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8 de abril de 2017
Descuentos a docentes: ¿quién es responsable de las liquidaciones de la polémica?
Los docentes señalan a una empresa llamada Lemondata, propiedad de un ejecutivo vinculado al ex gobernador Sergio Urribarri, como la responsable de lo que ellos consideran que son “errores” en las liquidaciones de sueldos. Senadores de la oposición presentaron este viernes un pedido de informes al respecto. ANÁLISIS DIGITAL indagó cuáles son los pasos que se siguen para que cada maestro perciba sus haberes todos los meses.

 El ministro de Economía, Hugo Ballay, desconoció a Lemondata y aseguró que la tarea no está tercerizada. “Los sueldos de los maestros se liquidan de la misma manera que el resto de los salarios de los trabajadores estatales”, aseguró a este medio. Mientras, los gremios definen pasos a seguir en un congreso que se realiza este viernes en La Paz y sostienen la carpa frente a la Casa de Gobierno y la toma del hall del Consejo General de Educación (CGE). El lunes serán recibidos por el gobernador Gustavo Bordet y se espera que se les formule una nueva propuesta salarial.De ANÁLISIS DIGITAL

Una empresa dedicada a al desarrollo de sistemas informáticos originaria de la ciudad de Buenos Aires y con sede en Paraná va de a poco estando en boca de todos. Se llama Lemondata y es señalada por los docentes entrerrianos como la responsable de lo que ellos consideran que son “errores” en las liquidaciones de sus sueldos. Para los maestros, el cálculo para el pago de salarios de su sector está “tercerizado y privatizado” y lo realiza Lemondata, a cambio de un contrato millonario. 

“Este sistema privatizado viene manoteando los sueldos de los compañeros desde octubre. Durante cinco meses seguidos, unos 10.000 docentes de toda la provincia vienen perdiendo unos cuantos miles de pesos (inclusive en vacaciones, cuando no hubo paro). Una profesora que debía cobrar 15.000 pesos, cobró solo 40 pesos. ¿Cuantos paros le habrá cargado su directora para que Lemondata la deje sin sueldo?”, cuestionó a través de las redes sociales el secretario general de Agmer Paraná, Claudio Puntel. Las alusiones de distintas voces del sector docente hacia la empresa como responsable de los problemas por parte de los maestros se replicaron en distintos medios.

Lemondata integra un grupo de empresas que brindan soluciones informáticas del que también es parte RelCat, firma conocida en Entre Ríos por haber logrado contratos con el Estado provincial durante la gestión de Urribarri. Es propiedad de Diego Cardona Herreros, hombre oriundo de Paraguay señalado como amigo del ex gobernador. La sede de la empresa en Paraná está en el edificio de calle Córdoba 585, donde también tiene domicilio el ex mandatario.

La supuesta “privatización” del sistema de liquidaciones de sueldos motivó la presentación de un pedido de informes por parte de los senadores provinciales de Cambiemos Raimundo Kysser, Rogelio Schild y Roque Ferrari. “Tomamos conocimiento de que el CGE habría privatizado y encomendado a la empresa Lemondata que liquide los sueldos de los dependientes y docentes del organismo y, en función de ello, se solicita al Poder Ejecutivo que se sirva informar cuáles son las razones y fundamentos para esta contratación, máxime teniendo en cuenta que el Estado provincial cuenta con un sistema informático para liquidar sueldos”, preguntaron los legisladores en una iniciativa presentada este viernes.

Sospechas y cambio

Las liquidaciones de los sueldos de los maestros se realizaron históricamente en el área de Liquidaciones del CGE. Allí confluyen la coordinación General de Liquidaciones y Recursos Humanos, a cargo de Néstor Grifoni, y la Dirección de Ajustes y Liquidaciones, conducida por Miguel Gaggión. En esas reparticiones trabajan 120 empleados. 

Cuando Bordet asumió la Gobernación, se decidió sacarle al CGE la atribución de liquidar los salarios de los maestros y delegar la tarea a la Dirección General de Liquidaciones de la provincia, dependiente de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía, ámbito a cargo de Miguel Ulrich en el que se computan mes a mes los sueldos de todos los trabajadores estatales.

Según pudo averiguar este medio de fuentes del CGE, la decisión molestó a quienes históricamente cumplían estas funciones, sobre todo porque, aunque nunca se informó oficialmente, circuló que las razones del cambio obedecían a la detección de errores que a veces, de tan gruesos, se asimilaban a irregularidades.

El problema principal radicaba en que los datos y novedades que cada directivo de escuela debe cargar en el Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE), en base a los cuales se liquidan los sueldos, llegaban al CGE y allí se pasaban a mano en papel para luego sí anaizarlos para el cómputo de los salarios. A los múltiples errores humanos lógicos derivados de la obsolescencia de un mecanismo que incluía el registro a mano de un volumen enorme de datos, se sumaban también cuestiones llamativas.

“Continuamente aparecían pagos dobles o números abultados que no parecían simples errores. Llegó a haber casos de maestros que cobraron en un mes, por ejemplo, 120.000 pesos, a los que luego se les pidió devolver la suma, pero en muchas cuotas mensuales. Eran cosas sospechosas. El nuevo gobierno las dejó pasar, pero transfirió las liquidaciones al Ministerio de Economía”, explicó a este medio una fuente del organismo.

