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1 de agosto de 2018
Con referencias a la absolución del juez Rossi, Diputados aprobó el proyecto de ejecución de penas
La Cámara Baja aprobó este martes y giró al Senado el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo el año pasado, que introduce cambios al régimen de ejecución de penas y medidas de seguridad. La iniciativa había tenido dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General hace 15 días, pero había pasado a consulta y fue finalmente tratado en esta jornada. Críticas de los diputados Vitor y Lara a la absolución del Juez Rossi.



No obstante, expresó que el fallo absolutorio a Rossi “en lo personal, deja mucho que desear”, cuestionó al juez por las “chicanas procesales” a través de sucesivas recusaciones, y apuntó al rol del procurador General de la provincia, Jorge García, quien no acusó al juez: “En nuestra ley de Jurado de Enjuiciamiento, el procurador no tiene la facultad sino la obligación legal de llevar adelante la acusación, independientemente que en la etapa final del jury pueda o no solicitar la pena de naturaleza política, pero tiene que acusar. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la ley”. Además, pidió por la modificación de la norma y que se integre a los dos representantes de la sociedad civil, tal como dispuso la reforma constitucional de 2008. Por otro lado, tomó estado parlamentario el pedido de desafuero, número de expediente 1194, que remitió el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, quien elevó a juicio una causa en la que están acusados Sergio Urribarri y Pedro Báez.de ANALISIS DIGITAL

Los pedidos de desafuero de los tres diputados Sergio Urribarri, Pedro Báez y José Allende, siguen en debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. De hecho, en esta jornada tomó estado parlamentario el remitido por el juez Ruhl. Figuró como punto 14 de las Comunicaciones Oficiales del temario de asuntos entrados de la Cámara Baja. No obstante, no hay fecha aún de cuándo habrá una decisión sobre los expedientes. Cabe recordar que los dos primeros legisladores tienen pedido de desafuero en causas por corrupción en la gestión anterior, mientras que Allende en el marco de una invetigación penal por coacciones en perjuicio de un periodista.

De esta forma, en la sesión de este martes Diputados aprobó varias iniciativas con despacho de comisión. Entre ellas, destaca el proyecto de ley de ejecución de penas y medidas de seguridad, en el contexto del reciente fallo absolutorio del juez Rossi.

El miembro informante del texto de ley, enviado el año pasado por el Ejecutivo luego del femicidio de Micaela García, fue el legislador Diego Lara, quien hizo un contexto de la iniciativa, y explicó cuáles eran los cambios que habrá de ahora en más, una vez que el Senado le dé sanción.

“Esta última etapa del proceso penal es la más olvidada, o la que menos atención le merecen los marcos legislativos”, admitió el legislador, e inmediatamente añadió: “Pero esta temática ha recobrado una importancia para destacar en los últimos tiempos y lamentablemente en nuestra provincia Conocido es lo que ocurrió hace mas de un año, cuando se dio lamentablemente un hecho trágico, luctuoso, que fue el asesinato de Micaela García, y que desató una conmoción social en todo el país y una discusión referida a esta cuestión, de hasta dónde llega la discrecionalidad de los jueces de ejecución penal para disponer estas salidas anticipadas, estos beneficios liberatorios; porque alguien tiene que hacerse cargo de las consecuencias que pueden ocurrir”. 

Para Lara, el sistema “falló desde el inicio” en el caso de la joven víctima de Sebastián Wagner, desde la pena a 9 años de prisión impuesta por dos casos de violación, “y donde hubo un juez, Rossi, sin atender los informes del Servicio Penitenciario, ni el dictamen del propio Juzgado que es titular, y que de hecho sigue siéndolo con el fallo de ayer del jurado de enjuiciamiento, que aconsejaban que no era conveniente otorgar el beneficio; y los hechos son de público conocimiento. Lo que mereció que, en el marco de esa conmoción social, miembros de esta Cámara, del Senado, de organizaciones de la sociedad civil, de defensores del pueblo, de particulares, promovieran una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento”. 

