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9 de octubre de 2017
El Congreso después de las elecciones
Independientemente de los resultados de las elecciones, Cambiemos no tendrá mayoría en ninguna Cámara y estará obligado a negociar. Entonces, si el peronismo no K – podría formar una bancada de más de 40 diputados- acepta realizar acuerdos, hay leyes importantes que saldrán en el período ordinario. En cambio, si la situación es a la inversa, el presidente extenderá los días parlamentarios. También puede ocurrir que se voten algunas normas antes del 30 de noviembre (último día para aprobar leyes) y otras a partir del 10 de diciembre, en período extraordinario.

En caso de aplazarse el tratamiento de estos proyectos, la presencia de Cristina Kirchner en el Senado también beneficiaría al Gobierno, ya que vendrá de la mano con una división del bloque PJ-FpV, que tiene formalmente 36 miembros pero que con los aliados supera los 40. Esto se verá reducido no solo por los senadores que Cambiemos conseguirá en las elecciones sino porque el jefe de la bancada, Miguel Ángel Pichetto, ya anticipó que no compartirá espacio con la ex presidente. Se estima que el bloque del FPV será de entre 10 y 12 senadores.

Leyes que tratará el Congreso

Las iniciativas que impulsará el Ejecutivo después de las elecciones están mayormente relacionadas a la economía y las considera “fundamentales” para los objetivos de gestión de cara al 2019.  Entre los proyectos, se encuentran:

-Presupuesto 2018: La Ley de Leyes ingresó el 15 de septiembre pasado y se encuentra en estudio de Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No se prevé su tratamiento hasta después de las elecciones. El texto incluye un crecimiento de la economía del 3,5%, dólar a $21, una inflación cercana al 12% y una baja del déficit fiscal al 3,2 por ciento.

-Responsabilidad Penal Empresaria: El pasado 27 de septiembre, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que apunta a penalizar a las empresas por delitos de corrupción y lo envió a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Se espera su tratamiento después de las elecciones aunque no se descarta su aprobación previamente.

La iniciativa fue impulsada por Poder Ejecutivo y aprobada con cambios por la Cámara baja en julio pasado, pero el Senado introdujo nuevas modificaciones, por lo que fue enviada nuevamente a Diputados.

El Senado acortó el objeto a apenas cinco crímenes: “Cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional”; “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”; “concusión” (exenciones ilegales); “enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”; “balances e informes falsos agravados”.

Dentro los cambios aprobados, se destaca la eliminación de la “imprescriptibilidad de los delitos de corrupción”.  También se modificó la limitación a la futura ley a delitos contra la administración pública, de manera de no abarcar todos los delitos contemplados en el Código Penal y la creación de un programa de integridad para prevenir la corrupción al interior de la empresa. Las modificaciones incluyen además la delimitación del objeto (el artículo 1), la incorporación a las Pymes y los art. 17 (de confidencialidad de la negociación) Art. 22 23 y 24 referente a el programa de integridad en la cual incorporan responsabilidad subjetiva. Las sanciones serían proporcionales teniendo en consideración el riesgo empresario.

- Reforma Impositiva: El Ejecutivo planea enviar en los próximos meses el proyecto de ley. Está previsto que se discuta en la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria, que ya está funcionando. En el oficialismo creen que no es inminente que se apruebe esta norma –la impositiva- sino que será un “debate largo”. Estiman, además, que recién en el último año de Macri como presidente entraría parcialmente en aplicación.

-Responsabilidad Fiscal para las provincias: Ingresó  al Congreso en septiembre de este año y aguarda su tratamiento en el Senado. El proyecto tiene por objetivo establecer reglas que garanticen la solvencia fiscal de las cuentas públicas nacionales y provinciales.  Otro punto central del proyecto estipula no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento, debido a que este acuerdo apunta a lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales.

Pero más allá de que el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal sea enviado al Congreso mucho dependerá de cómo se resuelva el problema de las demandas de las provincias al Estado por la devolución de fondos que les retuvo la Anses. La Corte Suprema de Justicia recientemente emitió 17 fallos por los que emplaza a la misma cantidad de provincias a que definan si van a elegir el camino judicial o la negociación con el Estado nacional por la devolución del 15 por ciento de la coparticipación que dejaron de recibir para financiar a la Anses. Las provincias tienen tiempo hasta el próximo jueves 24 para responder el escrito.

-Revalúo Fiscal: El gobierno nacional envió en septiembre de este año a la Cámara de Diputados un proyecto de revalúo impositivo y contable sobre bienes situados o utilizados económicamente en el país. Asimismo, crea un impuesto especial que se aplicará sobre el importe de la actualización fiscal. La iniciativa aún no tuvo movimientos y responde a tres objetivos, que son reducir la litigiosidad actual por el tema del impuesto a las Ganancias; ofrecer a las empresas una solución a un problema de más de quince años a la hora de cerrar sus balances, fomentar el crecimiento de la economía porque las empresas que opten por sumarse al revalúo mejorarán de inmediato su perfil crediticio.

