8 de febrero de 2020
Iosper: el revés de los reclamos por cobertura
El presidente del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, puso en alerta respecto del riesgo de colapso que corre el sistema de cobertura de salud en la provincia debido a la judicialización y a la presión de los grandes laboratorios que presionan para poner en el mercado especialidades de alto costo que, en muchas ocasiones, están en etapa de experimentación.

Cañete advirtió que el sistema entró en «zona de colapso», y recordó que «las leyes especiales, que no aportan recursos extra para el organismo, y la judicialización, consumen el 15 % del presupuesto de Iosper. Lo que desnaturalizan los recursos de la obra social son las leyes especiales, los nuevos medicamentos y su alto costo, las prótesis, la judicialización de la salud, el pago de prestaciones que no le incumben a la obra social, por ejemplo, maestros integradores, ya que el Consejo General de Educación (CGE) tiene presupuesto para afrontar erogaciones de esa naturaleza, y otras, donde la familia se desentiende del enfermo y el resto de los afiliados deben hacerse cargo, por ejemplo, geriátricos y cuidadores».

En 2019 la obra social, según cifras oficiales, pagó en reintegros asistenciales $372.397.462,68 , lo que representó el 7% del presupuesto prestacional total; y $84.000.000 para cuidadores domiciliarios, lo que significó un 1,5 % del presupuesto prestacional total. Sólo por prestaciones de noviembre de 2019 de cuidadores domiciliarios para 64 afiliados Iosper pagó $10.258.154,79.

Las figuras de maestros integradores o cuidadores domiciliarios están contemplados dentro de un menú todavía mayor que orden cubrir la Ley N° 24901 denominada Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Es una de las denominadas «leyes especiales» que en Iosper dicen que están obligados a cumplir aún sin contar con respaldo presupuestario.

La Ley Nacional N° 20.901 crea un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección. Y establece que las obras sociales tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.

En este sentido, la ley nacional indica que “las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales accederán a través de las mismas, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, programas preventivo-promocionales de carácter comunitario, y todas aquellas acciones que favorezcan la integración social de las personas con discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas”.

¿Qué pasa con una obra social como Iosper que cuenta con un presupuesto para 2020 de $7.977 millones y que tiene atados sus ingresos a los aportes y contribuciones de empleados públicos y del Estado?

Arnoldo Schmidt, gerente de Administración de Iosper, plantea una situación crítica en las finanzas de la obra social frente a los reclamos de cumplimiento de las leyes especiales por parte de afiliados. «La aplicación de leyes especiales sin sustento económico va a poner en peligro al sistema de salud», dice Schmidt.

Después, plantea una aritmética a partir de tres reclamos de afiliados de Gualeguay y uno de Paraná que se hicieron público a través de los medios:

a) el primero, dice el gerente de Administración de Iosper, es un empleado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), que aporta en el año a la obra social $5.800 de su salario y recibió prestaciones por $275.000;

b) el segundo, una empleada del Hospital San Antonio, aportó durante 2019 un total de $19.000, y recibió prestaciones anuales por $306.000:

c) el tercero, una docente, cuyo aporte anual a la obra social es de $9.800, y recibió prestaciones por todo el año por un total de $265.000.

d) un caso de Paraná, los padres de un niño con autismo, es un afiliado que trabaja en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), aporta por año $18.500, y recibe prestaciones por $480.000.

«Es imposible sostener un nivel de prestaciones como exigen las leyes especiales con este nivel de ingresos», observa Schmidt. Entre esas leyes especiales, la de mayor peso financiero para Iosper es la Ley de Discapacidad.

En Iosper, son 6.668 afiliados que reciben cobertura por Ley de Discapacidad, que representan el 2% del padrón total de 297.287 afiliados, y que en 2019 consumieron el 25% del presupuesto prestacional total, $1.380 millones.

«A esto nos referimos: las leyes especiales son dictadas sin decir de donde saldrán los recursos para financiar las prestaciones», plantea Schmidt.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.



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