INTERNACIONALES
17 de noviembre de 2019
Cuestionan "grave decreto" que amplía el poder de las Fuerzas Armadas en Bolivia

El documento autoriza a los militares a usar "todos sus medios disponibles" para restablecer el orden. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la gravedad del mismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la emisión de un "grave decreto" que exime de "responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno".
El documento publicado por la CIDH fue firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, y autoriza a los militares a usar "todos sus medios disponibles" para controlar las manifestaciones.
El artículo tres del decreto supremo número 4.078 establece: "El personal de las fuerzas armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal"
"Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos", escribió la Comisión en Twitter.
La denuncia llega un día después de que la organización multilateral condenara el uso desproporcionado de la fuerza en las manifestaciones que transcurren en Cochabamba. El depuesto presidente Evo Morales también se pronunció al respecto y manifestó que "los autores del golpe de Estado en Bolivia gobiernan con decretos, sin el Legislativo y apoyados en armas y bayonetas de Policía y fuerzas armadas". Morales considera que el documento es "una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo".
Por su parte, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, declaró que "de manera distorsionada se dice que es una licencia para matar". "Este decreto tiene una base legal en la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas", afirmó.
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