11 de julio de 2017
Licencia por violencia de género, en el olvido
En julio de 2016, el diputado Pablo Ferreyra (FPV) presentó a la Legislatura porteña un proyecto de ley que buscaba promover y garantizar “los derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras en situación de violencia de género”. Si bien hubo un acuerdo previo con el PRO, ahora el oficialismo no lo considera una iniciativa para avanzar

La iniciativa a la que tuvo acceso AIM contempla la creación de una licencia especial para las mujeres víctimas de este flagelo y está destinada a las trabajadoras que se encuentren dentro del régimen de empleo público.

Ferreyra informó a esta Agencia que, en su momento, hubo un acuerdo con el PRO, para que avance la ley, pero después retrocedió. “Lamentablemente, estamos en una etapa en donde el oficialismo no lo considera una iniciativa para avanzar”, subrayó el legislador porteño.

Qué más dice el texto

Según la norma, podrán gozar de tal licencia, quienes sufran situaciones enmarcadas en la ley nacional 26.485, de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Las trabajadoras deberán presentar una certificación emitida por “organismo o dependencia administrativo/a y/o judicial correspondiente, los servicios sociales de atención o cualquier centro de salud con competencia para la atención y asistencia a las mujeres en situación de violencia”.

De esta manera, no sólo las faltas estarán justificadas sino también las faltas de puntualidad en el trabajo. Asimismo, establece que “según la complejidad del caso”, el empleador deberá extender la licencia y reducir la jornada laboral.

En tanto, otro de los artículos indica que “al otorgarse la ‘licencia laboral por violencia de género’ se dispondrán medidas para el acompañamiento, seguimiento y abordaje integral a través de los organismos competentes”.

Para el diputado, “esta ley apunta a reconocer que la violencia de género no es una enfermedad, ni un asunto particular o privado de las mujeres, sino que es una manifestación cultural creciente de desigualdad y poder que el Estado debe reconocer a través de normativas específicas y políticas públicas”.



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