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3 de marzo de 2019
El caso de UPCN llega a Casación de Concordia
La Cámara de Casación Penal de Concordia finalmente será el tribunal que revise el fallo que absolvió en abril de 2018 a 14 dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), acusados de haber presionado al director del Hospital Santa Rosa, de Villaguay, para que desplace al jefe de ambulancias, enrolado en el gremio opositor, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En principio, el recurso de apelación interpuesto por los fiscales Nadia Benedetti y Mauro Quirolo se había realizado ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Hugo Perotti, Marcela Badano y Marcela Davite, puesto que aún no se había creado el tribunal revisor de fallos en Concordia.

Sin embargo, a fines de 2018, y tras un largo debate sobre su composición, la Cámara de Casación Penal de Concordia se puso en funcionamiento, y se dispuso que la integren interinamente los jueces Gustavo Perroud, Silvina Isabel Gallo y Aníbal Lafourcade. Perroud provenía del Juzgado de Garantías Nº 1 de Concordia, mientras que Gallo y Lafourcade eran vocales del Tribunal de Juicio.

La Cámara de Casación de Concordia es competente para entender en causas penales tramitadas en los departamentos Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Federal, Tala, Villaguay y San Salvador.

 

El caso UPCN


El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, integrado por los jueces Mariano Sebastián Martínez, María Evangelina Bruzzo y Fabián Lopéz Moras, fue el que absolvió a los dirigentes de UPCN acusados del delito de atentado a la autoridad. El fallo fue dado a conocer el 30 de abril del año pasado.

Los 14 sindicalistas absueltos, fueron: Martín Wense Bobadilla, secretario adjunto de UPCN; Claudia Jeckeln, secretaria general del gremio en Villaguay; y Carlos Faust, Silvana Monjo, Gloria Ojeda, Timoteo Velázquez, Juan Gómez, Damián Rodríguez, Juan Carlos Barreto, Mirian Barreto, Gisela Kuttel, Raquel Elsa Acosta, Andrea Vanesa Roldán y Lilia Marina Den Dauw. En el proceso contaron como abogados defensores a Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Alejandro Ortiz.

En el juicio, los fiscales sostuvieron que el 20 de diciembre de 2016 presionaron al exdirector del Hospital Santa Rosa de Villaguay, Rubén Hernández, para que desplace al jefe del servicio de ambulancias, Antonio Cáceres, agremiado en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El método utilizado para ejercer presión sobre el funcionario fue mediante la toma de su despacho por un plazo de cinco horas. También señalan que para lograr su cometido contaron con la anuencia del entonces ministro de Salud de la provincia, Ariel de la Rosa.

Los fiscales habían pedido castigos de 2 años de pena de prisión condicional; más la inhabilitación por el doble de tiempo para ocupar cargos públicos. Y sólo solicitaron absolver a Gloria Ojeda, dirigente que no participó de los hechos.

En su fallo absolutorio, el Tribunal le dio la razón a los dirigentes gremiales, al sostener que “no son sino un grupo de personas que revistan como empleados del Hospital de Villaguay, electos por su pares como delegados sindicales por la UPCN, que en la fecha y hora consignada decidieron llevar a cabo una medida de acción directa (en cuanto realización de autoorganización de una iniciativa grupal enfocada en buscar una respuesta puntual ante situaciones concretas), que si bien puede o no tener consecuencias en el ámbito del derecho administrativo sancionador, no las tiene en el terreno del derecho penal”.

El análisis de la Fiscalía


El planteo de los fiscales en el recurso de apelación es que el Tribunal de juicio interpretó erróneamente los dichos del exdirector del hospital, Hernández, y entendieron que es “un absurdo” reducir el conflicto al ámbito del derecho administrativo. Y por ello solicitan que el fallo sea revocado.

En el recurso al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora, plantean: “El denunciante Hernández no fue partícipe de una reunión amena ni pacifica, en la cual los imputados peticionaban reclamos laborales o gremiales –conforme sostiene el Tribunal-, sino que fue víctima de un apriete por parte de un grupo de más de diez personas, quienes de manera intimidante le exigieron que adopte una decisión propia de su actividad funcional -de director del hospital-, bajo la amenaza de no retirarse de su despacho hasta que haga lo que ellos pretendían”.

