6 de diciembre de 2018
El Gobierno analiza sumar la pistola eléctrica al nuevo protocolo de Seguridad
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evalúa incorporar el arma al equipo usado por las fuerzas federales. La provincia de Buenos Aires lo rechaza y Capital Federal, quiere otras que no sean letales.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, analiza la posibilidad de que las fuerzas federales puedan utilizar las pistolas eléctricas luego de firmar la resolución por la que les concedió mayor flexibilidad a la hora de empuñar las armas de fuego para combatir el delito.
Un funcionario con llegada a Bullrich le confirmó a TN sobre el nuevo debate interno: "Por el momento no la vamos a reglamentar, pero lo estamos evaluando".

Otras armas

Desde el entorno de Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense, lo rechazaron rotundamente: "Nosotros solo tenemos diez taser para que el Grupo Halcón las use en la toma de rehenes, pero no en la vía pública. Cuando llegamos nos encontramos con muchos policías que nunca habían hecho una prueba de tiro. Antes que redefinir el marco de actuación tenemos que culminar este camino de reforma profunda e integral".

El uso de taser

En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, pretenden un punto medio. Desde el entorno del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ahora a cargo de las funciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, le aclararon a este medio: "La taser no está en discusión, pero Santilli quiere reunirse con Bullrich para impulsar la reglamentación de otras armas no letales, como la pistola marcadora, gas lacrimógeno y gas pimienta".

Inconstitucional

Con el Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego, los integrantes de las cuatro fuerzas -Policía Federal, de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura-, no deberán identificarse como tal cuando dicho acto "pueda suponer un riesgo de muerte o lesiones su propia vida" ni esperar a que el sospechoso dispare primero. 
De inmediato, la legisladora porteña del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, y la referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, denunciaron el nuevo protocolo y el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, lo declaró inaplicable en la ciudad de Buenos Aires por inconstitucional.



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