14 de septiembre de 2019
Hay millones de datos perdidos en bases digitales y por primera vez sancionaron al Veraz
Desde el domicilio a la situación crediticia pasando por temas de salud, la información personal circula por distintos archivos. Los ciudadanos tienen derechos sobre ella, pero muy pocos los conocen y ejercen.

Hay millones de datos personales desparramados en distintos archivos digitales y tanto el Gobierno como expertos advierten por un desconocimiento generalizado sobre su valor y el potencial mal uso que pueden hacer las empresas. Este año, hubo 113 denuncias por infracciones, una cifra todavía baja que refleja la ignorancia en la materia, pero por primera vez se aplicó una multa al Veraz.

El último estudio encargado por la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tiene bajo su órbita a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, reflejó que sólo el 34% de los ciudadanos conoce los derechos y apenas el 22% sabe qué hacer ante su vulneración. El resultado es llamativo si se tiene en cuenta que la ley que los regula (25.326) fue sancionada en el 2000.

Datos personales. Se trata de, básicamente, toda aquella información que nos identifica, como el número de documento o teléfono, la dirección, situación crediticia o imagen. Aunque también se consideran personales aquellos datos de consumo que estén asociados a los primeros (y entonces a nuestra persona), como podría ser los hábitos de compra que registra la tarjeta de fidelización de un supermercado o una plataforma de de compraventa por internet. Son datos que quedan almacenados en las bases de distintos servicios, empresas u organismos, tanto públicos como privados, después de haber mantenido contacto y no tienen fecha de expiración, no se “autodestruyen” pasado determinado tiempo.

La ley garantiza que podamos exigir a las empresas, privadas o públicas, que nos informen qué datos personales guardan sobre nosotros, así como qué tratamiento realizan sobre la misma y, de considerarlo necesario, pedir una rectificación o incluso su eliminación. Sin embargo, en la agencia señalan que ese derecho se ejerce de manera escasa.

“Cualquier entidad, sea pública o privada, puede tener información de nuestra persona, y para poder conocer si determinada empresa u organismo realiza tratamiento de nuestros datos personales, y qué tipo de datos tiene, podemos ejercer el derecho de acceso que contempla la ley de Protección de Datos Personales”, explica el director de la agencia, Eduardo Bertoni. “Es importante ejercer ese derecho para conocer qué datos personales posee una empresa u organismo, así como para saber qué tipo de tratamiento está realizando sobre esos datos y, en caso de que estos sean erróneos o no se quiera que sigan allí, pedir la rectificación o supresión”, agrega.

En lo que va del año, recibieron 113 denuncias por casos de vulneración del derecho, es decir, por la falta de respuesta de distintas entidades ante solicitudes de acceso, rectificación y supresión de datos personales. Y, tanto Bertoni como otros expertos, señalan que la cifra es baja y muestra la falta de conocimiento, en consonancia con los resultados del estudio mencionado anteriormente.

En ese sentido, Julio López, experto en sistemas y tecnología, advierte: “Lo que sucede es que al no darle valor a los datos, nos olvidamos de que son nuestros, de las personas, y las empresas terminan tomándolos como propios”. Además, señala que se trata de información que, al no ser tangible, facilita que no estemos pendientes de qué puede hacerse con ella.

Ante una solicitud, las empresas u entes estatales deben contestar durante los diez días corridos de la recepción de la solicitud. Ante una falta de respuesta, allí interviene la agencia. Desde el organismo afirman que sería ingenuo creer que los reclamos son pocos porque la mayoría de las respuestas se dan en término. Y apuntan que lo que ocurre, más bien, es que son escasos los pedidos de acceso a los datos personales

Los riesgos que conlleva la falta de conocimiento sobre los derechos básicos implica que por arrastre ignoramos el tratamiento indebido que puede hacerse de los datos. Y son múltiples y de variada magnitud, dependiendo del tipo de información que contengan.