“La patota se apartó de lo lícito al exigir una conducta determinada al Director que era propia de su función, ajena de cualquier injerencia de terceros, en este caso los imputados; tal accionar ejecutado de la forma acreditada lo intimidó y le causó temor”, agregan.

En otro tramo, sostienen que les resulta llamativo que tras advertir el contexto de “exigencias de los integrantes de UPCN”, el Tribunal infiera que “asumir la dirección conllevaba a su vez asumir algunos compromisos con el grupo entre los que se contaban remover de sus cargos a Cáceres, al Jefe de Personal y al Jefe de Mantenimientos”.

“Estas consideraciones dejan en claro y patentiza el verdadero ‘poder real’ de la organización, el dominio del sistema de salud pública -al menos en el ámbito de la localidad de Villaguay – y dimensionan la situación de precaridad y vulnerabilidad de Hernández, marco obviamente conocido y aprovechado por Bobadilla y sus consortes”, apuntan los fiscales.

Y resaltan que “en ejercicio de ese poder y al amparo vergonzoso de la órbita ministerial de De La Rosa -quien relativiza el evento e indignamente lo cataloga como ‘un hecho normal, civilizado’- frente a la negativa inicial se profundizaron ‘las exigencias’ -en términos ingenuos del Tribunal-, se dispuso el apriete que generó el lógico temor para que se operara conforme a los designios de UPCN, contra personas que reportaban en otra agrupación gremial”.

Además, los representantes del Ministerio Público Fiscal afirman que la cuestión “no denota una cuestión novedosa en el manejo de cierta dirigencia sindical, que convive con el delito, al respecto alcanza con repasar o revisar la triste historia de algunas organizaciones comandadas por oscuros personajes que se dicen operar en beneficio de sus afiliados para constatar la ilegalidad de sus prácticas, en algunos supuestos extremos, como el asesinato de Mariano Ferreyra en el ciudad de Buenos Aires que determinara la condena de la cúpula del gremio Unión Ferroviaria”.

Por ello, señalan que para analizar el caso no puede excluirse el contexto y el “poder real” del gremio y que no se puede naturalizar bajo el eufemismo de “compromisos” las exigencias que realizaron los dirigentes gremiales que actuaron como “patota organizada para conseguir la ejecución de un acto funcional acorde a sus intereses”.

“La ‘toma del despacho’ y la permanencia por horas en el lugar, es la expresión del poder real del gremio frente al funcionario desprotegido. No resulta casual que desde el Ministerio comandado a esa época por De La Rosa no se atendiera en la emergencia a Hernández. Se lo dejó solo al Director para doblegarlo. Para que la presión ejercida por UPCN, la coacción moral, hiciera efectos y se rindiera ante la exigencia”, dice en otro momento el recurso de los fiscales.

Más adelante, los acusadores públicos advierten que el Tribunal de juicio “no repara inocentemente en la finalidad del acto que solo representa mayor poder para UPCN, que implica la construcción de la hegemonía gremial en el Hospital de Villaguay sustentada en prácticas ilícitas”.

“La reunión de todos los imputados en la oficina de Hernández agravó la acción atento el mayor poder intimidante, la mayor capacidad ofensiva para imponer la voluntad, no existen dudas de que obraron en forma conjunta y coordinada con el idéntico objetivo de imponer su voluntad a Hernández obrando en nombre y representación de UPCN; esta reunión fue acordada previamente entre los imputados, no debe perderse de vista que dos personas que se encontraban de licencia igualmente asistieron al hospital a los fines de apretar a Hernández, sabían sin lugar a dudas, todos y cada uno de los imputados, que mientras más eran más temor generarían en Hernández, mayor efecto surtiría el apriete; sin lugar a dudas se valieron de la desigualdad numérica, eran 13 contra 1”, finalizan.

Así las cosas, la Fiscalía y las defensas de los acusados esperan expectante si se confirma el fallo absolutorio o es revocado por la flamante Cámara de Casación Penal de Concordia.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.



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