Sábado 6 de Marzo de 2021

PROVINCIALES

23 de abril de 2017

La sobrecarga presupuestaria que afronta la Provincia por recortes o retrasos de fondos nacionales

La supresión o cambio de programas sociales nacionales, o el simple incumplimiento de convenios, obliga al gobierno provincial a realizar erogaciones no previstas, con un impacto difícil de calcular

La llegada del presidente, Mauricio Macri, a Paraná y la formulación de anuncios sobre "proyectos importantes e históricos" para la provincia (la confirmación de que en setiembre se licitará la construcción del puente Paraná-Santa Fe o el anuncio sobre la construcción de un aeropuerto único para Santa Fe y Entre Ríos) reavivó la discusión sobre los fondos nacionales que recibe la Provincia. Hasta ahora se ha hablado de una serie de medidas del gobierno nacional, en el plano económico, que tuvieron un fuerte impacto en las finanzas provinciales. Decisiones que tomó el gabinete económico de Macri en sentido favorable a determinados sectores (como la suba del mínimo para el pago del impuesto a las Ganancias o la de devolución del IVA a los jubilados y a los titulares de planes sociales de hasta 300 pesos) pero cuyo peso fiscal recayó en los números provinciales. La devolución -tras un fallo judicial de la Corte Suprema- de tres puntos porcentuales del descuento del 15% de la coparticipación que se efectuaba para sostener al Anses no alcanza, ni por lejos, a compensar esos recortes de fondos. El congelamiento de los fondos destinados al pago del incentivo docente (Fonid) o la reducción del fondo compensador decidida por el gobierno nacional puso a las provincias en una situación más complicada para negociar salarios con docentes. También se conocieron recientemente medidas de la Nación que provocarán un severo recorte de los fondos que recibirá el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). El cálculo de estos recortes resulta complejo, ya que existen al menos dos modalidades de retaceo de recursos. Por un lado, los fondos que dejan de recibirse por supresión o cambio de programas, y por otro lado los retrasos sistemáticos, que tienen casi el mismo efecto. El fondo de la cuestión está lejos de resolverse y representa para el gobernador, Gustavo Bordet, un problema que se agrava en época electoral, dado que las críticas que puedan surgir hacia el gobierno nacional lo exponen a un trato aún menos favorable por parte de la administración macrista. Igualmente no se trata de un tema nuevo y posiblemente tampoco sea esta la consecuencia más importante de la situación.   La sobrecarga presupuestaria El principal resultado de este proceso es una nueva cantidad de inversiones que debe realizar el gobierno provincial en áreas en las que no puede desentenderse del asunto, especialmente en lo referido a asistencia social. Esa sobrecarga no está presupuestada, y achica aún más la reducida reserva de oxígeno financiero que pueda tener la Provincia. Esta nota no pretende agotar los casos, sino presentar los más conocidos, especialmente donde la importancia de la cuestión no admite el desfinanciamiento. Por ejemplo, hasta marzo del año pasado tuvo vigencia el convenio Abordaje Federal entre la Provincia y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para ejecutar el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria mediante la tarjeta social (programa A la mesa entre todos) que se financiaba en un 80% por el gobierno federal y un 20% por la provincia. El gobierno nacional decidió, en febrero de 2016, extender el programa solamente por tres meses luego de su vencimiento en marzo. Los fondos que la Nación debía aportar mensualmente recién llegaron a fines de junio, por lo que durante abril y mayo la provincia afrontó el 100% del costo del programa. Luego se firmó una nueva extensión por un año más (desde julio de 2016 hasta julio de 2017), pero la Nación comenzó a transferir los fondos recién octubre, por lo que la Provincia debió afrontar su 20% y el 80% nacional durante julio, agosto, setiembre y octubre. Es decir que por tratarse de fondos destinados a prestaciones alimentarias, de personas en situación de vulnerabilidad, la Provincia tuvo que afrontar el costo del programa durante medio año por un monto superior a 52 millones de pesos (con exactitud, 52.543.897,77 pesos) por encima de las inversiones provinciales en programas alimentarios. Posteriormente la Nación efectivizó las partidas, tras intensas gestiones; pero no normalizó la situación, puesto que el retraso se mantiene. En lo que va del año ya adeuda el segundo y tercer desembolso, por 22.932.000 pesos cada uno. El requisito para acceder al segundo era rendir al menos el 30% del primer desembolso (por 45.864.000) lo que ya fue