Miércoles 20 de Enero de 2021

PROVINCIALES

19 de octubre de 2019

La Provincia reclama $5 mil millones a la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló sobre dos de las medidas dispuestas por Mauricio Macri luego de los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto último. Estableció que es el Estado nacional, y no las provincias, el que debe asumir el costo fiscal de la baja en el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La mayoría de la Corte, conformada por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, expresó su posición en la demanda iniciada por la provincia de Entre Ríos, pero aplicó una posición idéntica para las otras 14 provincias que también iniciaron demandas. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y Elena Highton no votó.

En la semana posterior a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las que el Frente de Todos se impuso sobre Juntos por el Cambio por una diferencia de 16 puntos, Macri anunció medidas tendientes a paliar los efectos de la crisis económica. Por un lado, dictó el Decreto 561/2019, que dispuso una baja del Impuesto a las Ganancias y, por otro, el Decreto 567/2019, que redujo a 0% el IVA para algunos productos de la canasta básica alimentaria. Las dos normas ya se están aplicando y tendrán vigencia hasta diciembre de este año.

El problema de estos dos impuestos es que son coparticipables. Esto quiere decir que una buena parte de la masa total que se recauda se reparte en forma automática entre las 24 provincias. Por eso, las medidas anunciadas por el Gobierno nacional afectaban las cuentas provinciales. A partir de esto, 15 provincias presentaron demandas judiciales para que se declarara la inconstitucionalidad de los decretos.

El tribunal no resolvió sobre la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad o no de los decretos mencionados. Dictó medidas cautelares para que las provincias que iniciaron demandas no se vean afectadas por la rebaja del IVA y de Ganancias mientras se resuelve el caso y que sea la Nación la que asuma estos costos fiscales.

La Corte entendió que el planteo de las provincias es atendible. El principal punto que destacó el tribunal es que las leyes-convenio (en referencia a la ley de coparticipación) tienen una “singular jerarquía” dentro del derecho federal, de manera que sus previsiones no se pueden modificar unilateralmente, es decir, por decreto.

Disconforme con la resolución del máximo tribunal, el Gobierno Nacional buscó trabar ese camino. Pero la Corte falló otra vez contra el Gobierno en la causa por quién debe asumir los costos de la devolución del IVA y los cambios en Ganancias que anunció el presidente Mauricio Macri tras su derrota en las PASO. Con la firma de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el máximo tribunal desestimó el pedido de aclaraciones del Estado Nacional en torno a las medidas cautelares en favor de las provincias para que no se les modifique la coparticipación.

Mediante esas medidas, el Tribunal había ordenado que los efectos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 (parte del paquete de alivio que el Presidente anunció en Olivos el 12 de agosto) sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de

El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, dice que con esas dos resoluciones de la Corte, al gobierno de Mauricio Macri “sólo le queda cumplir los fallos. La decisión de la Corte fue contundente, aplastante. Esto coloca al Presidente al borde del incumplimiento de sentencia. No tiene margen. La semana que viene la Nación debería depositar a cuenta, aunque sea, los recursos. Esto se impone. No hay más margen. De otro modo, nos encontraríamos frente a un conflicto entre una sentencia de la Corte y una actitud del Presidente que es renuente a cumplirla”.

“Esto no es una pelea por la pelea misma –apuntó Rodríguez Signes. No es una pelea siquiera jurídica, aunque lo es. Más que nada, este fallo debe ser cumplido para que la Provincia, a su vez, pueda cumplir con obligaciones básicas. Estamos hablando de recursos corrientes, que van a salud, seguridad, educación, a hacer frente a obligaciones salariales. Pero no solo esta restricción. La Nación nos debe otros créditos, como por ejemplo los gastos por detenidos federales en cárceles provinciales, nos debe recursos de Vialidad, de IAPV, de programas sociales nacionales, nos debe recursos de pactos fiscales por el déficit de la Caja. Son muchos rubros. Cuando uno suma son como $5 mil millones. Mil millones. Es imprescindible que la Nación cumpla con sus obligaciones”.

La base del reclamo por esos $5 mil millones forma parte de la demanda ante la Corte, aunque de momento son reclamos administrativos que la Fiscalía de Estado no descarta judicializar. “Están informados a la Corte. Ya se presentó un escrito. Nosotros estamos ahora en un período de intimaciones administrativas. Si no hay respuesta, se judicializa”, adelanta Rodríguez Signes.

En ese sentido, dijo que “tenemos la obligación constitucional de la defensa del patrimonio de la Provincia”.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.

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