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30 de diciembre de 2017
Los Etchevehere van a indagatoria por el desvío de créditos agropecuarios y administración fraudulenta
La Justicia de Paraná pidió que el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y su madre, sean citados a indagatoria y embargados en la causa que investiga los desvíos de créditos pedidos al Banco Itaú. Además, se solicitó abrir otra causa por administración fraudulenta, tras detectarse la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad para vaciar una empresa familiar.

El Fiscal de Coordinación Nº 3 de Paraná, Alejandro Cánepa, y  Viviana Ferreyra, Agente Fiscal de Paraná, solicitaron a la Jueza de Transición “se fije fecha de indagatoria” al ministro de Agroindustria de la Nación y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, a sus hermanos Juan Diego (presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos, delegado del Ente Nacional de Comunicaciones y presidente de la Fundación macrista "Pensar") y Arturo Sebastián (ex directivo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas -Adepa-), y a la madre de ellos, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, en el marco de la causa iniciada por su hermana Dolores Etchevehere en el año 2011.

Además, la fiscalía pidió “se trabe embargo” sobre los bienes de Luis Miguel Etchevere, sus hermanos y su madre, y solicitó la prohibición de escriturar numerosos inmuebles que en realidad habrían sido “ventas simuladas” realizadas por la empresa familiar (SAER) de la que también forma parte Dolores (la denunciante a quien uno de sus hermanos logró imponerle un bozal legal para que no hablara de las causas), hacia otra empresa creada por el ministro y su familia -pero de la cual no forma parte Dolores- (Construcciones del Paraná S.A.). Las ventas se hicieron a precio vil para encubrir préstamos de dinero a fin de vaciar la firma SAER.

El fiscal Cánepa dijo a NOTICIAUNO que se trata de la denuncia radicada en 2011 por Dolores Etchevehere, la única hermana mujer del ministro, por administración fraudulenta y vaciamiento de las empresas familiares para dejarla afuera del patrimonio familiar, en la que Cánepa comenzó a intervenir recién en el año 2016.

A todos se les atribuye a través de la sociedad Las Margaritas S.A. “haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000, que fueron otorgados en 2011 (el primero por U$S 200.000 y el segundo por U$S 50.000), a tasa subsidiada y con el fin de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello fueron distribuidos entre los Etchevehere para fines personales y distintos del solicitado al Banco”.

Según el requerimiento fiscal al que accedió NOTICIAUNO, la devolución de los créditos fue pactada en dólares, a una tasa del 8% anual, mientras que paralelamente los Etchevehere devolvían a la sociedad (Las Margaritas) el dinero distribuido mediante cheques de pago diferido, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa.

De ese modo, mientras el valor del dólar subía, al igual que el monto del crédito a devolver al Banco Itaú por parte de la sociedad, las cuotas que debían devolver el Ministro y su familia perdían valor frente al dólar, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000 -otorgado en 2016- también a tasa subsidiada y para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequeños productores - para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú.

De esta forma, en violación a sus deberes, los Etchevehere “obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación fueron destinados a sus fines específicos, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido", agregan los fiscales.

Luis Miguel Etchevehere junto al presidente Mauricio Macri

Cabe destacar que a principios de este año, por estos hechos Cánepa había pedido la indagatoria de Etchevehere y su familia por el delito de administración fraudulenta, pero debido a un planteo de los involucrados, la indagatoria no pudo concretarse en 2017.

En el mismo pedido de indagatoria, Cánepa requirió varias medidas de prueba e incluso el allanamiento de Las Margaritas, lo que fue objetado por la defensa. El planteo finalmente fue rechazado por la Cámara de Apelaciones, con lo cual la causa volvió a la Fiscalía, que reiteró ahora el pedido de indagatoria de la familia Etchevehere, que tendrá lugar en febrero de 2018.

Juan Diego Etchevehere junto a los legisladores provinciales La Madrid y Mattiauda (Cambiemos) y la flamante diputada nacional Alicia Fregonese

 

Además de esto, y también a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere, la Fiscalía requirió la instrucción formal contra Luis Miguel Etchevere, sus hermanos, su madre y Luis Alberto Guevara (este último domiciliado en Capital Federal) “en su calidad de integrantes del Directorio de la firma SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos)” editora del El Diario de Paraná, “por el presunto delito de administración fraudulenta”.

Según dijo el fiscal Cánepa a NOTICIAUNO, el nuevo delito que compromete al ministro de Agroindustria de la Nación, a sus hermanos y a su madre “se verificaría a partir del vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad, en perjuicio tanto de la denunciante (Dolores) como de terceros vinculados laboral y/o comercialmente con las empresas de la firma en cuestión”.