cumplimentado en octubre. En materia de Economía Social la Nación adeuda ya envíos por 12 millones de pesos de los programas Creer y Crear. Son partes de un mecanismo de la cartera de Desarrollo Social nacional para la puesta en marcha o fortalecimiento de emprendimientos socio–productivos. El convenio fue firmado en agosto y se presentó como otra instancia en la que la Nación otorgaba fondos a una provincia. Eran 12 millones nacionales y 12 que ponía el Estado entrerriano. Nada se sabe de los 12 millones de la cartera de Carolina Stanley. En 2016 la Provincia invirtió en Economía Social 55.780.000 pesos, de los cuales 14.180.000 surgieron de rentas generales y 41.600.000 del Fondo de Economía Social constituido con excedentes del Iafas, según datos de la cartera provincial encabezada por Laura Stratta.   La salud El impacto en Salud también ha sido importante. El Plan de Vigilancia de Diversas Patologías -vigente desde 1995- presenta problemas importantes como son la falta de entrega de fondos y medicamentos para tuberculosis, de preservativos, de elementos de zoonosis o reactivos para el dengue, lo que motivó que Salud provincial iniciara compras para no discontinuar las acciones en marcha. En la Dirección de Odontología esperan noticias sobre 72 equipos odontológicos completos, 33 equipos de rayos x rodantes y 76 estufas esterilizadoras comprometidos en 2015 por la Nación. No hay grandes expectativas de recibirlos pronto porque, de hecho, en la actualidad ya no se reciben los kits para tareas de prevención que contienen un cepillo dental, flúor y material didáctico. Hace unas semanas se conoció que durante 2016 el programa de Salud Bucal del Ministerio de Salud de la Nación tuvo una ejecución de solo el 1,5% del presupuesto asignado, como ocurrió con muchos otros programas del Ministerio que encabeza Jorge Lemus. 2015 por la Nación. No hay grandes expectativas de recibirlos pronto porque, de hecho, en la actualidad ya no se reciben los kits para tareas de prevención que contienen un cepillo dental, flúor y material didáctico. Hace unas semanas se conoció que durante 2016 el programa de Salud Bucal del Ministerio de Salud de la Nación tuvo una ejecución de solo el 1,5% del presupuesto asignado, como ocurrió con muchos otros programas del Ministerio que encabeza Jorge Lemus. Por ejemplo, pese a ser 2016 el peor año en cuanto a la notificación de casos de dengue, el presupuesto del Instituto Nacional de Medicina Tropical, que se ocupa de enfermedades como el dengue o el mal del Chagas, tuvo una ejecución del 8,35%. En la provincia el llamado anteriormente Programa Remediar, hoy Cobertura Universal de Salud-Medicamentos presenta problemas desde hace varios meses y está llegando a los efectores de salud con cantidades reducidas de medicamentos. Incluso para sobrellevar la situación de carencia se decidió poner en marcha un mecanismo de clearing en la provincia para redistribuir los medicamentos según las existencias y necesidades entre los diferentes efectores de salud. Los botiquines que antes se componían de 78 especialidades medicinales ahora presentan 40 y en cantidades menores, que no alcanzan a abastecer la demanda de los pacientes, por insuficientes y porque además no cubren el 80% de los diagnósticos que prevalecen en el primer nivel de atención de Salud. Esta necesidad se resuelve con compras provinciales, provisión municipal e incluso donaciones. La gravedad de la reducción se observa además en que el recorte se hizo sobre insumos esenciales como hierro, ácido fólico, polivitamínicos o anticonsulsivos, entre otros. Otro tanto sucede con las becas del Programa Equipos Comunitarios que se destinaban a profesionales de salud que brindaban atención en zonas rurales. En octubre dejaron de percibir la beca nacional otras 105 personas a las que la Provincia debió hacerles un contrato de obra. Además se recortaron las becas de los facilitadores del programa que asistía a los equipos sanitarios, se redujo a dos años otro sistema de becas y desde 2018 la Provincia deberá hacerse cargo de financiar el 20% de la etapa de Educación Permanente en Servicio, con el objetivo de que tenga que financiar el 100% en cinco años. Para 2018 la erogación se calcula en 31 millones de pesos, entre otros aspectos.   