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24 de junio de 2017
Quieren regular la transición entre gobiernos provinciales con obligaciones y sanciones
Un proyecto de Ley impulsado desde el bloque Cambiemos busca regular la transición entre gobiernos provinciales, estableciendo derechos, obligaciones, responsabilidades y sanciones para las gestiones entrante y saliente

 “Históricamente ha sucedido que los funcionarios entrantes no tenían información sobre las políticas llevadas a cabo en el área que les tocaba asumir, eso se subsanará con los informes de gestión que explicitarán todo lo necesario para continuar dichas políticas, conocer precisamente el estado del Estado”, sostienen en la parte argumentativa del texto legislativo.

“Históricamente ha sucedido que los funcionarios entrantes no tenían información sobre las políticas llevadas a cabo en el área que les tocaba asumir, eso se subsanará con los informes de gestión que explicitarán todo lo necesario para continuar dichas políticas, conocer precisamente el estado del Estado”, se advierte en los fundamentos del proyecto que se propone regular el proceso de transición de la administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial.

Para esto, el proyecto de autoría del radical Fuad Sosa propone la creación de un “equipo de transición republicana”, que estará compuesto por el secretario General de la Gobernación, el Fiscal de Estado de la provincia, un grupo de representantes del gobierno saliente y un grupo de representantes del gobierno entrante.

Para esto, “el Poder Ejecutivo saliente deberá conformar y anunciar públicamente un grupo de representantes, en un plazo no mayor a las cuarenta y ocho horas posteriores al inicio del proceso de transición”. No podrá tener más de ocho representantes y deberá estar  integrado, indefectiblemente, por los ministerios de Gobierno y Economía. En caso de que el Poder Ejecutivo no cumpla en tiempo y forma con la constitución de este grupo, se conformará automáticamente con los ministros de Gobierno, Economía, Salud, Desarrollo Social, Planeamiento y el presidente del Consejo General de Educación.

Por otro lado, el Gobierno electo estará representado por igual cantidad de miembros.

El artículo 13 obliga a presentar informes de gestión a todos los funcionarios de los primeros niveles de la administración central, organismos centralizados y descentralizados, incluyendo empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal, fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de la provincia y entes interjurisdiccionales, de acuerdo con los contenidos establecidos en la presente Ley. Esos informes tendrán carácter de declaración jurada y deberán contener información sobre planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión; la situación presupuestaria y financiera, detalle de los préstamos financieros en gestión, otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento total; un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles; recursos humanos distribuidos por organismos, personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, detallando funciones; situación de todos los procesos judiciales en los que organismos descentralizados, ministerios, secretarias y/o direcciones sean parte; un listado de todas las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que se encuentren en curso o pendientes, especificando características, montos y proveedores; estado en que se encuentran los permisos, autorizaciones y/o concesiones de servicios y obras otorgadas por el área y cuestiones de gestión que requieran toma de decisiones, tratamiento o atención prioritaria dentro de los treinta días de finalizado el período de transición.

En base a la información recabada, los representantes del Gobierno electo deberán elaborar un informe final de transición que será girado las dos cámaras de la Legislatura provincial y publicado en la página web del Gobierno de la provincia, dentro de los tres primeros meses de la nueva gestión.

El proyecto presentado por Sosa prevé, también, sanciones para “aquellos funcionarios obligados que no cumplieran con las disposiciones de la presente”, que se considerará como “falta grave” de acuerdo al régimen laboral administrativo, “sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que pudieren corresponder”.

En la fundamentación, el legislador sostiene que el objetivo es “evitar que sucedan arbitrariedades que perjudiquen a la ciudadanía entrerriana y al propio Estado provincial”.

Asimismo, considera que “institucionalizar y legislar este hito en la vida política es sentar reglas claras que permitan a los funcionarios salientes, entrantes, agentes de la administración pública y ciudadanos tener previsibilidad en el cambio de un gobierno a otro. Con esto queremos evitar trastornos en el trabajo de los estatales y en las prestaciones del Estado a los ciudadanos”.



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