18 de marzo de 2019
Reparación histórica: benefició a más de 740.000 jubilados, pero bajó muy poco la cantidad de juicios
Son los que tienen el acuerdo homologado con la Justicia. Mejoraron sus haberes y cobraron retractivos. Pero menos del 6% tenía acciones contra el Estado

A dos años y medio de su lanzamiento, 745.559 jubilados y pensionados que aceptaron el Programa de Reparación Histórica (RH) completaron el trámite de homologación en la Justicia. De ese total, 704.244 son jubilados y pensionados que no hicieron juicio y 41.315 tenían juicio iniciado y desistieron de continuarlo de acuerdo a las condiciones del Programa.

Se estima que hay otras 110.000 aceptaciones más, de las cuales unas 40.000 están demoradas porque, según la Justicia, fueron enviadas por ANSeS para su homologación, pero con errores. Se espera que esta “impasse” se solucione rápidamente y ANSeS pueda enviar las siguientes 70.000 aceptaciones. El organismo previsional no informó si hay más aceptaciones del Programa en vista.

De esos números se desprende que el programa logró la aceptación de menos de la mitad de los potenciales beneficiados, pero no logró reducir sustancialmente el stock de juicios que se estima en 300.000 expedientes, a pesar que se pagan entre 30.000 y 35.000 sentencias por año. De acuerdo al Programa, el jubilado debe desistir de iniciar un juicio o debe renunciar a continuar con el juicio iniciado.

No obstante, hay una reducción del número de demandas nuevas –del 45%– por los que aceptaron no iniciar nuevos juicios en el marco de la Reparación Histórica, por el paso del tiempo (fallecimientos) y porque la movilidad vigente desde 2009, aprobada por el Congreso, eliminó una altísima fuente de litigiosidad.

En cambio, está pendiente que la Corte se pronuncie sobre la modificación de la ley de movilidad sancionada fines de 2017 porque fue aplicada en forma retroactiva, lo que sería inconstitucional según un fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social. Y hay más litigiosidad por diferencias en la liquidación de los pagos de sentencias.

Cuando se lanzó la RH en 2016, por el lapso de 3 años, desde el Gobierno se estimó que comprendía a 2,3 millones de personas: 250.000 tenían juicio en curso, 50.000 contaban con sentencia firme y 2 millones cobraban menos de lo que les correspondía. El Programa se financiaría inicialmente con los ingresos del Sinceramiento Fiscal (blanqueo).  Esas demandas potenciales se deben fundamentalmente a que, a pesar de la alta inflación, durante el Gobierno de Eduardo Duhalde no hubo aumentos en las jubilaciones y durante el de Néstor Kirchner hubo aumentos en los haberes mínimos, pero al resto le otorgaron incrementos del 11% y 21%, según los montos jubilatorios. Para ese segmento de jubilados, el aumento entre 2002 y 2006 debía ser del 88,6%, como luego fijó la Corte en el caso Badaro.

Además, no se ajustaron los salarios que se toman como referencia para el cálculo de los haberes iniciales que luego la Corte modificó. Eso llevó a un fuerte incremento de la litigiosidad y en los fallos Badaro, Elliff y Bianco la Corte les dio la razón a los jubilados. Pero no se extendieron esos fallos a todos los jubilados, como reclamó entonces el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y eso volvió a incrementar el número de juicios. En las próximas semanas, con 11 años de demora, la Corte Suprema tratará esa demanda del ex Defensor.

Según declaraciones de funcionarios de la ANSeS, la RH logró mejorar en $ 6.000 el haber promedio de los jubilados y jubilados adheridos, pero no hay cifras sobre el monto de las retroactividades.

Por el Programa, las retroactividades se calculan, para quienes tienen sentencia firme, con el índice RIPTE (salarios formales), inferior al que determinó la Corte Suprema en los casos Elliff y Bianco. Para los que están en juicio, se liquidan con ese mismo índice pero con hasta 48 meses de retroactividad y para los que no hicieron juicio desde la fecha de ingreso al Programa.

Por esa razón, y pese a que el Programa benefició a más de 700.000 jubilados y pensionados que no habían demandado al Estado, la abogada previsionalista Andrea Falcone le dijo a Clarín que la oferta de ANSeS contiene "grandes quitas, condiciona la mejora de los haberes a renunciar a derechos, mejora que luego quedó anulada con el cambio de la ley de movilidad a fines de 2017". Y agregó: "Corresponde darle al jubilado lo confirmado por la Corte Suprema, sin quitas ni hacerlo pasar por abogados, oficinas de la ANSeS y Tribunales".

Un reciente Estudio de ASAP (Evolución y Financiamiento de la Previsión Social en Argentina) señala como tema "controvertido" del Programa este último punto. Así dice que "no se puede evitar que una persona acepte el acuerdo, pero luego plantee un nuevo reclamo razonado en las diferencias respecto de la aplicación de los índices salariales establecidos por la Corte Suprema y los que efectivamente termina aplicando la ANSeS". Hubo varios fallos judiciales que se pronunciaron en considerar los reajustes de RH como anticipo o a cuenta de los que determine la sentencia definitiva.

 



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