien señaló que “si el EPRE aplica los índices de adecuación pendientes –conforme normativa regulatoria—ello incidiría directamente en el precio final, y ya no estaríamos hablando de un 23% de aumento sino de un porcentaje mayor, lo cual es cierto”.

En virtud de eso, desde el área técnica y legal del EPRE sugirieron al interventor José Carlos Halle, y en función de que “no son ajenos a la realidad social imperante en el país”, que ese aumento sea en etapas, y a partir de 2017. Señalan al respecto un “contexto social difícil, donde la situación económica tanto de usuarios del servicio eléctrico como de quienes deben garantizar el mismo es compleja”, en ese escenario, entonces, “consideran que el EPRE tiene la difícil tarea de velar para que el usuario consumidor del servicio público eléctrico pague el menor costo posible –tarifas justas y razonables—garantizando un servicio público eléctrico que sea transparente, adecuado, regular, constante y continuo. Esta es la ecuación que celosamente se debe mantener equilibrada, tanto para que los usuarios sientan de la menor manera posible las readecuaciones tarifarias, y las distribuidoras presten el servicio sin riesgos para sus empresas , siempre teniendo presente que se está ante la presencia de un servicio público que debe aspirar a que todo ser humano tenga una vida digna”.

Al margen de criterios técnicos, los gerentes del Ente Regulador “coinciden –dice la resolución fechada el 31 de octubre—en estos planteos, que no puede darse un nuevo aumento durante el año 2016, dado que la situación económica es apremiante y se debe contribuir con la sociedad desde la función pública. Pero tampoco se puede desconocer los problemas económicos que las distribuidoras vienen padeciendo”.

“Que en esta creencia, se sugiere desde la Dirección Jurídica y la Dirección de Análisis Normativos y Estudios Especiales el siguiente esquema de aplicación” del aumento tarifario, a saber: 15% en enero de 2017, más 8% en marzo de 2017, más 9% en mayo de 2017. “Es decir, diferir la aplicación plena a mayo 2017 para que su impacto final del 32% se produzca recién en el segundo semestre de 2017”.

“Que de esta forma, ambas pretensiones son satisfechas; por un lado, la de los usuarios, a quienes no se le aumentará la tarifa en lo que queda del año 2016, recién se hará en el año 2017 y en forma gradual y progresiva, y en la medida en que los trabajadores vayan recomponiendo sus salarios, garantizando de este modo que cada uno pueda hacer la previsión de consumo necesario, para lo cual deberán las distribuidoras dar la debida publicidad con la antelación debida. Por otro lado, atender la pretensión de las distribuidoras, a quienes se les reconocerá el impacto de la situación económica general, a fin de que puedan afrontar el período estival más complicado, ya que una tarifa es razonable cuando lo es para quien presta el servicio como para quien lo recibe”.

El 19 de julio último, Enersa había presentado un estudio de recomposición tarifaria para el quinquenio 2016-2021, y como resultado de las proyecciones propias, la distribuidora obtuvo para el quinquenio una tasas de crecimiento de la demanda de energía del 4,5%, y del 2,84% en la cantidad de usuarios, “observándose en el largo plazo una desaceleración tanto en las ventas como en la cantidad de usuarios producto de una tasa de crecimiento más moderada del PBI como una eliminación progresiva de los subsidios al consumo energía eléctrica”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.