Martes 1 de Diciembre de 2020

PROVINCIALES

6 de abril de 2019

Tercer sacerdote condenado por abuso de menores en Entre Ríos

Concepción del Uruguay: al cura payador lo sentenciaron a 17 años de prisión.

Marcelino Moya se convirtió en el tercer cura católico juzgado y condenado por corrupción y abuso en nuestra provincia. Los otros dos son Justo José Ilarraz y Juan Diego Escobar Gaviria. Moya permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede firme.

 

El Tribunal de Concepción del Uruguay que integran María Evangelina Bruzzo, Fabián López Moras y Melisa Ríos condenó este viernes al sacerdote Marcelino Moya a 17 años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor de los delitos de promoción de la corrupción de menores agravada y abuso sexual simple agravado en concurso real.

En el adelanto de sentencia -donde no estuvo presente el imputado-, se explicitó que el cura permanecerá en libertad bajo medidas de coerción hasta tanto la condena quede firme, pese al pedido de la Fiscalía y la querella de sostener una prisión preventiva por el peligro de fuga.

Moya era conocido popularmente por sus cualidades artísticas.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 15 de abril a las 8.30 horas. Además, el Tribunal no hizo lugar al planteo de prescripción de la acción que promovió la defensa de Moya. Luego de dos jornadas intensas de testimonios, en las que pasaron 17 testigos, en los alegatos el cura se había manifestado “inocente” e intentó desestimar las denuncias en su contra, no sin antes recurrir al recurso de la prescripción de los hechos.

Esta postura es muy importante, teniendo en cuenta que en Gualeguaychú se sustenta un juicio contra el abogado Gustavo Rivas por promoción de la corrupción y de la prostitución de menores de 18 años de edad, reiterada.

En el juicio los abogados Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso actuaron por parte de la querella, mientras que Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra lo hicieron en representación del Ministerio Público Fiscal.

Ambas partes habían solicitado una pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para el cura. Moya es el tercer cura católico juzgado y condenado por abusos en Entre Ríos. Fue denunciado periodísticamente por la revista Análisis en junio de 2015, tres años después del escándalo mundial que significó el caso Justo José Ilarraz.

En la primera jornada del juicio, los denunciantes Pablo Huck y Ernesto Frutos relataron las situaciones vividas que los convierten en víctimas de los abusos del sacerdote, quien estuvo presente en esa etapa del debate oral, no público, pero que luego decidió no presenciar el resto de las instancias de testimonios ni de adelanto del veredicto conocido ayer.

Luego de dos jornadas intensas de testimonios, en las que pasaron 17 testigos, en los alegatos el cura se había manifestado “inocente” e intentó desestimar las denuncias en su contra, no sin antes recurrir al recurso de la prescripción de los hechos.

En el juicio los abogados Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso actuaron por parte de la querella, mientras que Mauro Quirolo y Juan Manuel Pereyra lo hicieron en representación del Ministerio Público Fiscal. Ambas partes habían solicitado una pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para el cura. Y no obstante que el Tribunal lo condenó a 17 años, la parte acusadora como las dos víctimas se mostraron satisfechos con la pena.

Marcelino Ricardo Moya fue denunciado en junio de 2015 por dos jóvenes que, en su niñez y adolescencia (años 1995-1996), formaron parte de un grupo que asistía regularmente a la parroquia Santa Rosa de Lima y que eran alumnos del Colegio La Inmaculada, de Villaguay.

El religioso fue denunciado en junio de 2015 por el médico Pablo Huck, y Ernesto Frutos, estudiante de Derecho; y ambos relataron con crudeza de qué modo fueron corrompidos por el cura.

Las víctimas habían relatado a la revista Análisis como fueron cada uno de los abusos cometidos por Moya. El primero de ellos contó que fue abusado, por lo menos dos veces por semana y durante casi dos años, en la propia habitación del sacerdote, en el primer piso de la Parroquia de Villaguay, como así también cuando hicieron viajes a Viale, para realizar tareas religiosas.

