3 de junio de 2017
Círculo Médico: 408 acreedores reclaman deuda por más de 13 millones de pesos
Las irregularidades registradas por administración fraudulenta derivaron en un concurso preventivo. Los contadores a cargo informaron que ya se presentaron 408 acreedores y la deuda que reclaman es de 13.615.361,48 pesos.

Ex integrantes de la comisión directiva del Círculo Médico de Paraná fueron imputados por administración fraudulenta, a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en que la entidad, debiera presentarse en concurso preventivo de acreedores con deudas de unos 26 millones de pesos.

La imputación alcanza a los reconocidos médicos Justo José Uranga, Ignacio Martín Uranga, Raúl Francisco Rodríguez (ex presidentes del Círculo Médico), Carlos Otaño, Alejandro Karavokiris, Raúl Arturo Hetze, Ubaldo José Ibarzábal, Alberto Genaro Vilanova, Carlos Aníbal Berlo, ex integrantes de la comisión directiva; y al contador Lucio Figueroa.

El concurso preventivo tramita en el Juzgado Civil y Comercial Número 9 de Paraná y está a cargo de María Gabriela Tepsich. Los contadores a cargo (Edgardo Neme, José González y Ricardo Firpo), informaron que ya se presentaron 408 acreedores y la deuda que reclaman es de 13.615.361,48 pesos.

La mayor parte de la deuda es con los propios profesionales, dado que el Círculo Médico asumió los compromisos del fideicomiso echando mano a distintas cajas, por ejemplo, se tomaron fondos correspondientes a los honorarios médicos por una suma de 3.379.331,22 pesos. Eso les permitiría a los médicos controlar el concurso, dado que son mayoría numérica y representan el capital más importante de los créditos, indicó Página Judicial.

Apuntan a los síndicos, ya que la institución cree que pudo haber una maniobra en la cual se pretendían excluir del listado los certificados de acreencias presentados por los profesionales. En ese sentido, el principal acusado sería el prestamista Ángel Casanello, quien presentó documentos por 930.000 pesos. Las dudas se presentan respecto a cómo ingresó el dinero a la institución, puesto que son cheques que están a nombre de una persona que no realiza actividades vinculadas al Círculo Médico. Se sospecha que se trataría de un préstamo para cubrir deudas del fideicomiso.

Entre los acreedores que se presentaron están: la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), por una deuda de 1.354.910,92 pesos; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por 3.454.778,75 pesos; la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), por una deuda de 66.786,79 pesos; y la Municipalidad de Paraná, por 75.255,20 pesos. También Utedyc, el sindicato que nuclea a empleados de clubes, por una deuda de 115.927,24 pesos.

Otro particular cuyo reclamo fue objetado es el abogado Patricio Miguel Bacigalupo, que exige el pago de 665.483,13 pesos en concepto de honorarios profesionales por haber gestionado acuerdos para la indemnización de las personas afectadas por el fideicomiso para la construcción de viviendas.

También, el Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa), reclamó 3.035.287,62 pesos. La entidad le otorgó al Círculo Médico un crédito con garantía hipotecaria de 4 millones de pesos, en marzo de 2015, pero hay sospechas de que el acta de la asamblea que autorizó la toma de ese crédito fue falsificada, y eso es parte de la causa penal que tienen a su cargo los fiscales Matilde Federik y Gervasio Labriola.

En tanto, el abogado Mariano Churruarín, que representa al Círculo Médico, denunció el pago de 1,1 millones de pesos que se autorizó a la mutual 10 de Abril, porque se hizo con posterioridad a que se abriera el concurso preventivo.

Como es un delito de corte económico, en la causa penal se han tomado declaraciones testimoniales y se aportó voluminosa prueba sobre las operaciones económicas. Quiénes están sindicados como posibles autores, van a ser citados a declarar y dar sus explicaciones en los próximos días, según indicaba Rosario Romero. La denuncia, está constituida bajo el delito del artículo 173 del Código Penal, inciso 7, por "administración infiel o fraudulenta". 

El concurso quedó a despacho en mayo, para que la jueza Tepsich dicte la resolución verificatoria, pero fue objetado por Churruarín, a través de un escrito en el que invocó la figura de la "prejudicialidad penal", que determina que no se puede dictar sentencia civil si hay causa penal pendiente. El planteo no fue atendido por la jueza y, en lugar de eso, instruyó a los empleados del juzgado para que se ocupen exclusivamente de hacer la verificación.

Lo llamativo de la medida es que la magistrada está a pocos días de dejar el cargo, ya que asumirá Ángel Moia, designado luego de muchas idas y venidas tras atravesar un concurso en el Consejo de la Magistratura, consigna Página Judicial.



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