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19 de diciembre de 2019
La guerra judicial y su influencia en las realidades provinciales
Maximiliano Rusconi dialogó con EL DIARIO en un alto de una apretada agenda laboral en Paraná. Opinó sobre el lawfare, la Ley del arrepentido, el estado de Derecho tras el paso del macrismo y la reforma del sistema que impulsa el nuevo gobierno. Destacó que sería hacer reduccionismo pensar que la guerra judicial no influyó en las realidades provinciales. El Derecho como arma de exterminio del adversario político. El Nunca Más judicial.

Néstor Belini | [email protected]

 

Maximiliano Rusconi pasó por Paraná y dejó su visión sobre una serie de temas de alta repercusión en el mundo político–judicial. La utilización del arrepentido para llegar al esclarecimiento de un hecho fue una. Sin ambages, opinó: “Ha sido un instrumento vergonzoso. Hay que explicarle a la gente que el arrepentido es un sujeto que básicamente está negociando su pena con el ingreso de información ¿Qué credibilidad puede tener ese testimonio? En verdad, los testigos son sujetos que no están vinculados con el hecho, declaran bajo juramento, y eso sí tiene valor probatorio. El arrepentido no debería tener ningún valor probatorio, pero sin embargo se instala como la gran prueba”.

–¿Cuál es su opinión respecto de lo que se ha dado en llamar “guerra judicial”?

–Es un dato real el hecho de que, particularmente en los últimos años, se ha dado una combinación de factores que han culminado en la utilización del sistema de justicia penal para el exterminio de un sector ideológico determinado, esto ha sido evidente. El sistema penal siempre ha sido selectivo. Durante una época, durante varias décadas, ha sido selectivo socialmente. Ha excluido a los más vulnerables y ha sido cómplice de la instalación de ciertos modelos económicos, pero ahora hay una selección ideológica que tiene que ver con el castigar y anular ciertos modelos de mayor preocupación social, de mayor integración, que están montados sobre una estrategia social más igualitaria. En este sentido, esa persecución tiene un andamiaje complejo. Uno sería muy ingenuo si piensa que son solo los jueces, un conjunto de jueces federales o un conjunto de fiscales, los responsables de esa persecución. Acá hay una combinación de un Poder Ejecutivo a nivel nacional que ha desarrollado modelos de inteligencia paralela y ha usado esta inteligencia para conseguir información que eventualmente pueda ser usada en esa persecución. Para blanquear esa actividad de inteligencia se han utilizado periodistas de grandes medios de comunicación para legitimar ese ingreso de información obtenida ilícitamente, como por ejemplo escuchas ilegales. Y después hemos tenido un conjunto de fiscales y jueces que han decidido darle trámite de modo muy selectivo a esa información. Esto es la destrucción del estado de Derecho. Lo ha descripto muy bien el recientemente asumido presidente de la República, ha sido muy claro. Cuando él dijo ‘Nunca Más’, eligió bien las palabras, porque esto es tan grave o casi tan grave como la interrupción democrática.

 

ARREPENTIDOS

–Correr del eje la política criminal, que como usted mencionó siempre fue selectiva socialmente, hoy se transformó en un instrumento prácticamente de tortura respecto de determinado partido político o afinidad ideológica.

–Sí. Incluso en la aplicación de instrumentos sin ninguna legitimación procesal o moral. La utilización del arrepentido ha sido un instrumento vergonzoso. Hay que explicarle a la gente que el arrepentido es un sujeto que básicamente está negociando su pena con el ingreso de información. Qué credibilidad puede tener ese testimonio. En verdad, los testigos son sujetos que no están vinculados con el hecho, declaran bajo juramento, y eso sí tiene valor probatorio. El arrepentido no debería tener ningún valor probatorio, pero sin embargo se instala como la gran prueba. En los últimos cuatro o cinco años hemos vivido una destrucción del estado de Derecho gravísima. Y esto ha repercutido a nivel nacional, no es solo Comodoro Py ni lo que sería el centro porteño de este desastre, que sin dudas es una vidriera muy clara, pero seríamos muy reduccionistas si pensáramos que esto no ha influido en las realidades provinciales. Incluso hay una investigación actualmente en la ciudad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, que lleva adelante el juez Ramos Padilla y ahí se investigan por ejemplo conexiones de ese sujeto (Marcelo) D’Alessio, supuesto abogado que habría realizado este tipo de lawfare, esta persecución manipulada, ilícita, inmoral, también en las provincias. Y siempre, como dije recién, con conexiones con un sector del periodismo.

