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POLITICA

27 de diciembre de 2020

Martín Furman, el juez patoteado por los Etchevehere

Un juez de la Provincia admitió este sábado que no pudo hacer cumplir una orden firmada en el marco del conflicto que rodea a la familia Ethevehere. Más aún dijo que, en medio de la discusión sobre la entrega de una propiedad sobre calle Los Vascos a Dolores Etchevehere, fue agredido verbalmente por una de las partes.

Se trata de Martín Luis Furman, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7, que tramita la causa por la sucesión familiar tras la muerte del pater familias, Luis Félix Etchevehere, ocurrida en 2009. Enemistada con sus hermanos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego y su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, Dolores Etchevehere puso en cuestión el trámite sucesorio y los denunció por estafa, vaciamiento y evasión fiscal, causa que tramita el juez de Transición Carlos Hugo Ríos.

Luego del incidente de la ocupación de la estancia Casa Nueva, en el acceso a Santa Elena, con auxilio del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que dirige Juan Grabois, Dolores Etchevehere acudió ante el juez Furman con un dictamen de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y pidió que se le asigne una vivienda del patrimonio en sucesión y además que se le otorgue un sueldo pagado por alguna de las sociedades familiares.

El miércoles 23 de diciembre, el juez Furman resolvió entregar «con carácter cautelar a Dolores Etchevehere para vivienda de ella y de sus hijos, el inmueble ubicado en calle Los Vascos N° 839 de la ciudad de Paraná (…) hasta tanto se dicte sentencia en el juicio principal que iniciará». También dispuso: «Cuando la peticionaria se encuentre en posesión de la vivienda, líbrese oficio a la Jefatura Departamental de Policía, a fin de que por intermedio de la comisaría que por jurisdicción corresponda (o de cualquier otra dependencia policial que el Sr. Jefe designe), se le brinde custodia permanente en la puerta del domicilio. La actora deberá informar al Juzgado si habitará el inmueble de manera permanente. De no ser así, indicará días y/u horarios, a fin de informar ello a la autoridad policial»

Esa medida, la ocupación del inmueble de calle Los Vascos, ocurrió este sábado 26. Pero la mudanza de Dolores Etchevehere no pudo concretarse, por varias razones. La principal, la actitud beligerante del resto de la familia Etchevehere, lo que motivó a la decisión del juez Furman de dar intervención al Ministerio Público Fiscal por incumplimiento de un mandamiento judicial.

Todo empezó mal y terminó peor. Cuando llegó Dolores acompañada de efectivos de la Comisaría 17a. cayeron en la cuenta de que todas las viviendas de ese sector de la ciudad, la bajada Los Vascos, están ocupadas por distintos integrantes de la familia, y tienen conexión entre sí, sin un límite que separe a unas de otras. El jefe de la Comisaría informó a la secretaria del juez Furman que Dolores Ethevehere «corría riesgo»

Fue así que el juez ordenó esa resolución enojosa: dejó sin efecto la entrega de la vivienda para resguardar a la denunciante. «Seguidamente, el abogado de Dolores se contactó con la secretaria y le hizo saber que ella no quería retirarse de la vivienda y solicitó que me constituyese personalmente en el lugar. Así lo hice, aproximadamente a la hora 15. También se hizo presente la señora secretaria», Noelia Telagorri, describió el magistrado en una disposición posterior.

«Ya en el lugar constaté que, efectivamente, no existe ninguna limitación para circular entre los distintos inmuebles linderos a través de un patio común a todos ellos y que existe una pileta en uso por los denunciados y sus respectivos grupos familiares. Asimismo, que la casa de la que Dolores tomó posesión no cuenta con electricidad y se encuentra en regular estado de conservación», añadió Furman.  «También corroboramos que los coherederos y sus grupos familiares asumieron una actitud de exaltación y verborragia, tanto hacia Dolores, como hacia mí, la policía, los letrados de la señora Etchevehere escalando en las manifestaciones violentas a medida que transcurría el acto», detalló

En medio de ese clima hostil hubo una reunión de la que participaron el juez Furman, los abogados de Dolores Etchevehere, Lisandro Mobilia, Patricio Cozzi y Daniela Verón; y los representantes del clan Etchevehere, Guillermo Brunner y Rubén Pagliotto, en la cual se barajaron alternativas. Una propuesta fue impulsada por la familia Etchevehere: pagar un alquiler a Dolores y que desista de ocupar una vivienda en calle Los Vascos. La idea no fue aceptada por Dolores, «quien alegó que vuelve a ser victimizada al contar con una medida judicial que se incumple por los violentos. Sus letrados propusieron hacer un cerco (de madera u otro material que permita una rápida construcción), a fin de separar las viviendas.  Durante esta reunión tomó la palabra el jefe de la Comisaría y expresó que no se cuenta con la cantidad de efectivos necesarios para evitar todo tipo de contacto entre Dolores y el resto de las personas que habitan las viviendas lindantes, durante las 24 horas», dice el texto que firmó Furman. 

Y agregó: «Que es mi deber, como ya lo expresé, resguardar la integridad (física, psíquica, emocional) de la mujer que ha denunciado situaciones de violencia por su género y la medida, tal como la dispuse el día 23/12/2020 no condice con dicha obligación, según las características del inmueble que he referido más arriba y el grado de conflictividad constatados hoy. Además, el estado del inmueble (en el que permanecí aproximadamente tres horas, con una temperatura que superó los 32 grados centígrados, sin electricidad) -tal como está- lo torna inadecuado para que una mujer y su hija adolescente lo habiten permanentemente». 

Según el juez, el cerramiento propuesto -para evitar contacto con el resto de la familia-, «a mi entender es insuficiente para garantizar que Dolores no vuelva a ser víctima de actos violentos y, en cuestiones de vulnerabilidad por género, la prevención debe ser primordial (antes que una eventual denuncia por incumplimiento de la orden judicial, que, de por sí, ya sería tardía)». Y señaló:  «Subrayo que no dejo sin efecto la orden de atribución de la vivienda por la violencia verbal que hoy he padecido, sino mirando pura y exclusivamente el principio rector en la materia: la protección de la mujer violentada. Todo lo anterior no son más que situaciones que trae aparejada mi función de juez; ahora estoy mirando y pensando en la víctima». 

En ese marco, el juez resolvió dejar sin efecto «la medida de atribución de la vivienda de calle Los Vascos N° 839», y ordenar a Juan Diego Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastían Etchevehere y Leonor Barbero Marcial que abonen, solidariamente, la suma de $45 mil a favor de Dolores Etchevehere, «a efectos de que ella pueda alquilar la vivienda que seleccione, dentro de esta ciudad y mientras dure la medida cautelar. Pagarán ese monto mensualmente. La primera vez dentro de los tres días de notificados de la presente».

Al final, dio intervención al Ministerio Público Fiscal «por el delito de desobediencia a la orden judicial» por parte de los tres hermanos y la madre e los Etchevehere.

Dolores Etchevehere había recusado al juez Furman para actuar en el trámite de la sucesión familiar, pero la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial rechazó el planteo.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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