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27 de agosto de 2017
El fondo del conurbano bonaerense, una pelea por medio punto del PBI
Cualquier solución para atender el reclamo de Vidal implica para las demás jurisdicciones resignar recursos

Ante la Corte Suprema de Justicia se dará una de las batallas económico-políticas del año: la de los gobernadores peronistas que rechazan resignar recursos para que a Buenos Aires se le elimine el techo del fondo del conurbano. La pelea es por unos $ 50.000 millones anuales, equivalentes a medio punto del PIB. Hay distintas alternativas de solución pero, en todas, o las provincias o la Nación deben perder algo.

Hace un año la gobernadora María Eugenia Vidal promovió una demanda contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de una cláusula de la ley de impuesto a las ganancias que establece un tope de $ 650 millones anuales en la participación del 10% que la provincia tiene en ese gravamen para el Fondo del Conurbano.

 

Si se suman los retroactivos -por los recursos que ese distrito no recibió entre 2011 y 2015- la demanda ronda los $ 300.000 millones. Un trabajo del Iaraf, que dirige Nadin Argañaraz, señala que este año el Fondo llegaría a los $ 53.024 millones (del 10% de la recaudación de Ganancias, $650 millones van a Buenos Aires, y $ 52.374 millones para las otras 22 provincias), mientras que el Fondo de Obras de Infraestructura -que se integra con el 4% de Ganancias- repartirá $ 21.210 millones entre las 22 jurisdicciones, excluyendo a CABA y Buenos Aires.

Gobernadores y economistas admiten la "justicia" del reclamo, ya que Buenos Aires fue perdiendo participación sistemáticamente en el reparto, pero el punto de disidencia es de dónde salen los recursos.

 

Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea, el economista Marcelo Capello, explica a LA NACION que, proyectando la recaudación de Ganancias para 2018 -unos $ 660.000 millones- eliminar el tope del fondo del conurbano implicaría que Buenos Aires reciba unos $ 65.000 millones adicionales el año que viene, monto que perdería el conjunto del resto de las provincias.

Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe dejarían de recibir unos $ 7300 millones; Entre Ríos, $ 4000 millones, y Catamarca, $ 2250 millones. "Claramente se trata de una situación inviable, por lo que implicaría en términos fiscales para esas provincias una caída del 10% en los recursos que reciben automáticamente de la Nación".

 

Walter Agosto, investigador principal de Cippec y ex ministro de Hacienda de Santa Fe, señala que el tope del fondo habilitaba a que el excedente se distribuyera entre el resto de los distritos, "lo que terminó cristalizando una situación que, al momento de revertirla, perjudicará a esas provincias. La solución mágica de «eliminemos el techo» es inviable política y económicamente para las provincias".

El Iaraf diseñó distintos escenarios. En el de máxima, que implicaría que la Corte interprete que el problema es de distribución secundaria y mantenga el fondo sin tope y también el de Obras de Infraestructura, representaría para Buenos Aires recibir 38% más de coparticipación mientras que en conjunto las otras provincias resignarían el 9%.

El escenario de mínima sería eliminar el Fondo del Conurbano, reintegrar los $ 650 millones a la masa coparticipable bruta manteniendo el Fondo de Obras de Infraestructura como funciona actualmente; en ese caso las provincias resignarían el 2% de lo que hoy reciben.

Para Capello es "difícil" imaginar una solución política en la cual Buenos Aires recupere el dinero sacrificado que implica el tope y que sea el resto el que resigne todo.

"Lo más probable es que lo que gane Buenos Aires lo termine aportando el gobierno nacional por otra vía -agrega el economista-. El problema es que el sector público nacional parte de un déficit elevado, y además promete bajarlo, con lo que también resulta inviable".

Agosto coincide con ese análisis y advierte en la necesidad de concentrarse hacia adelante, "ya que para atrás es más complejo en lo legal y en los económico". Descontando que los gobernadores no quieren perder ni con las alternativas de máxima ni con las de mínima, también cree que la única posibilidad es que la Nación aporte de sus arcas.

Para el Ieral lo más conveniente sería que la provincia de Buenos Aires recupere en forma efectiva la participación que tenía en la distribución secundaria a mediados de los 90 (entre 21% y 22% del total que reciben provincias, mientras que hoy está en 18,1%), sin que ningún distrito reciba menos recursos en términos nominales. Esa vía serían unos $ 38.000 millones adicionales para Buenos Aires en 2018.

"Esta discusión abre una gran oportunidad de refundar fiscalmente el país atacando de manera integral y simultánea todos los frentes -apunta Argañaraz -. No se trata de un cambio de shock sino que abarque los distintos aspectos para no seguir poniendo parches".

Impuesto al cheque

Frente a propuestas como la de coparticipar el impuesto al cheque que hicieron los gobernadores, Agosto insiste en que "en lo monetario podría compensar a las provincias, mientras que la Nación resignaría ingresos, pero sería una mala señal porque es un gravamen que hay que eliminar". Si se adoptara ese esquema, el economista dicen que deberían aplicarse coeficientes explícitos, superadores de los actuales.

"Si miramos lo sucedido en 2016, hubo una suerte de compensación a Buenos Aires porque las transferencias corrientes de la Nación rondaron los $ 39.000 millones -describe-, pero hay que diseñar un arreglo institucional más decoroso; sino, se termina dependiendo del humor político".

Los tres economistas consultados por LA NACION coinciden en que hay otra redistribución entre provincias también distorsiva, como es la asignación de los subsidios económicos. En este caso son la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense los más beneficiados; sus habitantes pagan tarifas de servicios sensiblemente más bajas que en el resto del país.

"Lo correcto sería una solución progresiva, en la que ambas distorsiones se corrigen simultáneamente: se deja de castigar a Buenos Aires en el reparto de la recaudación de Ganancias, y se equiparan los subsidios económicos per cápita entre los habitantes de las diferentes provincias del país", señala Capello.

Para Agosto, en temas tan complejos como el del fondo del conurbano, la solución debe ser "gradual para que no sea como todas las modificaciones de los últimos años, que terminaron siendo parches o resoluciones judiciales. Hay que discutir un nuevo acuerdo federal". En la misma posición se ubica Argañaraz, "incluir todos los temas y dar un debate integral".

Los ejes de un reclamo

Una situación con una historia de décadas

Un techo histórico

El fondo del conurbano es una asignación especial para ese territorio bonanerense, que tiene un tope de $ 650 millones, una cifra que no se modifica desde mediados de la década del 90

Una renovada demanda

La gobernación de María Eugenia Vidal reclama una recomposición de ese monto; pero cualquier respuesta que podría obtener la provincia implicaría que las otras jurisidcciones tengan que resignar recursos que hoy reciben



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