“No interviene ninguna empresa”

Consultado el jueves por este medio, el ministro de Economía, Hugo Ballay, aseguró que ni Lemondata ni ninguna otra empresa privada intervienen en las liquidaciones de los sueldos a los maestros. “Los salarios de los docentes se liquidan de la misma manera y en el mismo lugar que el resto de los sueldos de los trabajadores estatales”, aseguró, en referencia a la Dirección General de Liquidaciones de la provincia, dependiente de la Secretaria de Hacienda de la cartera.

Para sostener su afirmación, el ministro mostró el decreto número 788 del 1 de abril de 2015, por el cual se adjudicó, previa licitación pública, la contratación de un servicio de “soporte técnico operativo y de mantenimiento de software” para el área en cuestión a la empresa Relevamientos Catastrales SA (Relcat), a la que se le abonaron por el trabajo 7.833.600 pesos en 12 pagos mensuales de 652.800 pesos. Para el funcionario, es posible que en la contratación de este trabajo se origine la confusión.

También exhibió un acta acuerdo mediante la cual, una vez vencido el contrato con RelCat, ya en el gobierno de Bordet, se definió una prórroga por seis meses, entre abril y octubre de 2016. “Se siguió pagando unos meses más el mismo monto y la última factura de la empresa se abonó en octubre del año pasado. Desde entonces, RelCat no está contratada para ninguna labor y el sistema que instaló y el software que desarrolló son propiedad del Estado”, indicó Ballay, al tiempo que ratificó que a los sueldos de los maestros los liquida un organismo del Estado y negó cualquier tipo de tercerización o privatización. “Eso era lo que hubo y ya no está vigente”, remarcó.

¿Errores o demoras en la carga?

El conflicto entre el gobierno y los maestros se inició por la falta de acuerdo en torno al incremento salarial para este año: el gobierno propuso pagar el 18% en tres tramos de 6% y los gremios lo rechazaron de plano. Ese fue el principal motivo de los primeros tres paros, que impidieron el inicio normal del ciclo lectivo, en una semana que se completó con otras dos huelgas en adhesión a las medidas convocadas por Ctera en reclamo a la convocatoria a la paritaria nacional docente.

Con el correr de los días y en pleno desarrollo del cronograma de pago de salarios, el eje de la discusión se corrió hacia los descuentos efectuados a miles de maestros de toda la provincia. Hubo casos de docentes a los que se les liquidaron centavos. Esa situación fue la que desencadenó la toma del hall del CGE y la instalación de una carpa en la explanada de la Casa de Gobierno.

Que se haya llegado hasta ese nivel de conflicto, según pudo reconstruir este medio, se explica en parte en función de una estrategia diseñada desde el gobierno provincial, que evidentemente no salió bien.

Históricamente, en las jornadas de paro los directivos debían informar las ausencias mediante el sistema SAGE. La modalidad permitía que, por ejemplo, un directivo no informara novedades en un día de huelga y evitara así que se aplicaran descuentos a los maestros de su escuela que habían hecho paro.

Para evitar esta situación, desde el gobierno se decidió hacer al revés: obligar a los directivos a informar quienes estaban presentes los días de paro, no quienes se encontraban ausentes. Se especuló con que los maestros que no adhirieran a las medidas de fuerza iban a exigir a sus directivos que registraran su presencia en el lugar de trabajo y, así, se dotaría de mayor transparencia al sistema.

El cambio en el mecanismo fue calificado como persecutorio por los gremios y los directivos de 1.419 establecimientos educativos de los 2.000 que hay en la provincia no informaron presencias en las jornadas de paro hasta el día 15, fecha en la que cada mes se corta el flujo de información y se procede a comenzar con las liquidaciones. El sistema leyó la información y operó descuentos por los cincos días de huelga a la totalidad de los maestros de esas 1.419 escuelas, incluso a quienes estaban de licencia.

Lejos de dar el resultado esperado y transparentar el sistema, la medida enardeció con razón a los trabajadores: hubo quienes cobraron monedas aun sin haber adherido a las huelgas y hubo, por ejemplo, descuentos por los cincos días de paro a maestras que están de licencia por maternidad. 

Desde el CGE se informó que se trabajará durante todo el fin de semana para enmendar estas situaciones que el gobierno rechaza denominar “errores”. Se habilitó en el sistema SAGE un apartado especial para que las escuelas pasen la información correcta y la semana próxima se empezarán a pagar las diferencias por recibos complementarios.

Mientras tanto, este viernes en La Paz los maestros definen cómo seguir con la protesta que, en principio, no incluiría mas paros, aunque sí se mantendría la carpa frente a la Casa Gris. Resta saber si se seguirá sosteniendo la toma del CGE. Para el lunes, está agendado el reencuentro entre los gremios y el gobierno, tras seis semanas de dura pelea. Allí se espera que la formulación de una nueva propuesta salarial y la reanudación del diálogo puedan empezar a destrabar el conflicto.



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