30 de agosto de 2019
Anulan reclusión en instituto de salud mental de Federal como medida de seguridad
El imputado fue sobreseído por inimputabilidad, de la acusación por tres robos tentados. En la sentencia, el juez de Garantías ordenó que fuese internado por dos años en un instituto de salud mental por su propia seguridad y la de terceros. La defensa apeló la decisión. Ahora estará bajo la tutela del Ministerio Público de la Defensa, que deberá gestionar la solución terapéutica correspondiente y su revinculación familiar.

La Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, integrada por Daniel Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak, resolvió “hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa de VAG contra la resolución” que el 26 de junio de 2017 adoptó el juez de Garantías N° 3, Eduardo Ruhl, la que se revocó en su totalidad, disponiéndose “el inmediato cese de la medida de seguridad impuesta a VAG, poniendo a éste a cargo del Ministerio Público de la Defensa, en su carácter Pupilar, a fin de ocuparse de su protección tutelar y gestionar, ante quien corresponda, la solución terapéutica que fuere menester, así como su revinculación familiar”.

 

Diagnóstico

El 26 de junio Ruhl, considerando los informes técnicos médicos aportados en el legajo, concluyó que VAG, imputado de tres hechos de robo en grado de tentativa en concurso real, presentaba “trastornos psicológicos y psiquiátricos que no le permiten dirigir sus acciones, le impiden motivar su conducta de acuerdo a la norma y, en atención a encontrarse expuesto a situaciones de riesgo”, hizo “lugar al pedido de sobreseimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal” y dispuso “mantener su internación en el Hospital Escuela de Salud Mental de esta ciudad o en la Institución que se estime más conveniente para su salud, hasta que los profesionales médicos declaren desaparecida la posibilidad de daño para sí o para terceros, medida que no podrá exceder de dos años, sin perjuicio del contralor o modificación por parte de la señora Jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad”.

 

Apelación

El defensor de Ejecución Penal presentó un recurso de apelación contra el pronunciamiento del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, que el 7 de agosto de 2019 “rechazó la acción de habeas corpus interpuesta en favor de VAG” en la se solicitó “el cese de la medida de seguridad que se le impusiera con el dictado de su sobreseimiento por incapacidad psíquica de culpabilidad…”, que venció el 22 de junio de 2019, pero que el apelante “continúa cumpliendo alojado actualmente en el Hospital Colonia de Salud Mental Raúl Caminos de Federal”.

 

Irrazonable

En el fallo, la Sala consideró “la predisposición del Ministerio Público de la Defensa para ocuparse de la protección tutelar de VAG y gestionar, ante quien corresponda, la solución terapéutica que fuere menester, así como su revinculación familiar”, y concluyó que “la prórroga de la internación del aludido cumpliendo una medida de seguridad -incluso temporalmente agotada- y su continuidad en una Colonia de Salud Mental bajo contralor del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad deviene ilegítima y debe cesar de inmediato…”.

Los superiores entendieron, tras analizar las posiciones, que “lo expresado revela la manifiesta irrazonabilidad de mantener en el ámbito penal la internación del inimputable, sin perjuicio de la conveniencia de ella, pero exclusivamente en el ámbito de la Ley Nº 10.445 de adhesión de la Provincia de Entre Ríos a Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 y su Decreto ReglamentarioNº 603/13, que considera la internación como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y en ningún caso indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes y, cuando se trate de una internación involuntaria, concebirse como recurso terapéutico excepcional y cuando mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros; precisando el decreto reglamentario que se entiende por riesgo cierto e inminente a aquella contingencia o proximidad de un daño que ya es conocido como verdadero, seguro e indubitable que amenace o cause perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros”.

Inimputable

La Sala también tuvo consideraciones para la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF). En este sentido sostuvo que “de modo alguno” podía “coincidir con la postura adoptada por el MPF asignándole a la medida de seguridad de quien padece incapacidad psíquica de culpabilidad y que, por ello, ha sido sobreseído, una finalidad propia de la pena -en relación a quien ha sido declarado no punible- tal como la de prevención especial, lo cual resulta francamente incomprensible cuando la medida se aplica respecto de una persona incapaz de comprender, impedido de motivar su conducta de acuerdo a la norma -según el fallo original-, carente de juicio crítico y que desconoce los motivos de su internación, de modo tal que no se explica de qué modo podría tener algún tipo de eficacia preventiva especial la internación compulsiva de esta persona”. En este sentido, se consideró que “de ninguna manera puede buscarse un fin punitivo en la aplicación de una medida eminentemente terapéutica y tutelar; de naturaleza curativa…”.

En la sentencia, la Sala expresó que en “el caso sub examine no existe ningún dato que revele signos de auto o heteroagresión en el asegurado VAG y, por el contrario, desarrolla con normalidad su internación, viéndose compensado por parte del Equipo Técnico evaluador, aún con ciertos rasgos de impregnación neuroléptica, consecuencia del tratamiento farmacológico impuesto al que ha respondido satisfactoriamente, conforme lo indica el informe psiquiátrico” que consta en el legajo.



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