REFORMA JUDICIAL

–El presidente adelantó a intervención de la AFI, la reforma de la Justicia Federal, son proyectos muy ambiciosos, pero evidentemente el desafío es muy grande. ¿Cómo cree usted que se irá desarrollando la dinámica de transformación de aquellos organismos?

–El presidente es un jurista, entiende la importancia del estado de Derecho, conoce como pocos todas estas cloacas de un sistema muy perverso, así que yo confío mucho que esta vez, en esta dimensión, tengamos muchos éxitos. Por supuesto que ojalá esos éxitos en la reconstrucción del estado derecho vayan acompañados por los éxitos del combate al hambre, que sin dudas es el principal problema. Pero creo que cuando el presidente selecciona las dimensiones que hay que atacar lo hace de un modo multidimesional y muy preciso. Está claro que hay un problema en la inteligencia, está claro que hay un problema en un sector del periodismo, está claro que hay un problema con los jueces, está claro que hay un problema con los fiscales y en este sentido está claro que hay un problema en la clase política también. Hemos tenido a nivel nacional una diputada famosa como (Elisa) Carrió hablando de República y el modelo que ella pregona es desde el punto de vista moral, idéntico a las peores dictaduras. No entiende de ningún modo lo que significa una República. Me parece que tenemos que recuperar el fortalecimiento institucional, recuperar la transparencia, el uso adecuado del poder. Sancionar a aquellos que se suman a la imputación fraudulenta. Hoy se usa para algún político, al que se quiere destruir desde un punto de vista político o electoral, imputarle cualquier delito, de cualquier modo, total, hasta que se demuestre la inocencia van a pasar tres o cuatro años.

–¿Se puede decir que el lawfare es una etapa superior de la judicialización de la política?

–Claro, sin dudas, es el intento de destruir al adversario. No hay modo más contundente de destruir la dignidad de una persona que imputándola de un delito gravísimo y montar con algunas notas alguna información ilícita que es blanqueada por el periodismo. Algún sector del periodismo ha funcionado, y perdón que insista con esto, porque es una profesión que yo admiro mucho y es una profesión a la cual le debemos fuertes sectores de nuestra democracia. Pero también es una profesión que hay que cuidar y restablecer, pero es cierto que algún sector del periodismo, en algún sentido, ha funcionado como el blanqueo de capitales. Ha recibido en vez de capitales ilícitos, información ilícita y la ha blanqueado en notas que después, claro, el periodista se presenta judicialmente y dice ‘yo me reservo el derecho a no informar sobre mis fuentes’. Pero su fuente fue un delito, esto es lo que hay que entender. Creo que hay que preservarnos de utilizar al sistema judicial, a la falsa imputación penal, como un instrumento político, me parece que eso es la destrucción de nuestra sociedad democrática y tenemos que tener mucho cuidado con esto.

Modelo

–El presidente quiere instalar a nivel nacional el sistema adversarial, un sistema que en Entre Ríos tiene varios años de aplicación, con los fiscales teniendo un rol preponderante en el proceso y con jueces de Garantías que deben velar por aquel ¿Cuál es su opinión?

–Es el modelo en todo el mundo, hoy es indiscutible que el sistema judicial se monta en dos actividades que no pueden recaer en la misma persona. Una actividad es la de investigación y la otra actividad es la de controlar que esa investigación no viole garantías. Estas dos funciones no pueden recaer en un (Claudio) Bonadío, para decirlo de modo claro. Ahora, estas dos funciones requieren en primer lugar a los fiscales una capacitación ética, funcional, jurídica, institucional muy fuerte en el sentido de asumir su responsabilidad. Ojo con los fiscales que se creen que son los dueños de la ética en el país y en la sociedad. Ojo con los fiscales que se creen que son los dueños de la ética del país o de la sociedad, ojo con los fiscales que se creen pueden creer que creen que siempre pueden contar con el calor del poder para perseguir al gobierno que se fue y estar en muy buena relación con el gobierno que se va, ojo con eso, ojo con Oficinas Anticorrupción que investigan solo el pasado y no el presente. Hay que cuidarnos de eso también. Y un modo de cuidarnos es tener jueces que en la función del resguardo de las garantías, sean también muy enérgicos, esa dinámica de fiscales responsables, jueces enérgicos en el control de las garantías; si ese es el modelo y el sostén de los sistemas adversariales, fantástico. Si nos desligamos de eso, el sistema puede ser igual o peor que cualquier otro modelo



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