La mirada de mediano y largo plazo deja ver que existen varios y fuertes desafíos en lo que se refiere a procurar que las personas accedan a un aceptable nivel de ingresos luego de la etapa laboral, y a garantizar que el esquema de los pagos por parte del Estado sea sostenible.

Tres grandes interrogantes podrían actuar como disparadores para analizar cuáles son los problemas presentes y los desafíos a futuro: a quiénes pagar jubilaciones, cuánto pagarles y con qué recursos afrontar los compromisos asumidos a partir de las respuestas dadas a esos dos planteos previos.

Entre los elementos necesarios para analizar el tema, a los datos de la realidad social y laboral hay que sumar un hecho: la Argentina está atravesando su "bono demográfico", que se define como el período previo al caracterizado por un crecimiento de la participación de los adultos mayores en la población total: hoy, por cada 100 personas en edad activa hay 55 que, por su edad, son económicamente dependientes.

Esa tasa de dependencia comenzará a crecer en unos años, pero es ahora cuando deberían diseñarse las políticas para llegar en buena forma a ese momento. El bono demográfico, según un informe del Banco Mundial, terminará hacia 2035. Y en la nueva etapa subirán de manera más fuerte los gastos previsionales y de salud.

Convivencia

En nuestro país conviven decenas de sistemas previsionales. El principal es el nacional, que concentra a casi 5,7 millones de jubilados y pensionados, de los cuales casi la mitad cobra el haber mínimo, de 14.067 pesos (la gran mayoría accedió a su beneficio a través de moratorias).

El planteo de a "quiénes pagarles" jubilación lleva a poner sobre la mesa cuestiones que van desde la edad de retiro -un tema casi tabú, en cuyas raíces está la mejora de la expectativa de vida- hasta la realidad de un mercado de empleo muy fragmentado que interpela al sistema. Hay trabajadores formales, otros con trayectorias laborales marcadas por la intermitencia, muchos que están siempre al margen de todo registro, y otros tantos incluidos en subsistemas formales, pero subsidiados en materia previsional dados los bajos aportes, como el monotributo o el régimen de personal de casas particulares.

Según surge de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, la mitad de los ocupados (asalariados y cuentapropistas) no tiene aportes a la seguridad social. La cobertura del sistema (proporción de adultos mayores con ingresos) es, sin embargo, elevada: está por arriba del 90%. Pero eso se logró con medidas provisorias, que no previeron de dónde saldrían recursos para los pagos y que no tuvieron su contraparte en una lucha contra la informalidad.

Entrelazados con esas cuestiones, los desafíos de cuánto pagar y con qué dinero son, lógicamente, centrales. Los recursos para la seguridad social provienen en parte de aportes y contribuciones y en parte de impuestos generales. Es uno de los datos que hablan de la necesidad de tener una mirada integral y lo más amplia posible sobre un tema que no involucra a un grupo de la sociedad, sino a la sociedad entera.