De acuerdo al fiscal, los Etchevehere realizaron entre los años 2011 y 2015 una serie de operaciones de transferencias de inmuebles hacia varias empresas, una de ellas Construcciones del Paraná S.A, cuya titularidad también pertenece a los tres hermanos Etchevehere y su madre, menos Dolores, la denunciante.

Todas las ventas fueron realizadas a precio vil.

La más llamativa es la venta del centenario e histórico edificio donde funciona El Diario, ubicado en la esquina de calles Urquiza y Buenos Aires de Paraná, cuyo precio de venta fue sospechosamente fijado en la irrisoria suma de 2 millones de pesos (casi lo mismo que cuesta en el mercado un departamento de un dormitorio).

Además, la operación incluía un pacto de retroventa a dos años para que la familia pudiera desistir de la venta abonando al comprador 3.600.000 pesos.

La fiscalía sostuvo que “existen indicios suficientes” de que a la par que los Etchevehere a través de Las Margaritas S.A. “se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A. (de la cual la hermana Dolores no es socia), porque “no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales Dolores es socia (SAER y Los Vascos S.A.)”.

Entonces “crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. para transferirle tales inmuebles”.

“Pero como - a la vez - esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente CONSTRUCCIONES DEL PARANA S.A. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades”. 

A esa firma fueron transferidos, mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras, numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de "vaciarla".

La maniobra

Por cada escritura se confeccionó un mutuo (préstamo), emitido por  una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná. Esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los préstamos. Es decir, que el dinero volvía a su "dueño" - u original prestamista - mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su Directorio.

NOTICIAUNO pudo corroborar que además del edificio de El Diario, se realizaron ventas de otros inmuebles ubicados fuera de boulevares (Avenida Zanni de la capital provincial) bajo la misma operatoria y también a precio vil. En todas las transacciones el comprador fue la mutual “10 de Abril”.

Sucedió que vencido el plazo sin que se ejerciera por parte de la familia Etchevehere la opción para recuperar los inmuebles vendidos a precio vil, la compradora –la mutual- quiso escriturar a su nombre todas las propiedades. Incluso inició sendos juicios civiles demandando que la escrituración se realizara por orden judicial.

En efecto, en uno de esos juicios por escrituración, la justicia civil dictó sentencia favorable para la mutual, pero antes de ordenar el traspaso de los bienes advirtió a la Fiscalía a cargo de Cánepa sobre el precio vil de las supuestas ventas y la modalidad (pacto de retroventa) bajo la cual todas fueron realizadas.

Entonces, la Fiscalía solicitó una medida de no innovar y evitó por el momento la escrituración de los inmuebles, hasta tanto se determine si se está en presencia de otra maniobra fraudulenta.

Por el momento no se descarta que existan más personas involucradas ya que los accionistas de la empresa SAER han cambiado en los últimos años. Es por ello que el Fiscal afirma que “es posible que oportunamente varíe también el requerimiento de instrucción formulado, en la medida en que alguno de los referidos no haya integrado el Directorio al momento de las operaciones, o  sean otras las personas que se vean involucrados en las mismas”.

Atento a esa situación, se libraron numerosos oficios a la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos; al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); a la Dirección General de Notariado, Registros y Archivos de Entre Ríos; al Banco Central de la República Argentina, y por su intermedio a todas las entidades bancarias y financieras que operen en el país; y a la AFIP.

Por estos hechos, la fiscalía entendió que puede atribuírsele a Luis Miguel Etchevere, Arturo Sebastián Etchevere, Juan Diego Etchevere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevere y Luis Alberto Guevara, que "durante el período comprendido entre los años 2011 a 2015, en su carácter de miembros del Directorio de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos, realizaron la venta simulada” de varios inmuebles “hacia la empresa Construcciones del Paraná S.A. - cuyos socios resultan Luis Miguel Etchevere, Arturo Sebastián Etchevere, Juan Diego Etchevere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevere -, a precio vil y por debajo de los de mercado, que en realidad encubrían préstamos de dinero otorgados por ésta última hacia SAER, y - a su vez - de las firmas Asociación Mutual Unión Solidaria y Asociación Mutual 10 de abril hacia aquella, obligando así de manera abusiva y desapoderando patrimonialmente a la sociedad cuyos intereses y bienes dirigen y administran, en perjuicio de los socios y de otros terceros que se vinculan laboral y/o comercialmente con la misma”.

Por otra parte, el fiscal Cánepa desmintió la realización de allanamientos en las propiedades de la familia Etchevehere, como trascendió, y explicó a NOTICIAUNO que el procedimiento realizado en la tarde de este viernes en la casa de la familia Etchevehere ubicada en el Parque Urquiza de Paraná fue sólo a los fines de buscar documentación de la sociedad comercial Construcciones del Paraná SA cuyo domicilio legal es, precisamente, la casa familiar del ministro Luis Miguel Etchevehere.

 



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