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23 de octubre de 2019

El Iosper deja de pagar maestros integradores

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), la mayor prestadora de salud, resolvió en septiembre último declarar la emergencia prestacional. Lo hizo a través de la resolución N° 1.862, que entre otras medidas, contempla “suspender el ingreso de nuevas solicitudes de prestaciones de maestras orientadoras integradoras”.

Actualmente, la obra social provincial, en atención a la vigencia de la Ley de Discapacidad -la mayoría de las veces bajo presión de un fallo judicial- accede al pago de prestaciones que, al año, representa un monto de $60 millones. En toda la provincia hace frente al pago de 354 maestros integradores orientadores (MOI). Pero no va a aceptar nuevas incorporaciones.

El presidente del Iosper, Fernando Cañete, se entrevistó con la titular del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irarzábal de Landó, y acordó que sea el organismo que rige la política educativa en la provincia el que asuma el costo financiero de pagar las maestras integradoras, que se suman al docente de aula para acompañar a un chico con discapacidad dentro de una escuela de enseñanza común.

¿En qué se basa el pedido de incorporación de un maestro orientador integrador al aula?  Por un lado, la Ley N° 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad; por otro lado, la resolución 1328/2006 del Ministerio de Salud de la Nación. Cañete dice que la ley “obliga al Estado, no al Iosper, y por lo tanto tiene que ser el Estado, a través del Consejo de Educación el que asuma el costo del maestro integrador orientador”.

Iosper cubre la prestación de maestros integradores habitualmente mediante mandatos judiciales.

Pero en 2018 fue la obra social la que acudió a la Justicia para denunciar una serie de irregularidades con la prestación de ese servicio.

Primero denunció a Rosana Mariela Juarez, docente y afiliada al Iosper, dependiente de la Dirección Departamental de Educación de Gualeguay, aunque su domicilio declarado es en Villaguay.

Tiene el cargo de directora de la Escuela de Educación Integral N° 1 de Concordia, y también el de maestra de sección, aunque con licencia sin goce de sueldo. Además, acumula 12 horas cátedra en el nivel secundario.  A esa tarea, le agrega una función extra: se registró como prestadora de un servicio de imposible cumplimiento, maestra integradora orientadora (MOI) para dar asistencia a los afiliados al Iosper que así lo requieran.

El Iosper la denunció en la Justicia por acumular cargos de imposible cumplimiento, y porque estaría en imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos.

Según la denuncia que formuló en la Justicia la obra social provincial, la docente Juarez “no solo que brinda sus servicios de maestra orientadora integradora durante la mañana y la tarde; es directora de una institución escolar y profesora de otra escuela, sino que también y a su vez, recibe prestaciones de salud de la obra social por padecer de obesidad mórbida en razón de lo cual presuntamente estaría recibiendo tratamiento de rehabilitación pagado por la obra social”.

La decisión de no asumir más el pago de maestros integradores orientadores no sólo se basa en alguna irregularidad sino en la necesidad de ordenar las cuentas de Iosper en un momento crítico de la economía. El organismo comenzó a mirar con lupa los gastos en medicamentos: en este rubro, 8 afiliados en toda la provincia se llevan el 3% del gasto total con medicamentos de altísimo costo, buena parte en etapa de experimentación y que ingresan al país por permisos especiales del Ministerio de Salud de la Nación.

Si la cuenta se hace un poco más amplia, se observa que 800 afiliados absorben el 15% del gasto total en medicamentos, en una obra social  con 300 mil afiliados y un presupuesto anual de $5.000 millones.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

 

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