8 de enero de 2018
¿Cuáles son las nuevas pautas que deberán cumplir los funcionarios?
Ley de ética pública: la Oficina Anticorrupción concluyó el borrador del proyecto para reformularla. Preparan exigencias más estrictas como ser un mayor control de los bienes y evaluar eventuales conflictos de intereses.

El Gobierno de la Nación prepara un proyecto para reformular la ley de ética pública, que intenta saldar muchos de los grises de la legislación actual y controlar los conflictos de intereses. La iniciativa no solo involucra al Presidente y sus ministros, sino también a jueces, fiscales, diputados y senadores. 

El germen de la iniciativa es el trabajo que realizaron el año pasado diputados oficialistas y opositores en una subcomisión de Asuntos Constitucionales. Tras ese debate, la Oficina Anticorrupción (OA) redactó su proyecto. Laura Alonso, titular de la OA, señaló que "es un proyecto basado en la experiencia, para prever situaciones que hoy no están claras. La persona que entre en el Estado deberá asumir costos personales". 

"Será una ley más poderosa para alejarnos de la corrupción que tanto nos costó. El Presidente decidió que en su gobierno solo hay lugar para funcionarios decentes", enfatizó Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional y promotor de la ley.

En el Gobierno aún no definieron si Macri enviará ese texto al Congreso o si les hará el pedido a viva voz a los legisladores para que impulsen su tratamiento.

Las nuevas normas éticas

Declaraciones juradas patrimoniales

Propone ampliar los "renglones" de las declaraciones juradas patrimoniales. Se buscarán detectar no solo posibles enriquecimientos injustificados, sino también incompatibilidades.

Además de publicar sus bienes, deberán detallarse las actividades laborales anteriores y los vínculos con asociaciones o fundaciones.
Todos los jerárquicos de los tres poderes deberán presentar su declaración patrimonial. El texto oficial propone que "quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales" deberán informar sus bienes. Este inciso apunta a controlar los patrimonios de los dirigentes gremiales, un reclamo que viene agitando Elisa Carrió .

Patrimonio conyugal

Volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad. En 2013, la gestión de Cristina Kirchner impulsó un cambio en la ley que restringió esos datos y habilitó a que las parejas custodien los bienes que el funcionario no quería sacar a la luz.

Conflictos de intereses

El capítulo de "conflictos de intereses actuales" destaca que está prohibido "realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones", "proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia" e "intervenir en gestiones judiciales contra el Estado". Cambiemos busca, así, controlar a los legisladores abogados que patrocinan juicios contra el Estado.

El Presidente y los ministros deberán desprenderse de las acciones o cualquier otro título emitido por sociedades vinculadas a su área "o cuya cotización pudiera verse influenciada". En ese caso, la ley ofrece dos opciones: vender las acciones o constituir un fideicomiso ciego. 

La iniciativa, en tanto, señala que los funcionarios de jerarquía tienen prohibido ser socios de instituciones que representen intereses sectoriales "cuyo objeto resulte concurrente con su función". 

Designación de parientes y amigos

Además, el texto explicita que "el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo", aunque nada dice respecto de otras áreas del Estado. Sobre la retroactividad, la ley impone que quienes se encuentren en un conflicto de intereses con la nueva la ley "deberán optar entre su cargo y la actividad incompatible dentro de los 30 días".

La actividad después de la gestión

El proyecto oficial apunta a la actividad después de la gestión. Los funcionarios salientes podrán volver al ámbito privado, pero no tener una relación contractual con la dependencia pública en la que se desempeñaban.

Titularidad de la OA

El titular de la OA deberá ser nombrado a propuesta del Presidente, para luego celebrar una audiencia pública abierta a observaciones. Se propone, además, que el cargo dure cinco años, con posibilidad de reelección.



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