Déficit previsional y viviendas En materia previsional el tratamiento recibido por la administración Macri es más conocido. Por una ley nacional (N° 25.235) la Nación debe financiar los déficit previsionales de las provincias que no transfirieron sus cajas. Desde 2011 la Provincia no recibía fondos por ese concepto. El nuevo gobierno nacional decidió regularizar la situación hacia adelante, pero al término del primer año, siendo el déficit del orden de los 3.000 millones de pesos, transfirió solo 740 millones. En cuanto a viviendas sociales construidas por el IAPV, actualmente no se está ejecutando ninguna de acuerdo al nuevo sistema de financiamiento propuesto por el gobierno nacional, que contempla el 66% a cargo de la Nación y el 34% a cargo de las provincias. Lo que se está construyendo son obras que arrancaron en la gestión anterior, donde el porcentaje que financia la Provincia es del 60% o el 80%. No se firmó ningún convenio para nuevas construcciones y desde octubre la Nación no envía fondos a la Provincia por lo que las obras se pueden seguir adelante, a menor ritmo, con la recaudación del organismo provincial. (Un dato interesante es que en 2012 el 74% de los beneficiarios de viviendas del IAPV eran deudores morosos, un poco más de 17.000 titulares de viviendas en un universo de 23.000. Actualmente los deudores son unos 2.000, según el organismo). De acuerdo a información publicada teniendo como fuente al IAPV, los fondos que recibirá de la Nación serán unos 400 millones de pesos, pese a que para continuar las obras en marcha y e iniciar las que ya están licitadas se requieren 1.180 millones. Esta semana se conoció que el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, tendrá el control de uno de los presupuestos más importantes del Tesoro, lo destinado a viviendas sociales, que este año rondará los 19.000 millones de pesos, y sumarían 100.000 millones durante la gestión. Los organismos provinciales de vivienda participarán en la definición de proyectos, pero la Nación será la que contratará las obras.   La retirada de Vialidad Nacional En lo referente a obras viales, durante el primer año del gobierno de Macri la Provincia no recibió fondos, y las obras en marcha se financian con recursos provinciales o créditos obtenidos por la Provincia. Durante la anterior gestión de gobierno provincial se firmaron nueve contratos de obras con financiamiento nacional. Por decisión del gobernador Gustavo Bordet se continuaron tres con fondos propios: la rehabilitación de la calzada y el puente en la ruta provincial N° 11, entre Aldea Salto y el acceso a Diamante, con una inversión de 30 millones de pesos aproximadamente; el acceso a Colonia Elía, por 38 millones de pesos; y el acceso norte a Paraná, entre la circunvalación y la ruta nacional N° 12 por 179 millones de pesos. Del resto, está paralizada la obra del acceso a Pueblo Liebig, que tiene un avance del 78% y un presupuesto inicial de 33,5 millones de pesos. Y directamente no se inició la pavimentación de la ruta provincial 5, entre la 1 y la 127, que se extiende principalmente por el Departamento Federal; el enripiado de la ruta provincial N° 20, que une el centro del Departamento Villaguay con la ruta provincial N° 22; la pavimentación de la ruta provincial Nº 1, entre Chajarí y San Jaime de la Frontera; ni la pavimentación de la ruta provincial A08 entre el área industrial y Paranacito. Existen otros casos que revelan cómo el gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, recortó fondos a la Provincia. La rehabilitación del pavimento de la ruta provincial N°6, entre las rutas nacionales 12 y 18, se continúa pero este año debe pagar todo Vialidad Provincial, mientras que Vialidad Nacional la financió el año pasado. La promesa es que en 2018 se hará un balance de lo invertido para respetar los porcentajes originales de financiamiento de un presupuesto de 440 millones de pesos. La reparación de la ruta provincial 32, que circunvala el Departamento Paraná (siendo la principal arteria de Paraná Campaña) es posible por un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para financiar los 130 millones de pesos en que se calculó la obra. Otro crédito de 250 millones tomado en ese banco se destina a la reparación de la ruta provincial Nº 38 entre San Salvador y Ubajay. La obra del acceso sur a Paraná, por 300 millones también se lleva adelante con un préstamo del financiamiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional.   En Planeamiento En la órbita del Ministerio de Planeamiento las obras con financiamiento nacional al día son la Defensa Sur de Concordia, prometida por Macri en persona en esa ciudad, de la cual la Nación financia el 66%; y el Programa de Construcción de Playones Deportivos y Jardines Maternales de Uso Escolar Prioritario (que dispone de un fondo de 5 millones de pesos). Las obras de los hospitales del Bicentenario de Gualeguaychú y de Paraná están neutralizadas, y hay para licitar obras del Plan Director de Agua Potable, con financiamiento del Enohsa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) y del Banco Interamericano de Desarrollo.

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