“El daño a la privacidad de una persona por el uso indebido de información sobre sus hábitos de consumo probablemente sea mucho menor que si la información está relacionada a cuestiones más íntimas, como su orientación sexual”, indica Bertoni. “Aunque ambos tipos de datos cuentan con protección legal, la de ese último tipo de información —sensibles, en los términos de nuestra normativa— es particularmente importante porque su uso indebido deja al titular del dato más vulnerable ante posibles situaciones de discriminación”, señala.

Beatriz Busaniche, experta en derechos humanos y tecnología y presidenta de la Fundación Vía Libre, va un poco más allá. “Los riesgos son desde que te invadan con spam, cartas y mensajes publicitarios, entre lo más inocuo, hasta el robo de identidad, o que por flujos de información tuya que está en el mercado y se transacciona sin que lo sepas, sufras discriminación”, advierte. “Por ejemplo, si información vinculada a tu salud cae en manos de un potencial empleador, podría implicar que no te den empleo, o que no te den una póliza si llega a una aseguradora médica”, grafica.

Es que el asunto se inscribe en un contexto que se volvió más complejo en los últimos años, con el aumento del caudal y el tipo de datos volcados en plataformas en Internet y la inteligencia que puede hacerse sobre los mismos.

“Hoy es procesable toda la información del mundo. Está la potencia, a nivel sistema, de procesar todo lo que le pasa a una persona durante el día, desde transacciones electrónicas, hasta los recorridos que hacés y las preferencias de lo que lees en Internet”, explica López. Y ejemplifica: “La mayoría de la gente tiene una computadora en la mano, que es el teléfono, y está conectada todo el tiempo. Me muevo y le estoy diciendo a Google en tiempo real dónde estoy yendo, o cada cuántos segundos consulto mi mail. A una app, si estoy leyendo un post y le doy un like... Tenemos el poder de registrar absolutamente todo lo que le pasa a una persona y eso antes era inimaginable”.

Entre las empresas que más fueron denunciadas este año ante la agencia, sobresalen entidades financieras y telefónicas. Pero las hay de todo tipo. Entre ellas, fue resonante el caso de Veraz, la compañía de informes comerciales, que el mes pasado fue sancionada por primera vez con una multa de $ 60.000 por enviarle a un usuario una alerta con información equivocada sobre su situación crediticia. 

Asimismo, la agencia abrió dos investigaciones de oficio que están en curso: contra Uber y la propia app del Gobierno Mi Argentina, que permite hacer trámites ante Anses y AFIP, entre otros. Muchas de las denuncias de los particulares terminan desactivadas porque, ante la acción de la agencia, las empresas responden a la demanda. Además de la sanción a Veraz, hasta ahora se aplicaron otras ocho por un valor total de $ 485.300.

La sanción al Veraz

La multa a Veraz ocurrió el mes pasado, cuando, tras recibir una denuncia, la Agencia de Acceso a la Información Pública sancionó a la empresa por vulnerar el artículo 4 de la ley de Protección de los Datos Personales, que indica que “los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido”.

Se trata de la primera vez que la agencia le aplica una sanción a la firma, que opera en el mercado desde hace más de 60 años, por incumplir la ley 25.326.

Lo que terminó en una multa de $ 60.000 comenzó en enero de 2017, cuando un usuario recibió una alerta por mail en la que Veraz le informaba que tenía información suya sobre la adquisición de “un nuevo producto” financiero. Pero no era cierto.

Es que, tal como advirtió el damnificado en su momento, su situación crediticia le impedía adquirir cualquier tipo de nuevo producto financiero. Lo que ocurrió es que Veraz había malinterpretado información del banco ICBC y, en consecuencia, informado como adquisición de un “nuevo producto” lo que en realidad era la recategorización de una vieja deuda.

“Cualquier caso donde se informa de manera incorrecta datos personales tiene un impacto en la privacidad de las personas”, analizó Bertoni. “Y es grave, porque en estos casos pueden generar perjuicios económicos a las personas, como por ejemplo que se les niegue un crédito, que puede ser para comprar una heladera o para comprar una casa”, concluyó.



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