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12 de enero de 2018
Inauditas violaciones de un pacto sagrado
Primero fue, en agosto pasado, la difusión de los datos sobre las presentaciones que familiares presidenciales y empresarios aparentemente cercanos al Gobierno habían concretado en el último blanqueo impositivo por cientos de millones de dólares en bienes y dinero en efectivo.

 La noticia generó una de las crisis más severas en el Gabinete argentino, al punto de ser la única vez que se tenga registro que el propio Mauricio Macri amenazó seriamente con avanzar sobre las libertades constitucionales que garantizan el derecho de la prensa a informar. La oposición, por su parte, se escandalizó por los nombres aparecidos en el listado. Ayer fue la publicación de datos sobre las presentaciones que familiares de Hugo Moyano también concretaron en el último blanqueo. En este caso, los indignados aparecieron en el Gobierno, quienes se espantaron por la novedad de los nombres cercanos al sindicalista, mientras que la oposición criticó la embestida. 

En realidad lo que la publicación de los listados de adherentes (de todo nivel y extracción económica y social) demuestra es algo más grave y peligroso. La clave del último y exitosísimo blanqueo (y de todos los llamados a regularizar deudas impositivas y bienes sin declarar), es que se mantenga a rajatabla y sobre cualquier circunstancia el secreto. Sólo alguien (cualquier persona) que no declaró en su momento sus tenencias en efectivo y sus bienes en el país y en el exterior aceptará regularizar su situación por dos motivos. El primero, porque considerará que estos estarán resguardados de vaivenes económicos y que podrán ser más productivos en blanqueo que en negro. En este sentido se confió en que Macri mejoraría la economía. Aún está a tiempo. Pero el segundo motivo, y tan (o más) importante que el anterior, es que las autoridades le garantizarán al blanqueador, por más injusto que suene, el absoluto respeto de sus secretos y su anonimato. La publicación, ya en dos oportunidades, de nombres que aceptaron este pacto público del Gobierno que se comprometió a resguardar los nombres, avalado además por ley y apoyado por casi toda la clase política argentina, es, simplemente, imperdonable. Y atenta contra la credibilidad oficial y contra la posibilidad futura de convencer a otras personas y empresas a ingresar en llamados similares en el futuro. En total el blanqueo permitió que se registraran bienes y efectivo por unos 116.800 millones de dólares, un record mundial histórico para el país y el mundo. Ese dinero fue blanqueado por unas 254.700 personas físicas o empresas. Todas ahora tienen el temor de aparecer con sus nombres publicados en algún momento. Y, lo peor, dependiendo de la operación política de turno. Lamentable. Y poco serio.



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