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30 de enero de 2017
Llegó a la Corte primer amparo contra el DNU que modificó la ley de ART
El abogado Daniel Igolnicov presentó este lunes un pedido de "per saltum" ante la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Mauricio Macri para modificar el régimen que regula a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

La norma establece que todo trabajador debe pasar por una "Comisión Médica" antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa "de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención". Esa Comisión será la que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.

"Afecta mi derecho de trabajo, velada pero expresamente, al derogar la ley 24.635 que rige el Sistema de Conciliación Obligatoria (SECLO), que es mi medio fundamental de vida", sostuvo el letrado Igolnicov en su escrito, al que accedió ámbito.com.

"Quita la competencia del SECLO todos los conflictos vinculados a la ley de riesgos de trabajo, que tenga como víctimas a todos los empleados registrados y asimismo, suprime la primera instancia de la Justicia laboral a su respecto", agregó.

Con este decreto, los abogados laboralistas ven amenazado su trabajo, que calculan, podría disminuir a la mitad de los casos que atienden. "Excluye de la instancia previa obligatoria antes de la radicación de demanda laboral, a todos los trabajadores no registrados, quienes podrán recurrir directamente a la instancia judicial", señaló Igolnicov. 

En ese marco, el experto detalló que al autorizar la vía judicial a los no registrados por encima del SECLO, "van a entrar las demandas por despido o cualquier o cualquier otro derecho laboral vulnerado junto con el infortunio y ello creará un desconcierto tribunalicio porque una misma realidad laboral tendrá dos vías diferentes que, en orden a la celeridad y economía procesal, solo complicará la solución".

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) coincidió. "Lejos de condecir con el supuesto objetivo de 'reducir la litigiosidad por accidentes laborales', no hará más que alargar los procesos", sostuvo la ONG en un comunicado de prensa.

A la hora de analizar el contenido de la medida, la ADC afirmó que, al establecerse la actuación de las "Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia administrativa previa para el reclamo de un trabajador", se "valla el acceso a la Justicia de los trabajadores, sector vulnerable y, por lo tanto, en teoría siempre protegido por la ley".

"Este tipo de limitaciones ya habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en el caso 'Castillo' en 2004, fallo que habilitó de hecho que los trabajadores pudieran reclamar en forma directa ante los jueces por sus derechos", recordó la entidad.

En su escrito, Igolnicov solicitó al máximo Tribunal que considere al DNU una cuestión que reporta "gravedad institucional" por afectar los derechos laborales de los abogados, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. "Esta vulneración al derecho de trabajar no se circunscribe a los conciliadores, sino que abarca a la decena de miles de trabajadores que todos los años, siendo víctimas del incumplimiento de las normas laborales, consiguieron justa reparación por una vía legítima y eficaz y que se viene a derogar por 'una necesidad y urgencia' inventada abusivamente para encubrir la maniobra política de eludir el camino parlamentario", remarcó.

Se espera para esta semana y la próxima una lluvia de impugnaciones contra el DNU N° 54/2017. Se estima serán interpuestas ante la Justicia nacional del Trabajo, en pie de guerra con el Ejecutivo. Asociaciones de abogados estarán a la cabeza de los reclamos, cuya última escala será la Corte. 

Ámbito Financiero 
reveló que desde primero de febrero, apenas finalice la feria de enero se plantearán medidas de no innovar para restarle validez a la decisión de Macri de no esperar a que el proyecto de ley, que cuenta con media sanción en el Senado, pase por Diputados. El régimen que estaba vigente delegaba en la Justicia las decisiones cuando ya estaba consolidada la incapacidad del trabajador, tanto en establecer el monto indemnizatorio como el grado de invalidez del trabajador. La polémica está centrada en que se dota a las Comisiones Médicas Jurisdiccionales de atribuciones asimilables a las de un juez, algo que también los magistrados rechazan.

Sin embargo, en el Gobierno nacional no se quedarían de brazos cruzados. La Casa Rosada tiene decidido impulsar la aprobación del proyecto de reforma al régimen de ART que ya cuenta con media sanción del Senado, a pesar de haberla reglamentado el lunes por decreto. Según aseguraron a la agencia oficial Télam dos altas fuentes del Ejecutivo, la idea es "respetar la decisión del Congreso en el Senado y que Diputados apruebe el proyecto" que viene de la Cámara alta, luego de un acuerdo del Gobierno con el PJ y sectores de la CGT. Saben que se aproxima una "avalancha de juicios laborales por la demora en la sanción".



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