En ese punto, aclaró que el tratamiento del proyecto no se da tras el fallo de este lunes, sino que se vino debatiendo desde el año pasado con especialistas en la materia. “Que no se entienda que esto es un tratamiento aprovechando este contexto”, afirmó.

El legislador señaló que “no era fácil el consenso en un tema muy complejo, pero no solo por lo que ocurrió con Micaela García, sino porque el derecho de ejecución de penas es complejo en sí mismo, porque hay que buscar un punto de equilibrio en una tensión que la sociedad siempre expresa; por un lado, el interés de la sociedad que exista un sistema penal estricto, riguroso, exigente, por la seguridad ciudadana de todos y que piden mano dura, pero también el garantismo que está establecido en los pactos constitucionales, la Constitución Nacional y las leyes de naturaleza penal, donde debe haber una protección hacia el condenado porque las cárceles no pueden ni deben ser un depósito de personas y porque la función de la pena es resocializar y reinsertar en la sociedad”.

Para Lara “el fallo de ayer en lo personal deja mucho que desear, porque no sé si funcionó el sistema. Comenzó con una pena exigua, se otorgó una libertad condicional sin receptar los informes del equipo interdisciplinario, porque el fiscal en su momento no apeló; porque existió un proceso plagado de chicanas procesales que hizo que fuésemos recusados permanentemente los representantes del Poder Legislativo que integramos el Jurado de Enjuiciameinto, y porque existió la postura de un Procurador General de la Provincia que en nuestra ley de Jurado de Enjuiciamiento no tiene la facultad sino la obligación legal de llevar adelante la acusación, independientemente que en la etapa final del jury pueda o no solicitar la pena de naturaleza política, pero tiene que acusar. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la ley”.

Luego, explicó que la ley que será girada al Senado tiene tres partes. “La primera apunta a adherir a las leyes nacional 27372 y 27375”, la creación de un nuevo Juzgado de Ejecución de Penas con asiento en Concordia (que se suma al de Paraná y el de Gualeguaychú) y la respectiva a las competencias que tiene el juez”.

Respecto del procedimiento, para poder disponer el juez una medida liberatoria “deberá tener un informe favorable del Equipo Técnico Disciplinario. Puede en todo caso negar (la medida) por más que el dictamen sea favorable, lo que no puede es otorgar la medida si el dictamen es denegar lo solicitado”, explicó Lara. En el caso de que el dictamen sea desfavorable, podrá solicitar uno nuevo en las condiciones que fije la reglamentación de la ley. 

En ese punto, pidió por la reforma de la ley del Jurado de Enjuiciamiento, en lo que respecta a cumplir con la disposición constitucional de 2008 de integrar a dos representantes por la sociedad civil y “democratizar este instituto. Son de las tantas cosas pendientes para discutir”, admitió.

Por Cambiemos, el diputado Esteban Vitor dijo compartir varios de los conceptos de Lara, y destacó particularmente el tratamiento que recibió el proyecto en la Cámara. “En principio era de una forma (el texto), y se fue perfeccionando, se escucharon a las partes” y destacó las exposiciones del magistrado Rubén Chaia y de la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora. “Creo que es un adelanto este proyecto”, aseguró.

Además, expresó: “Ojalá nunca más suceda lo que sucedió con Micaela, no podemos decir o echarle la culpa al sistema, alguien se tiene que hacer responsable”, y refirió al mensaje del presidente Mauricio Macri por Twitter. Además, refirió al caso Antivero, ocurrido en Paraná a principios de año. “Pidió la libertad condicional, la jueza Bértora se la deniega, apela, la Cámara revoca esa denegación, sale en libertad y en la zona del Volcadero, a los pocos días, mata a un joven Luis Ibarra, de 24 años. Alguien se tiene que hacer responsable de esto, como representantes del pueblo no podemos ignorar estas cosas”.

Respecto del proceso en el Jurado de Enjuiciamiento, Vitor consideró que fue “sumamente desprolijo” y cuestionó a Rossi por las recusaciones, particularmente en las que refería a Vitor cuando fue designado para integrar el organismo.



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