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  POLICIALES  2 de mayo de 2018
El fiscal Arias pidió 7 años de prisión efectiva para dirigente de AFA
El abogado Julio Larrocca, vicepresidente 1° del Consejo Federal de AFA y presidente de la Liga Concordiense de Fútbol, fue el primero en ser mencionado por el fiscal José Arias al momento de solicitar formalmente las penas en el juicio por la compra-venta de terrenos en la localidad de Puerto Yeruá, Departamento Concordia.

7 años de prisión efectiva, 10 años de inhabilitación para ejercer la matrícula de abogado, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos más el pago de 90000 pesos de multa, que es el máximo previsto hoy en el Código Penal, fue lo que solicitó el fiscal para el asesor letrado de esa comuna.

Las otras penas solicitadas

Para Fabián Terenzano, José Irribarren y Leonardo Galarza, según presenció este miércoles El Entre Ríos, solicitó 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, con una multa de 90 mil pesos.

Para Marcelo Larrocca Ruíz y Romina Filsinger requirió 4 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.

En tanto, requirió 4 años de cárcel para Diego Sampellegrini y Guillermo Guevara; mientras que para Gustavo Graziano, acusado de encubrimiento, requirió una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Como última medida, solicitó el decomiso de los inmuebles de todos los imputados.

El momento del alegato del fiscal

La nueva audiencia se desarrolló este miércoles, desde las 8:50, en los Tribunales de Concordia. A diferencias de las jornadas precedentes, hoy estuvieron presentes todos los imputados: Julio César Larrocca (Vicepresidente 1° del Consejo Federal de AFA y presidente de la Liga Concordiense de Fútbol); Marcelo Larrocca Ruíz; Romina Filsinger; Leonardo Galarza; José Irribarren; Gustavo Graziano; Diego Sampellegrini; Guillermo Guevara y Fabián Terenzano.

A las 9 de la mañana comenzó la lectura del alegato de la parte acusatoria, a cargo del fiscal José Arias. Comenzó explicando que “tres funcionarios se pusieron de acuerdo” para sustraer terrenos del patrimonio municipal que administraban y transferirlos a terceros.

Aseguró que, para ello, llegaron a dictar normas y las acomodaron para sus fines. Indicó, ante el Tribunal, los 4 defensores y los imputados presentes, que se pusieron de acuerdo para no registrar los inmuebles en la Municipalidad en su contabilidad, a fin de crear un agujero negro. 

“Los contratos de cesión de los terrenos manifiestan una connivencia”, observó y destacó el precedente de una ordenanza de 2002 que preveía el concurso público para entregar terrenos.

Más adelante, valoró que la Junta de Fomento supo actuar de manera legal, cosa que no sucedería más adelante. En 2002 la Junta llegó a librar una autorización expresa de qué terrenos se podían vender ya que, como recordó, sólo el Concejo Deliberante o Junta de Fomento con el visto bueno de dos tercios puede autorizar. Dijo que eso no se hizo con los predios en litigio.

Recordó que, en 2005, asumió Julio Larrocca como asesor letrado, con la nueva gestión del entonces intendente Fabián Cevey. En 2007, se aprobó una nueva ordenanza que ratificó las anteriores en cuanto al método que debía seguirse, pero mencionó que se agregó una autorización indefinida para vender terrenos con supuestos fines turísticos.

En la documentación hallada en el municipio, en el allanamiento hecho por esta causa judicial, solo aparecieron las cesiones a Leonardo Galarza, Romina Filsinger y Benítez. A los tres les hacen presentar notas prometiendo inversión turística. Arias enfatizó que fue todo un engaño acordado entre la Municipalidad y los beneficiados.

Párrafo aparte, hizo saber que también actuó irregularmente la provincia porque al escriturar los terrenos pasó por alto el decreto que especificara los predios que provincia transfirió al municipio. “Ese decreto nunca existió”, precisó por lo que consideró que las ventas a los particulares fueron directas violando la exigencia de la licitación o subasta pública.

Recodó que la licitación habría garantizado transparencia e igualdad de oportunidades y que los precios fueran razonables. “Si se toma la tasación de Cabrera, los imputados no llegaron a pagar ni el 5% del precio”, comparó y enfatizó que “no llegaron a pagar ni el equivalente a la comisión inmobiliaria”.

Sostuvo que obviaron la licitación pública para evitar los precios de mercado, abismalmente superiores. Destacó que la declaración de Gustavo Graziano vino a confirmar que lo pagó 70 dólares y lo vendía a 100 el metro cuadrado.

Mencionó que a Filsinger y Galarza se le vendió a 6,50 pesos el metro; a Iribarren a 5,21 pesos, pero en 2012 le venden a los pobres a 100 pesos el metro, es decir, más o menos el mismo precio que salía en los clasificados de El Heraldo. “Nada que ver con lo que pagaron los imputados”, resumió.

