24 de marzo de 2017
Memoria, Verdad y Justicia
La destacada lucha del movimiento de derechos humanos de nuestro país, incluso durante la misma dictadura cívico-militar, en la cual resalta la creatividad y el coraje de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, determinó que con lentitud se agrietara la impunidad pergeñada por los responsables del accionar represivo y avalada por los gobiernos democráticos inmediatos a la dictadura.

En el año 2003 el Estado democrático, por primera vez, asumió un profundo compromiso para terminar con esa impunidad. A partir de la asunción a la presidencia de Néstor Kirchner, éste ordenó algunas acciones elocuentes, entre las más destacadas:

El primer 24 de marzo en que ocupó la presidencia, hizo que se descolgaran del Colegio Militar los cuadros de los represores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. Lo que se configuró como un acto de gran contenido simbólico, que marcó el comienzo de otra época en cuanto a la posición del Estado frente a los hechos de la última dictadura cívico-militar.

Además, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, promovió la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte del Congreso de la Nación. Luego, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclamó la inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura de las causas judiciales.

Asimismo, resolvió que los edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de La Perla en Córdoba, lugares paradigmáticos de la represión que fueron centros clandestinos de detención, torturas y exterminio (CDDTyE), fueran utilizados como lugares de memoria y promoción de los derechos humanos y dejaran de estar en manos de las Fuerzas Armadas.  Se han puesto en funcionamiento 34 Espacios de Memoria resignificando esos lugares del terror en espacios de formación, promoción y construcción de una cultura respetuosa de los derechos humanos (a través de actividades culturales, educativas, artísticas). 

Es importante destacar que esta política no se limitó sólo a estos CDDTyE emblemáticos, si no que en esta gestión 106 lugares que fueron utilizados para el horror, fueron señalizados por el gobierno nacional, a lo largo de todo el país. NUNCA ANTES SE HABIAN SEÑALIZADO POR ACCION DEL ESTADO.

Los sucesivos gobiernos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner profundizaron este proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Fue sancionada la ley que derogó el Código de Justicia Militar, proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional. La Ley  N° 26.394 de 2008 no sólo derogó el Código de Justicia Militar (Ley 14.029, sus modificatorias y normas de carácter interno que lo reglamentan), sino que también a través de sus 5 Anexos reformó los Códigos Penal y Procesal Penal de la Nación, aprobó el "Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados", las "Instrucciones a la Población Civil para Tiempo de Guerra y Otros Conflictos Armados", el "Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas" y creó el "Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas". A partir de esta nueva ley los miembros de las Fuerzas Armadas deberán someterse a la Justicia Ordinaria Federal ante cualquier delito que comentan y que esté contemplado en el Código Penal, y además se prevé que pueda apelarse cualquier sanción disciplinaria ante éste mismo fuero. Uno de los cambios más sustanciales fue la desaparición del sistema jurídico argentino el último resabio de la pena de muerte. Esta pena se encontraba contemplada en el ordenamiento derogado ante faltas graves, como la traición a la patria. Asimismo el nuevo Código Disciplinario suprimió el castigo por homosexualidad, y sanciona como faltas graves la discriminación y el acoso sexual. Este fue otro avance importante en materia de derechos humanos y democratización de las fuerzas armadas y de seguridad de esta última década.

Por otra parte, y con el objetivo de acelerar los juicios, en el año 2008 se sancionaron cinco leyes de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, se creó el fondo de recompensa para prófugos y se modificó el régimen de subrogancias para la conformación de los Tribunales Orales Federales. Las modificaciones versaron sobre la posibilidad de elevar a juicio las causas que tengan pendientes recursos de apelación; la creación de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; la integración de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con jueces subrogantes que hayan sido designados de acuerdo al procedimiento previsto en la Constitución Nacional cuando exista impedimento para su integración por licencia, suspensión, recusación, excusación o vacancia de sus miembros. Con esta reforma también se agilizaron los procedimientos recursivos de apelación y casación, previendo audiencias orales y su grabación. Por último se creó la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se creó un fondo de recompensas, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden información determinante, para la detención de personas buscadas por la justicia, en causas penales en las que se investiguen delitos de lesa humanidad. Otra modificación trascendental del Código Procesal Penal de la Nación se produjo en el año 2009, con la incorporación del art. 218 bis, que permite la obtención de muestras de ADN tanto del imputado como de otra persona por medios alternativos.

En el año 2013, se sumó la recompensa para quienes aporten datos relevantes a efectos de localizar a los jóvenes apropiados durante la última dictadura militar.

El resultado más relevante de esta política de derechos humanos, se materializa en el avance del juzgamiento a los represores en todo el país. Es destacable que estos procesos se hacen por los tribunales locales naturales, y no ante tribunales ad hoc como en otros lugares del mundo. Estos juicios respetan todas las garantías constitucionales y son un ejemplo internacional de lo que implica la investigación y el juzgamiento de crímenes del pasado por parte de un Estado de Derecho. Después de aquella decisión histórica del 2003, ya son 622 los genocidas condenados, 889 los procesados y son  116 los  casos resueltos de identidades restituidas.



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