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9 de abril de 2017
Una radiografía muestra a nuestro país como un gran garito
El juego de azar, además de ser una lacra social, es una enfermedad silenciosa

En el ámbito médico se advierte que la diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir insulina o de utilizarla eficazmente y que, en algunos de sus tipos, puede pasar muchos años sin diagnosticar, con graves y conocidas consecuencias. A la vez esa posibilidad por parte de las personas de ser diabético sin que se lo advierta, es lo que ha llevado a que se la conozca como una enfermedad silenciosa.

También el juego de azar, por un premio en dinero o un bien equivalente, es una enfermedad y cuando su práctica se vuelve compulsiva, hasta convertirse en una adicción que se repite cada vez con mayor frecuencia, se la conoce como ludopatía. 
Se trata en este caso de una enfermedad que aqueja a personas definidas. Pero su práctica extendida, no solo autorizada legalmente sino promovida estatalmente, hace que se convierta en una enfermedad social, a la que, como consecuencia de intereses convergentes aunque no necesariamente todos del mismo tipo, se busque esconder, o al menos disimular su naturaleza de mal crónico, mostrándolo como otra cosa. 

Es ese el sentido que tiene la nada ambigua aunque machacona propaganda de los organismos estatales encargadas de la gestión del juego de azar, cuando después de advertir que el mismo es peligroso para la salud, pasan a proclamar que su práctica es casi como un deber social, ya que mentirosamente se afirma que la finalidad prioritaria es la ayuda social.

El juego como un grave e intricado problema social

Al respecto resulta de interés glosar el informe que acerca del tema han elaborado dos periodistas de investigación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), una organización sin fines de lucro que estatutariamente tiene como objetivo la reflexión, el diálogo y la promoción de la calidad del periodismo y de la profesión periodística.

Dos integrantes de ese Foro, Cristian Pérez y Ricardo Heurtley, son los responsables del informe aludido. 

Acertadamente, los mencionados investigadores comienzan su investigación haciendo una sucinta relación de la evolución del juego de azar bancado estatal en nuestro país, en la que se muestra a las claras como ha venido acompañando (sin que ello signifique convertirla ni en su única, ni principal causa) a nuestra creciente decadencia.

De allí que antes de proseguir, convendría hacer una diferenciación entre el juego de azar como práctica social en la que el Estado cumple su doble función de empresario por una parte y al mismo tiempo de controlador del juego ilegal, en cuanto clandestino, que siempre existió y siempre va a existir. 

Ello no quita que, dado que es una enfermedad social, ese Estado pecador, haya perdido la autoridad moral para perseguirlo y buscar acotarlo. Y mi afirmación se explica en tanto y en cuanto la verdadera razón por la que en la actualidad se actúa contra el juego de azar, que tiene más de ilegal que de clandestino, sea por una cuestión de competencia, ya que es el juego ilegal el que le roba clientela, poniendo en cuestión sus pretensiones monopólicas y las de sus compinches, en el caso que existan, como ocurre en la mayor parte de nuestras provincias.

Es así como se viene a destacar que. . . históricamente, el sector del juego en la Argentina estuvo vinculado al turismo. Ejemplos de ese modelo son los casinos de Mar del Plata, Tigre y Alta Gracia. Y era el Estado nacional el único recaudador. En los '90, durante el gobierno de Carlos Menem, el juego se privatizó y se multiplicó el número de licencias. 
A partir de allí, el modelo cambió definitivamente: el Estado nacional perdió participación, llegaron las máquinas tragamonedas, las salas de juego se expandieron por las ciudades y cada provincia estableció la legislación que regula el sector en su territorio. 


En conclusión, tal como se desprende de ese informe, en nuestro país en la última década del siglo pasado se extendió, desparramándose como si fuera un cáncer, ya que "el negocio del juego creció tanto en la Argentina que es, según el Directorio Mundial de Casinos, el país con más salas de América del Sur. La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) registra 406 salas de juego y 80.928 máquinas tragamonedas en total.

Apabullados por las cifras

Es que las cifras respecto del juego como negocio son aquí tan grandes que, como ocurre en tantos otros casos, llegan a marearnos, por cuanto no podemos tener conciencia clara de lo que realmente significa tal magnitud.

Lo que queda corroborado en el informe cuando se señala que "el negocio de los juegos de azar en la Argentina genera casi 95.000 millones de pesos anuales de facturación, entre agencias de lotería, casinos, máquinas tragamonedas, hipódromos y bingos. Esto equivale a dos veces el presupuesto de salud nacional para el 2017, o al presupuesto de casi todo el Ministerio de Desarrollo Social. Por fuera del circuito legal, sigue operando el juego clandestino, en el que un solo "levantador" de apuestas puede recaudar hasta 2 millones de pesos en una mañana, dinero que queda totalmente fuera del alcance del Estado". 