Profundizó el planteo e indicó que “a los pobres no les dan las escrituras, a los imputados sí”. Es decir, remarcó el trato desigual que recibieron unos y otros. A los pobres, precio de mercado y sin escritura; mientras que a los imputados precios viles y escritura definitiva.

Exhibió, a modo de ejemplo, el caso de un pobre que renunció al terreno para que le den el libre de deudas, es decir el pago al día de las cuotas, para sacar el carnet de conducir como le exigió la Municipalidad.

El testaferro del intendente

Habló luego del caso de Fabián Terenzano. Sostuvo que la venta no sólo fue ilegal ciento por ciento sino que iba a ser para Fabián Cevey. Aclaró que no hay cesión de derechos, no interviene la Junta de Fomento, no hay ningún antecedente previo a la escritura, no hay comprobante de pago de ningún tipo, ni un recibo a mano alzada, un papelito. Nada.

Coincidió, luego, con la falta de registración contable. Defendió al imputado Terenzano como “testaferro de Cevey” en el sentido de que comprador y vendedor son la misma persona: el entonces intendente de Puerto Yeruá, Fabián Cevey. 

A favor de tal argumento, hizo saber que quien pide la bajada de luz al terreno fue la mujer del intendente y que, para ello, presentó a la Cooperativa Eléctrica de Concordia una copia de un contradocumento donde Cevey se muestra como el dueño real del terreno.

El fiscal dijo, entonces, que ve en eso una prueba irrefutable de que Terenzano es testaferro del hombre que luego admitió su culpabilidad en juicio abreviado y renunció al cargo de intendente. 

Precisó que las cabañas construidas eran alquiladas por la esposa de Cevey, que también pagaba el impuesto inmobiliario y recordó que la escritura original del terreno, en los allanamientos, apareció en poder de Cevey, en vez de tenerla Terenzano. Por si fuera poco, los teléfonos consignados para alquilar las cabañas pertenecían al municipio: un teléfono lo usaba la esposa de Cevey y el otro su hijo. Fue tajante al decir que Terenzano “se prestó a encubrir”.

La suegra

Habló, luego, del terreno que recibió Maquiavelo, suegra de Cevey, a 6,40 pesos el metro cuadrado. Dijo que fue todo ilegal ya que no hay siquiera cesión, no hay tickets, comprobante, nada de nada que documente pago alguno.

Maquiavelo además no tiene vinculación alguna con Puerto Yeruá debido a que vive en Tierra del Fuego. Tampoco hubo ordenanza que avale la venta, hecha sin licitación. En el terreno no hay nada construido.

Otro testaferro de Cevey

Habló, después, del caso de José Irribarren que recibió por 5,21 pesos el metro cuadrado con una tasa oficial de 2,08%. Dijo que también fue una venta absolutamente ilegal. También lo calificó como “testaferro de Cevey” y sin vínculo con Puerto Yeruá salvo por ser el padrino de bautismo de una hija del exintendente. No hizo nada en el terreno.

Como en el caso de Terenzano, nuevamente aparece documentación vinculada al terreno de Irribarren en poder de Fabián Cevey. En el allanamiento, al entonces intendente le secuestraron los comprobantes de pago a la ATER y la escritura original.

Los casos de Filsinger, Galarza y Larrocca Ruiz

Al mencionar los casos de Romina Filsinger y Leonardo Galarza precisó que fueron dos terrenos pero una única venta. Arias hizo saber que la escritura de ambos no coincide en nada con las supuestas cesiones, como tampoco coinciden los precios ni la ubicación de los lotes. “Era todo armado por la secretaria de la Municipalidad, María Brassesco (madre de Filsinger, precisamente)”, indicó.

Dijo que no es cierto que Galarza se hubiera enterado jugando al fútbol de que había terrenos en venta si no hubo ningún otro oferente.

Habla de Marcelo Larrocca Ruíz, hijo del asesor legal de la comuna de Puerto Yeruá. Pagó 7,83 pesos el metro cuadrado, el equivalente a un 3,91% del precio de mercado. Acto seguido, mencionó por qué fue una operación irregular: no hay constancia de que haya habido cesión previa, el papel no tiene la firma de Larrocca Ruíz, sólo está firmado por Cevey y Brassesco. 

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que no hay forma de relacionar ese papel de supuesta cesión con la escritura. Añadió que, encima, no hay coincidencia alguna en datos como superficie, precio, entre otros. “¿Cómo Larrocca Ruíz siendo abogado no controló todo eso?”, lanzó.