La otra víctima contó que hubo un intento de abuso, también en la habitación del cura, pero éste reaccionó a tiempo y empujó al cura, tras lo cual se fue de la Iglesia y nunca más volvió, pese a que también era monaguillo.

Moya llegó a Villaguay como vicario parroquial y docente del Colegio La Inmaculada y ahí, en esos lugares, y quizá en otros tantos más, abusó de menores. Eso dice la denuncia que presentó el médico Pablo Huck el 29 de junio de 2015 en los Tribunales.

Dos años después de aquella denuncia, el 29 de junio de 2017, el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, rechazó el planteo de los defensores del cura, que reclamaron la prescripción de la causa por abusos a menores, e hizo lugar al pedido que formularon en forma conjunto la fiscal Nadia Benedetti y los querellantes Florencio Montiel y Juan Pablo Cosso, y elevó el expediente a juicio oral.

La resolución de Zaburlín fue recurrida por la defensa, pero el 31 de julio de 2017, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay rechazó el planteo de prescripción formulado por los abogados defensores y confirmó la elevación a juicio.

La causa nuevamente fue recurrida y llegó a la Cámara de Casación Penal de Paraná el 14 de agosto de 2017. El jueves 11 de octubre último, ese tribunal, en voto dividido, rechazó la vía de la prescripción.

El tercer rechazo que acumula el cura Moya en la justicia, extrañamente, el defensor de Moya, cumplido el plazo de ley, decidió no apelar ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), ante el convencimiento de que, en la etapa de juicio oral, en Concepción del Uruguay, sobrevendrá la decisión de la Suprema Corte de Justicia (CSJ) de la Nación, que tiene pendiente expedirse sobre la prescripción en la causa de los abusos del cura Justo José Ilarraz.

La Iglesia, ni bien tomó conocimiento de la apertura de la causa en la Justicia, hizo lo que se esperaba: apartó a Moya de su función de párroco y de responsable pastoral del colegio católico, que tenía a su cargo en Seguí, y abrió una investigación eclesiástica, a cuyo frente ubicó al sacerdote abogado Silvio Fariña Vaccarezza, el mismo que investigó a otro cura abusador, Justo José Ilarraz, en 1995. Pero la averiguación interna jamás avanzó.

Las víctimas del cura y sus abogados celebraron por la determinación del tribunal uruguayense. Foto La Calle.

 

La verdad y la libertad

Ni bien se conoció el adelanto de veredicto sobre la condena a Moya, la sala de Tribunales de Concepción del Uruguay estalló con expresiones de una emoción contenida durante años para evitar que prevaleciera la impunidad.

Huck reflexionó acerca de una frase de la Biblia que reza: “La verdad nos hace libres”. Al respecto, sostuvo que “es una frase muy representativa, porque es el más claro ejemplo de alivio y de sentimiento. En parte ya lo veníamos sintiendo cuando se hizo el debate y el alegato. Ahora, con la condena ya dictada, alienta a seguir trabajando en estas cuestiones. Que la Justicia de esta señal ante una denuncia en esta clase de delitos y que se llegue a una condena, es muy importante; porque antes ni siquiera las víctimas se animaban a dar el paso para una denuncia”.

“Lo peor que nos podía pasar era que siguiera la impunidad. Pero ahora la Justicia dio una posición clara frente a estas conductas. Las víctimas hemos superado la soledad”, expresó Huck visiblemente conmovido y rodeado de sus seres queridos.

Por su parte, Frutos también consideró adecuada la condena de 17 años, y agradeció a sus seres queridos, a la familia y amigos que los acompañaron en todo momento.

“Espero que esta condena sirva para que otras víctimas se animen a contar lo que sufrieron. Porque es seguro que, así como nos pasó a nosotros, lo mismo les ocurrió a muchísimas otras personas”.

 

El caso de Escobar Gaviria

El sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria fue condenado en el año 2017 a 25 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores contra, al menos, cuatro niños que asistían a su parroquia, ubicada en la localidad entrerriana de Lucas González.

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