29 de enero de 2019
Se viene la polémica: Ley de semillas en un año electoral
El proyecto de ley que modifica la ley de semillas no fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias del año pasado, por lo que sus defensores se esforzarán por tratarlo en primeros meses del año, ya que 2019 es un año electoral, supo AIM. La iniciativa ya cuenta con dictamen, lo que habilita su tratamiento en el recinto.

A pesar de la polémica social y económica que generó el proyecto, éste ya cuenta con número de orden del día, es decir, superó todos los pasos formales para poder ser tratado formalmente en el recinto en el 2019, ya que no perderá estado parlamentario.

Ya a fines del año pasado, desde la Comisión de Agricultura de Diputados, declararon que algunos bloques acompañarían el tratamiento de la ley a inicios de 2019.

El proyecto de ley de semillas dictaminado contempla el uso propio gratuito de las semillas para pequeños productores, el control exclusivo e indelegable del Inase, el pago único de todos los derechos de propiedad intelectual en la semilla, el precio de regalías fijadas durante cinco campañas y la desgravación por el uso de semilla fiscalizada

Sin embargo, el texto trajo aparejados enfrentamientos entre quienes pregonaban su aprobación y aquellas organizaciones y productores que sostenían que se trataba de una ley para las grandes organizaciones.

Actualmente, hay cinco proyectos de ley en el Congreso: tres del oficialismo (propuestos por Cornelia Schmidt Liermann; Alejandro Echegaray, Alcira Terada y Orieta Vera Gonzalez); uno del diputado santafesino Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), y otro elaborado por la Federación Agraria Argentina (FAA).

Cabe recordar que el Gobierno decidió retomar esta discusión que lleva al menos dos décadas de controversias con el objetivo de modificar la Ley 20247, de Semillas, promulgada en 1973, cuando las que se usaban en el país eran principalmente híbridas y la ciencia todavía no había estandarizado métodos para agregar partes de otros organismos dentro de ellas, algo que hoy se conoce como “evento” tecnológico y que en el país es pasible de ser patentado según la Ley 24.481, de Patentes 24.481 (vigente desde mediados de los noventa, cuando ingresaron al país las primeras semillas de soja transgénica, que cambiaron radicalmente el modelo agrario local).

La Comisión de Agricultura de Diputados había intentado retomar este debate a fines de agosto y, desde entonces, han sido reiteradas las protestas en forma de semillazos, radios públicas y ferias de productores en distintas ciudades del país en contra del avance de la que fue bautizada como “Ley Monsanto/Bayer de semillas”, que beneficiaría a unas pocas empresas multinacionales.

Representantes de diversas organizaciones de la agricultura familiar se hicieron presentes frente al Congreso de la nación en protesta por la intención del Gobierno de sancionar una nueva norma de semillas.

“Un argumento muy fuerte de por qué es necesario cambiar la ley es que es antigua y que se generaron muchas tecnologías genéticas desde que se promulgó, pero en los proyectos que se están evaluando no se habla de ninguna tecnología ni se hace un análisis de qué tecnologías incluir o no, y cuál o cuáles favorecerían al país para su desarrollo”, explicó el titular de la cátedra de genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Gustavo Schrauf.

Las empresas que han patentado semillas, como Monsanto (hoy Bayer) no se conforman con cobrar regalías por la propiedad intelectual al momento de vender esos insumos. También quieren cobrarlas sobre las semillas cosechadas y para eso han agregado lo que se conoce como “cláusula Monsanto” en los contratos particulares que establecen con los productores. Así, quien quiere cultivar soja, por ejemplo, debe pagar regalías al comprar las semillas que contienen el evento transgénico (que también son granos, según el uso que se les quiera dar) y, de acuerdo con ese contrato, también deberán pagar por el evento transgénico cuando quieran vender la oleaginosa cosechada.

“Hay un derecho propio de quienes han cultivado y promovido el desarrollo de especies domesticadas para uso humano, pero además hay un bagaje de germoplasma que tiene que ser preservado como potestad de los estados nacional y provinciales, acorde con lo que prescribe la Nación. Si dejamos espacios grises ocurre lo que hoy está pasando, que alguien captura rentas de algo que no está totalmente definido”, agrega el diputado formoseño por el FPV-PJ, Luis Basterra.



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