Añadió Que no hay tickets siquiera que acredite un pago del precio y eso ocurre porque “no lo pagó”, dijo Arias que además recordó que tampoco tenía Larrocca Ruíz relación alguna con Puerto Yeruá ni hizo nada en el terreno.

El “encubrimiento de Graziano”

Fue el turno, entonces, del imputado Gustavo Graziano al que acusa de encubrimiento. Sostuvo que se prestó a una maniobra para encubrir las irregularidades. Graziano firma escritura recibiendo el terreno por 40000 pesos. Mencionó que Graziano dijo que hubo dos operaciones: él comprando a Larrocca Ruíz y luego vendiendo a Galvani. Sin embargo, el fiscla mencionó que la documentación no dice eso sino que el empresario José Galvani aparece como el comitente de Graziano.

“Graziano dijo una cosa en Fiscalía y otra en el juicio oral respecto de los precios”, reflexionó Arias que sostuvo que, ante tanta contradicción, cabe preguntarse para qué firmó lo que firmó.

Lo que hicieron Sampellegrini y Guevara

Diego Sampellegrini fue el siguiente nombre que mencionó el fiscal en la lectura de su alegato. El terreno que recibió fue a 20,16 pesos el metro cuadrado, un 5,4% respecto a la tasación oficial. No pagó o, mejor dicho, no hay acreditado pago alguno. “No hubo cesión siquiera”, dijo y agregó que no hay ni recibo a mano alzada.

Planteó que, si compró de buena fe, cómo pudo pagar sin quedarse con documentación que lo respalde. También sugirió comparar esa cesión las cesiones hechas a las familias humildes, realizadas con diferencia de menos de un año. “Se le vendió a Sampellegrini a 20 y a los pobres a 100”, resumió.

Sobre Guillermo Guevara habló luego. Recibió un lote por 20,16 pesos el metro cuadrado, a un 5,91% del valor de mercado. Como en los casos anteriores, tampoco hay constancia de pago, no hay cesión ni hay boleto de compraventa. Sugirió que “es ridículo que alguien pague contra la nada misma”, sin asegurarse que quede acreditado el pago y tampoco hay constancia contable del pago. Realizó ahí, igual comparación con el caso de la manzana 105.

“Lo que omitió hacer Larrocca”, según Arias

Finalmente hizo mención a Julio Larrocca. Explicó que obró en infracción al deber por el rol de asesor legal de la Municipalidad de Puerto Yeruá. Dijo que hubo violación al deber y que no evitó resultados dañosos para el erario.

Los delitos de Cevey, como autor, se complementan con Larrocca y Brassesco. Dijo que como secretaria debía controlar la legalidad de los actos, con un auto afectado a la gestión pública por lo que no hay dudas de su implicación con la gestión.

Arias aclaró, en respuesta a un planteo hecho por el propio abogado imputado, que no hace falta pertenecer a la administración para ser funcionario público, si no que basta con tener una función asignada y allí mencionó, al respecto, el decreto de designación donde destaca el rol de contralor de los actos administrativos “que es lo que omitió hacer”, manifestó el fiscal.

“Le preguntan si se podían hacer las cesiones y el debió decir que no”, sostuvo pero dijo que, por el contrario, avaló todo. Dijo que hay una connivencia entre Larrocca Cevey y Brassesco. “Larrocca tenía el deber de advertir a la Junta de Fomento que no se podían hacer las transferencias” y señaló que el exintendente, por su parte, incurrió en abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y, en definitiva, autor de peculado.

Aclaró, sobre el particular, que el delito de peculado se puede aplicar también a bienes inmuebles. Citó antecedentes del expresidente Carlos Menem y del exministro Domingo Felipe Cavallo. 

“Hubo una actuación dolosa indudable y Larrocca dejó que las cosas ocurran”, concluyó José Arias.

Pedido de penas

Al valorarlas, Arias dijo que tuvo en cuenta la calidad del nivel de decisión de cada funcionario. Valoró que los funcionarios eran los custodios de la víctima: la Municipalidad. Dijo que se aseguraron que los resortes de defensa de la víctima no iban a funcionar. 

Intendente, secretaria y asesor letrado se aseguraban el control de la maniobra dejando indefensa a la Municipalidad. Además no registraron los bienes y ocultaron las ventas al Tribunal de Cuentas. Les atribuye avaricia, o sea el tener por tener y engordar su patrimonio. 

Aclaró, inmediatamente después, que la pena en el abreviado fue menor porque los condenados tuvieron gestos de reconocimiento de culpa. Reconocieron, como lo hizo Fabián Cevey, la vigencia de la norma y por eso se pudo acotar la pena con efecto inmediato en la devolución de terrenos y la renuncia a sus cargos.

Fuente: El Entre Ríos.



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