De acuerdo al proyecto, las empresas que voluntariamente deseen actualizar el valor de sus activos para mejorar su perfil crediticio o bien desprenderse de esos activos sin pagar por esa operación impuesto a las Ganancias por el total de la apreciación nominal -que en gran medida responde a la inflación- podrá optar por pagar una alícuota -que depende del tipo de bien en cuestión- y revaluar sus bienes, con la condición de renunciar a cualquier litigio por este tema.

El revalúo afecta a cuatro categorías de bienes: inmuebles, bienes muebles amortizables (incluida la hacienda con fines de reproducción), quedando comprendidos los automóviles sólo cuando su explotación constituya el objeto principal de la actividad.

También se incluyen las acciones, cuotas y participaciones sociales, emitidas por sociedades constituidas en el país, como minas, canteras, bosques y bienes análogos. Y en cuarto lugar, se agregan los bienes intangibles, incluidos los derechos de concesión y similares.

-Reforma laboral: El Gobierno enviaría al Congreso después de las elecciones un proyecto de ley de reforma laboral. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, informó que a la brevedad, comenzará una discusión para avanzar en el tema, inspirados en el proyecto que en Brasil, aprobado en julio pasado en el vecino país. La reforma laboral que planifica el Gobierno comenzará a materializarse con las primeras paritarias de 2018 y tendrá rasgos distintivos de acuerdo con el sector y su convenio colectivo. Como eje en la disminución de costos, hay un abanico de alternativas que están hoy en evaluación: baja de aportes patronales para las obras sociales; revisión de cláusulas de antigüedad, escalas y funciones; no avalar pagos extraordinarios, salvo excepciones, como un plus por presentismo, y establecer las pasantías como un atajo para capacitar personal a valores más bajos.

 -Impuesto al cheque: El Gobierno envió el pasado 15 de septiembre a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de prórroga, hasta diciembre de 2019, del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”. La iniciativa, aún sin tratamiento, contempla una modificación: propone que el 70% de la recaudación del tributo, que hoy retiene la Nación, se destine a la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

Así, el Poder Ejecutivo podrá obviar coparticipar la totalidad de lo recaudado por el impuesto con las provincias, como demandan los gobernadores, y se asegura para sí el 70% que actualmente percibe por medio del escudo de la Anses.

-Mercado de capitales: El proyecto del Poder Ejecutivo se encuentra sin tratamiento en la Cámara de Diputados. La propuesta impulsada por Cambiemos consta de más de 200 páginas y 187 artículos. Ingresó en noviembre de 2016 y dentro del Congreso esperaban tratarlo en las sesiones extraordinarias de diciembre, pero eso no sucedió.  En 2017, no hubo avances al respecto.

 

El proyecto apunta al desarrollo de capitales y la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos. También pretende crear la figura de agentes administradores de inversiones, que asesorarán en la adquisición y tenencia de acciones como también los agentes de custodia de productos de inversión colectiva.

-Defensa de la Competencia: El proyecto de ley se encuentra en estudio de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados.

La iniciativa es resultante de la combinación de las iniciativas de Mario Negri (UCR – Córdoba) y Elisa Carrió (Coalición Cívica – Ciudad de Buenos Aires). Tiene como objetivo mejorar la competencia en los mercados, disponiendo para ello de la creación de nuevas estructuras que permitan detectar y sancionar con más peso conductas anticompetitivas.

El proyecto tiene como objetivo la promoción y el fomento de la competencia. Para ello, dispone la creación de la Subsecretaría de Fomento a la Competencia, en el ámbito de la Secretaría de Comercio de la Nación, que estará encargada de la administración de los recursos para dar cumplimiento a la Ley; dar impulso a investigaciones; promover la competencia en distintos mercados; capacitar funcionarios; elaborar indicadores e informar al Congreso de la Nación sobre la gestión en la materia.

El proyecto también impone un nuevo modo de control de compras y fusión de empresas: el mismo será ex ante a la incorporación de un procedimiento simplificado respecto a concentraciones que no presentan efectos negativos a la competencia. Además, establece nuevos umbrales permitidos para compras y fusiones.

El presupuesto 2018, la prórroga del impuesto al cheque, el proyecto sobre responsabilidad fiscal, la reforma impositiva, tienen un denominador común: afectan recursos fiscales de las provincias. Por tal motivo, el Gobierno apuesta a tratar todas estas iniciativas en una misma mesa de negociación con los gobernadores después de las elecciones legislativas de octubre.



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