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18 de septiembre de 2017
Ley de ART (a punto de caer) obliga a Gobierno a mirar hacia la Corte
NORMA CLAVE PARA EL OFICIALISMO APUNTA A SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA JUSTICIA DEL TRABAJO
Ejecutivo fracasó en intento para correr a juez que ya había anulado DNU idéntico. Malas noticias en primera instancia podrían repetirse en Cámara por pelea con fuero laboral. Definirá el máximo Tribunal sin plazos.

El Gobierno perdió una batalla que podría costarle la guerra en torno de una de las leyes consideradas medulares para la administración Cambiemos. La reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo que impuso la obligatoriedad de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como paso previo a iniciar cualquier juicio laboral ingresó en un terreno pantanoso del que podría salir anulada, en un revés judicial inesperado. Con ese escenario como el más probable, el oficialismo deberá jugar todas sus fichas a la Corte Suprema de Justicia para que tenga la última palabra. De fondo se tratará de un round más entre la Casa Rosada y los tribunales laborales, a los que el presidente Mauricio Macri apuntó como un engranaje más de la denominada industria del juicio, algo que sulfuró a los magistrados. 

La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el último intento de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para apartar al juez Alejandro Aníbal Segura del trámite de dos amparos contra la nueva ley de ART. La recusación "con causa" había sido intentada luego de que el magistrado a cargo del juzgado del Trabajo N°41 declarara "inconstitucional e inconvencional" el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo había avanzado en la implementación de la modificación. Ante la inminente caída del DNU y con la sanción de la ley en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se apuró a promulgarla para evitar un vacío legal. Sin embargo, las impugnaciones sobre esa norma aprobada por el Congreso volvieron a concentrarse en su juzgado. Con ese antecedente, la Superintendencia buscó correr al juez alegando que había adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión. Segura lo dejó claro cuando anuló el 22 de febrero el artículo 1° del DNU y advirtió que "lo sustancial no se modificará un ápice para cuando ésta esté promulgada y publicada porque son irremediablemente inconvencionales e inconstitucionales". De todas formas, el juez rechazó además el argumento de prejuzgamiento que invocaba el Gobierno y la Sala VII -con la firma de Néstor Rodríguez Brunengo y Estela Ferreirós- le dio la razón al remarcar que para que esa causal se produzca, la opinión debía "anticipar de manera inequívoca el resultado del litigio". Tampoco aplicaría cuando se trate de una sentencia de un caso a su cargo. Y deslizó que el mecanismo debe ser taxativo porque si no se transforma en una vía espuria para la elección de jueces. La fiscalía se había pronunciado en el mismo sentido, por lo que el fracaso complicó el trámite del expediente para las aspiraciones oficiales.

Los dos expedientes acumulados en el juzgado de Segura son de otro de los verdugos de la ley de ART: el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo. Su amparo a título personal y otro en nombre del CPACF, sembrados apenas se promulgó la Ley 27.348 serán sobre los que se pronuncie el juez. El pronóstico es poco auspicioso para la Casa Rosada que tendrá que dar por descontado un revés en primera instancia. Pero el escenario podría repetirse incluso ante una eventual apelación. La Sala III de la Cámara del Trabajo deberá revisar esa decisión. Ese tribunal está presidido por la camarista Diana Cañal a quien el Ejecutivo denunció ante el Consejo de la Magistratura en su cruzada contra los jueces laborales. Le reprocharon, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), haber dictado una cautelar que ordenaba la reinstalación de 9 despedidos de la exAFSCA. Junto al camarista Luis Raffaghelli le pidieron el juicio político. Esa furiosa decisión se vuelva ahora en contra de cualquier vaticinio auspicioso. 

Indefectiblemente, el Poder Ejecutivo deberá apostar sus fichas a una decisión final de la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti. El máximo Tribunal ya envió guiños hacia la puja que el Gobierno entabló con el fuero laboral a través de diversos fallos donde deslizó cuestionamientos a su accionar. El último apuntó contra la Sala VII al revocar una de sus sentencias y establecer que no podían fijar el monto de una indemnización por accidente laboral apartándose del cálculo establecido en la ley de Riesgos de Trabajo. Fue interpretado como un freno a las decisiones judiciales que el Gobierno no se cansa de cuestionar públicamente como una causal de ausencia de clima para fomentar inversiones. Según los datos del propio fuero, hubo un incremento exponencial de demandas en los últimos meses. 

No será el primer revés para la ley de ART que para casos puntuales ya había sido declarada inconstitucional, por ejemplo, en el Juzgado del Trabajo N° 42 que consideró que el paso obligatorio por una instancia administrativa como son las comisiones viola el principio de "acceso a la Justicia" por lo que desestimó su competencia previa y habilitó la intervención directa de los tribunales laborales. Sin embargo, ahora se dirimirá el amparo más importante en representación de los abogados que representa Rizzo y que agrupa el Colegio Público. 

El Gobierno no logra perforar el dique legal que le están imponiendo desde tribunales. En medio de la puja, la Superintendencia intentó crear un registro para conocer qué abogados litigan argumentando la inconstitucionalidad de la ley de ART en casos específicos. Los laboralistas lo consideraron una avanzada de "listas negras" de letrados. Una cautelar suspendió el registro al menos por 6 meses.



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