Viernes 14 de Mayo de 2021

PROVINCIALES

12 de mayo de 2019

Caso García: hay once fallos más por inconstitucionalidad del cobro de Ganancias a jubilados

El precedente “García, María Isabel”, jubilada de la Caja entrerriana, en que por voto mayoritario de la Corte Suprema se declaró la inconstitucionalidad del cobro del Impuesto a las Ganancias sobre jubilaciones y pensiones, sumó otros once casos. Se trata de procesos que habían iniciado personas que tienen una edad avanzada o que padecen problemas de salud.

El Máximo Tribunal de Justicia nacional se remitió a lo ya resuelto en el precedente García, del 26 de marzo. En el acuerdo del martes 7, la Corte falló en una serie de causas en las que se discutía la constitucionalidad del Impuesto a las Ganancias aplicado sobre el haber jubilatorio, sentenciándolas por remisión a lo ya resuelto, el 26 de marzo, en el precedente “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”.

La sentencia contiene el voto de la mayoría, integrado por los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, que sostuvo que “tampoco existe una prohibición constitucional de gravar las jubilaciones y pensiones en los tratados de derechos humanos que han sido ratificados por Argentina ni en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ) del Alto Cuerpo, el fallo consideró que “la mera utilización de la capacidad contributiva como parámetro para establecer impuestos a los jubilados y pensionados no era suficiente al no tener en cuenta la vulnerabilidad de los jubilados que ampara la Constitución Nacional, quienes ante esa omisión quedan en una situación de notoria e injusta desventaja”.

Además, concluyó en que “el texto actual de la Ley es insuficiente y contrario al nuevo mandato constitucional, motivo por el cual no puede retenerse ninguna suma por Impuesto a las Ganancias de los haberes jubilatorios de los demandantes hasta tanto el Congreso Nacional dicte una ley que revea la situación de las jubilaciones ante este impuesto, debiendo reintegrarse a los actores los montos retenidos desde la interposición del reclamo”.

La información bridada desde el CIJ subrayó que “la Corte Suprema, tras recordar el alcance de los principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, destacó que el caso debía resolverse sobre la base de la naturaleza eminentemente social del reclamo efectuado por la actora, y teniendo en cuenta que la reforma constitucional de 1994 había garantizado ‘la igualdad real de oportunidades y de trato’ a favor de los jubilados, como grupo vulnerable.

El envejecimiento y la enfermedad son causas determinantes de vulnerabilidad que obligan a los jubilados a contar con mayores recursos para no ver comprometida su existencia y calidad de vida. Por ende, el legislador debe dar respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables –entre ellos los jubilados-, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos sin que el sistema tributario pueda quedar apartado del resto del ordenamiento jurídico”.

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