Se aclara también que las Loterías nacionales y provinciales manejan una caja de 23.400 millones de pesos anuales. Concretamente las cifras del año 2015 son las siguientes: se apostaron 50.000 millones de pesos en casinos, máquinas tragamonedas, hipódromos y bingos. Las loterías provinciales recibieron 15.000 millones de pesos. Las empresas concesionarias de las salas recaudaron 35.000 millones de pesos (que se distribuyen en ganancias, gastos operativos y salarios de los empleados). En loterías, quinielas y juegos como el Quini 6 o el Loto, los argentinos apostaron más de 44.100 millones de pesos en el 2015. Hubo 17.200 millones de pesos en ganancias para las loterías. Hubo 8.800 millones de comisión de las 24.970 agencias oficiales. Hubo 8.400 millones más que fueron recaudados por el Estado. Hubo 26.900 millones que se abonaron en premios.

De intereses comerciales y la situación social, como factores de resistencia al cambio

Dentro de un programa de reconstrucción social no puede estar ausente el desarmar esa estructura lúdica, sino totalmente (lo que es imposible por varias razones, que no es el caso entrar a enumerar) al menos abatirla hasta su menor dimensión posible, ya que nos encontramos, como ha quedado dicho, ante una enfermedad social a la que se debe atender.

Aunque una visión realista de las cosas no debe dejar de computar, al avanzar en esa dirección, de la presencia de dos factores de resistencia a un cambio de este tipo. 

El primero de ellos lo constituyen las empresas y personas que, por estar con distintas modalidades asociadas al Estado en el negocio de los juegos de azar (casinos concesionados, operadores de máquinas tragamonedas etc.) y la magnitud de las utilidades que obtienen, además del poder económico que es por lo menos su consecuencia (si no ha sido su antecedente, que en muchísimos casos es de índole política partidista) están en condiciones de frenar decisiones gubernamentales en ese sentido. 

A lo que se agrega que los más altos funcionarios estatales vinculados con ese ámbito, más allá de sus remuneraciones, en infinidad de casos mantienen relaciones por lo menos equívocas con los compinches privados del gobierno. A lo que se suman, al margen de lo expuesto, todos aquellos para quienes el negocio del juego se convierte en un instrumento utilísimo para operaciones de lavado de dinero.

Es por eso que aquí viene al caso hacer mención a las palabras de un estudio de la materia cuando dice que en países como el nuestro, a las actividades ilegales vinculadas al juego no se las ve como delitos graves, como sí se considera al narcotráfico o al terrorismo, se piensa que "no es tan grave, no hace tanto daño. En la Argentina el juego está controlado, en su mayor parte, por organizaciones vinculadas a la política, así se puede entender por qué no saltan las alarmas ante movimientos sospechosos de dinero".

El segundo de esos factores de resistencia al cambio en la materia (aunque debería considerarse el primero, desde una perspectiva humanitaria) lo constituyen las 150.000 personas que se desempeñan cumpliendo diversas funciones en los emprendimientos directamente vinculados con el negocio de juego de azar lícito (obviamente no se computan los que trabajan en el que no lo es). Aparece aquí un problema de naturaleza social difícil de destrabar, de cuya existencia es un claro ejemplo el pronunciamiento de un obispo de la Iglesia Católica de nuestra provincia, hecho en su momento en defensa de los trabajadores de los casinos locales, ante una amenaza de su privatización.

Los datos correspondientes a nuestra provincia en el informe

En forma insistente desde las columnas de esta hoja, se ha hecho referencia a que nuestra provincia es un gran garito y que el gobierno provincial es el principal banquero en materia de juego.

Aunque el informe aludido da cuenta de la situación actual en que el Estado entrerriano parece haber quedado aupado, por socios que literalmente se lo han puesto sobre sus hombros. Es así como se destaca en el mismo que "el Estado se convirtió en socio de los empresarios. El organismo estatal que controla el juego, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), selló acuerdos con la empresa New Tronic en 2005 y con Neo Game en 2008, para incrementar la cantidad de salas de máquinas tragamonedas. Así, de los 80 millones de pesos que reportaba el juego en 2008, el gobierno entrerriano recibió en el 2016 más de 400 millones de pesos. En Entre Ríos, la recaudación bruta, en concepto de maquinitas, puede llegar a los 10 millones de pesos en un solo día, como ocurrió el 31 de julio del 2016, cuando las salas de tragamonedas entrerrianas recaudaron 9,8 millones de pesos".

Aunque ello no significa que nos encontremos encabezando el ranking, en lo que al número de máquinas tragamonedas respecta, sin perjuicio de que su explotación represente el principal componente del negocio y el que más dinero recauda. A la vez agrega el informe que ocupa la provincia de Entre Ríos un séptimo lugar en el número de máquinas tragamonedas que alberga (4.13 %), después de Buenos Aires (27.03%), la ciudad de ese nombre (7.45%), Mendoza (6.31%), Santa Fe (4.82%), Córdoba (4.20%) y Misiones (4.16%).

Pido disculpas, a tantas personas, sobre todo a señores y señoras mayores (jubilados o no) a las que es frecuente ver agolpadas en las puertas de bingos y casinos esperando que abran, pero considero que el deseo de muchos es que nuestra provincia ocupara el último de esos lugares con un porcentaje. . . igual a cero.

Autor: Rocinante



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