Miércoles 2 de Diciembre de 2020

POLITICA

25 de febrero de 2020

Iosper: las «leyes especiales» producen ahogo financiero

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) viene batallando en este 2020 con una ecuación de hierro que lo pone permanentemente a la defensiva: los recursos son escasos y el costo de la cobertura médica aumentó al ritmo del dólar y de la inflación, y eso genera una situación enojosa.

Para 2020, el Presupuesto de la obra social provincial -que tiene un universo de 300 mil afiliados- es de $7.977 millones. Pero las cuentas suelen atravesar períodos de zozobra por aplicación de las denominadas «leyes especiales», que exigen coberturas amplias en determinadas prestaciones que se establecen por ley sin el necesario respaldo presupuestario.

«El mayor problema lo tenemos con las leyes especiales que estamos obligados a cumplir y sin que se establezca de donde salen los recursos», alerta Arnoldo Schmidt, gerente Administrativo de Iosper.

Entre esas «leyes especiales» la que se destaca es la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que prevé, entre otras prestaciones, «la obligación de los entes prestadores de cobertura social para personas con discapacidad de brindar el servicio de asistencia domiciliaria, a cargo de personal específicamente capacitado y certificado por autoridad competente, enderezado a apoyar al afiliado para “favorecer su vida autónoma, evitar su institucionalización o acortar los tiempos de internación”.

En enero de 2020, Iosper pagó $845.550.928 en prestaciones, de los cuales $38.068.445 fue para reintegros asistenciales -una modalidad de cobertura-, y otros $10.258.154 para cuidadores domiciliarios de 647 afiliados. «Los reintegros representan el 6% del total de prestaciones. Debemos garantizar la atención a los 300 mil afiliados. El reintegro es una presentación más», afirma el gerente de Administración de la obra social.

Pero el tema son las «leyes especiales», particularmente las prestaciones en discapacidad. Al respecto, desde Iosper muestran una planilla, y esa planilla da cuenta que un total de 14 afiliados aportaron durante 2019 un total de $568.681,40, pero que tuvieron prestaciones por un monto de $9.606.048,50.

«Nuestra pregunta es cómo se hace para pagar a todos si tenemos ese nivel de aportes y ese volumen pagos por prestaciones. Es complicado. Eso provoca que a veces tengamos que reprogramar pagos porque se producen problemas financieros. No se puede pagar a todos en el momento que se pretende», dice Schmidt. «Los recursos de la obra social tienen una sola fuente de financiamiento, el aporte personal y el aporte patronal -añade-. El empleado activo aporta el 3% de su sueldo, y el Estado, el 4,5%; y en el caso de los jubilados, un 3% aporta el afiliado, y el 2% el Estado».

Así, dice, cumplir con exigencias derivadas de las leyes especiales -discapacidad principalmente- produce ahogo financiero. Y da números para ejemplificar: en 2019, un total de 6.668 afiliados con certificados de discapacidad -que representan el 2% del padrón total- consumieron el 25% del presupuesto para prestaciones, $1.380 millones. «Las obras sociales sindicales pueden recuperar parte de lo que invierten en leyes especiales porque hay un fondo a nivel nacional. Pero las obras sociales provinciales, como Iosper, no tienen esa posibilidad», apunta.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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