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4 de julio de 2017
Ley de fueros: ¿en qué casos ampara a los funcionarios y cuándo pueden ser detenidos?
Fue modificada en el 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, después del escándalo por los sobornos en el Senado; prohíbe el allanamiento de los domicilios y oficinas de legisladores nacionales

La ley de Fueros establece el régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados y reglamenta el artículo 68 de la Constitución. Fue promulgada en el 2000, durante el gobierno deFernando de la Rúa, después del escándalo por los sobornos en el Senado.

Hoy, esta ley suscita especial atención, luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera el desafuero del diputado nacional y ex ministro de Planificación Federal kirchnerista, Julio De Vido, para que pueda ser detenido.

 

Los fueros para los funcionarios se encuentran establecidos por la Constitución Nacional, en su artículo 68: "Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador".

En el artículo siguiente agrega que "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho".

 

En el artículo 70 detalla que el acusado "podrá ser suspendido en sus funciones con la aprobación de cada Cámara, con dos tercios de votos".

Reglamentación

Estas normas fueron reglamentadas por la La ley de Fueros Ley 25.320, en el 2000. Allí se establece que en los casos en que haya abierta una causa penal contra un legislador, funcionario o magistrado, la Justicia debe continuar el procedimiento "hasta su total conclusión".

 

Pero con respecto a la posibilidad de allanar, aclara que "no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la Cámara" de Diputados o Senadores, según corresponda.

Sobre la posibilidad de arrestar a los funcionarios, la ley lo impide "hasta tanto el imputado no sea separado de su cargo".

Según la norma, la solicitud de desafuero debe ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo de 60 días para emitir dictamen. Mientras que la Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, "aún cuando no exista dictamen de comisión".

También señala que el llamado a indagatoria "no se considera medida restrictiva de la libertad", pero aclara que en caso de que el acusado no se presentara "el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político".

Debate por la constitucionalidad

El referente radical Ricardo Gil Lavedra era ministro de Justicia cuando se reglamentó la ley. En diálogo con LA NACION recordó: "Es una ley que reglamentó la inmunidad que prevé la Constitución para los legisladores y funcionarios y establece la inmunidad de arresto, aunque determina que las causas pueden seguir hasta su conclusión. Y para tomar cualquier medida restrictiva, es necesario que la Cámara lo desafuere y le quite la inmunidad", describió el también ex diputado nacional.

"Esto no impide la formación de causas y que puedan llegar a su finalización. Se puede formar causa, pero para arrestarlo es necesario que la Cámara dicte el desafuero con dos tercios de los votos. Es decir que nada impide que se forme causa", dijo Lavedra, que remarcó su acuerdo con la sanción de la ley.

La diputada nacional por Cambiemos, Patricia María Vásquez, presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia una demanda para que se declare la inconstitucionalidad del artículo de la Ley de Fueros que prohíbe el allanamiento de los domicilios y oficinas de legisladores nacionales.

"Resulta inaceptable la creación de una suerte de fueros personales de los legisladores que, basado en cualquier argumento político, los excluya de la debida investigación en caso de existir un proceso anterior por conductas penales cometidas en situaciones ajenas al cargo que ostentan", opinó Vásquez.

Y agregó que la prohibición de allanar domicilio de los legisladores "no sólo obstaculiza el accionar de la Justicia de llegar a la verdad objetiva, sino que además se daña la confianza en las instituciones y el orden jurídico".

Gil Lavedra consideró lo contrario: "Con las normas vigentes nada impide que los jueces puedan avanzar contra De Vido", dijo.

Por su parte, el ex diputado nacional y ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Manuel Garrido, opinó que la parte de la ley que impide los allanamientos "es inconstitucional". "Esteriliza cualquier allanamiento, si tenés que avisar a la Cámara que vas a allanar a alguien, esto equivale a impedir que esta medida tenga eficacia", expresó.

Pero consideró que el pedido de la diputada Vásquez "es una movida mediática". Esto en la medida en que no se modifique en un caso concreto que llegue hasta la Corte, va a seguir siendo un tema conflictivo. El congreso debería derogarlo y los jueces deberían declararlo inconstitucional", sostuvo.

Y agregó: "Si pueden juntar los dos tercios del Congreso y quieren cambiar algo en serio deberían insistir con la reforma procesal penal y dotar de independencia y recursos a los órganos que tienen que investigar la corrupción".



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