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18 de noviembre de 2017
Ajuste ambiental: Ahora, la Ley de Glaciares
El Congreso se prende fuego y el Poder Ejecutivo mueve los hilos de las reformas que se tejen en las últimas semanas. A los proyectos impositivos, laboral, y previsional, se sumaría la intención del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares el año entrante, con el fin de incrementar las ganancias millonarias de las corporaciones mineras. Ya hace tiempo, el representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, advertía a AIM acerca de la no aplicación de la norma y la responsabilidad de los funcionarios.

El Gobierno encabezó una reunión con la Cámara de Argentina de Empresarios Mineros (Caem); los gremios de la construcción (Uocra) y la minería (Aoma); representantes de algunas provincias; funcionarios de los ministerios de Medio Ambiente, Trabajo y Energía; e importantes empresarios del rubro, entre ellos Eduardo Elsztain y Carlos Miguens.

El Gobierno se comprometió a ser el portavoz de las demandas empresariales. Buscará impulsar modificaciones en la ley para el año entrante, con el fin de incrementar las ganancias millonarias de las corporaciones mineras.

Los artífices de la reunión fueron los empresarios Carlos Miguens (por la compañía Patagonia Gold), Fernando Giannoni (de la contaminante empresa Barrick Gold) y Eduardo Elsztain (de Austral Gold).

Los empresarios alzaron su voz contra una ley que, según apuntaron en la reunión, les impiden iniciar explotaciones equivalentes a US$ 18.000 millones por las “incertidumbres” que genera la ley para las inversiones patronales.

Al parecer, se buscará entonces reducir las restricciones que limitan las operaciones de las corporaciones en la región. En concreto, se trataría de poder explotar los recursos de las zonas “periglaciares” de la cordillera.

Todos de acuerdo

En la reunión, además de los funcionarios oficialistas, participaron representantes de diferentes gobiernos provinciales: desde los oficialistas de Mendoza y Jujuy; hasta los “opositores” peronistas de Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan.

Un campo minado

Sin embargo, la cuestión suscita fuertes polémicas. Las consecuencias perjudiciales para el medio ambiente que producen las explotaciones mineras (como lo son el ejemplo de los sucesivos derrames de la Barrick Gold) dan sobrados motivos para oponerse a la nueva política oficial.

“El ajuste de Cambiemos es social, laboral y también ambiental: Van por la Ley de Glaciares. En medio de la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23), se conoce que Argentina destruirá sus glaciares para favorecer a las grandes transnacionales mineras. La idea, pareciera, es no dejar nada en pie, nada sin entregar, hasta las fábricas de agua”, advirtió el asesor ambiental, Enrique Viale.

Antecedentes de la Ley

En 2008, la entonces diputada Marta Maffei presentó un proyecto de ley tenía por objetivo la protección de los glaciares, había sido aprobada por mayoría, pero la entonces presidenta Cristina Fernández, vetó esa ley. En 2010, Miguel Bonasso presentó un nuevo proyecto, similar al de la diputada Maffei. Finalmente, y por presión de todos los sectores sociales y de organizaciones, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26639, promulgándose en octubre de 2010. Esta ley unificó la propuesta del diputado Miguel Bonasso (basada en la de Maffei) y con la de Daniel Filmus (FPV), quien también había presentado una iniciativa al respecto.

Inmediatamente, la minera Barrick Gold presentó una medida cautelar solicitando la inconstitucionalidad de la norma. En San Juan, los amigos en el poder, lograron en tiempo récord frenar la aplicación de la medida.

La mina Veladero, operada por Barrick, está ubicada en el departamento de Iglesia, a 370 kilómetros de la ciudad de San Juan. La zona donde está ubicada la mina pertenece al ambiente periglaciar protegida por la Ley de glaciares, que precisamente prohíbe la minería sobre estos ecosistemas.

La presencia de glaciares y ambiente periglaciar en la zona fue negada sistemáticamente por el Gobierno provincial, pese a estar reconocida en el Informe de Impacto Ambiental de Veladero por la misma Barrick Gold. La falta de controles al funcionamiento de la mina permitió que, en septiembre de 2015, se derramara más de un millón de litros de solución cianurada, y se contaminaran cinco ríos.

Este derrame, el más grave incidente ambiental minero de la Argentina, fue negado durante días por la empresa y por el ex gobernador José Luis Gioja, que aseguraba que ni un solo gramo de desperdicios mineros había llegado a los ríos.

Inventario

La Ley de Glaciares establece que debía completarse un Inventario Nacional de Glaciares, para determinar dónde hay áreas a proteger. A la fecha, solamente está publicado el 10 por ciento y resta aún la publicación de aquellas zonas donde la minería sigue avanzando.

Con sólo el 10 por ciento del inventario realizado, ya se detectaron 44 proyectos mineros en donde este tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo seis de la Ley de glaciares; seguramente ese número crecerá exponencialmente cuando se termine de relevar las cuencas que faltan, advierten desde organizaciones ambientales.

El Poder Ejecutivo Nacional es la autoridad de aplicación de esta ley, por lo tanto, su función no puede terminar con el relevamiento de datos, sino que debe hacerla cumplir con todo rigor. En ese sentido, y tal como reclaman especialistas y organizaciones ambientalistas, la mina Veladero debe ser clausurada definitivamente, porque está operando en área protegida.

El plan del macrismo

En enero de este año, AIM adelantó que, en silencio y sin hacerlo público, el Gobierno diseña desde hace meses una estrategia para destruir el espíritu de la ley de glaciares a través de una reglamentación que desvirtúe la definición de glaciar y allane el camino para la instalación de mineras en zonas prohibidas.

El Gobierno prometió 20 mil millones de dólares en inversiones mineras. El documento que reglamentaría la nueva definición habla de más de 25 mil millones de dólares de inversiones potenciales, pero sabe que no menos 16.360 millones sólo llegarían si las condiciones internacionales y locales lo permiten, y si la Ley de glaciares deja de existir.

De acuerdo al documento del propio Gobierno, hay cuatro proyectos que contienen en su área geoformas mapeadas en el Inventario Nacional de Glaciares. Son Altar, Pascua Lama, Los Azules y Pachón, todos en San Juan.

Las inversiones que el gobierno estima en esos proyectos son de 10 mil millones de dólares, pero el deseo está lejos de la realidad, ya que además de la violación de la Ley, Pascua Lama fue frenado por la Justicia chilena por contaminar dos glaciares y Pachón está absolutamente paralizado y en medio de un conflicto binacional con Chile por la escombrera de una minera trasandina que contaminó lagos y secó vegas en Argentina.

Además, hay otros tres proyectos, por 6.360 millones de dólares, con “potencial conflicto” con la Ley de glaciares. El “potencial”, en realidad, es porque esos lugares todavía no fueron inventariados. En otras palabras, son zonas que una vez que sean incluidas en el inventario de glaciares deberán ser protegidas. Son los proyectos Agua Rica, en Catamarca, donde esperan dar continuidad a Bajo La Alumbrera, el primer proyecto minero a gran escala del país; y los proyectos Del Carmen y Constelación, en San Juan. El primero de esos proyectos es de Barrick Gold, mientras que el segundo afectará directamente al glaciar El Potro, uno de los más grandes de Sudamérica.

El acuerdo para modificar la reglamentación de la ley de glaciares se alcanzó el 21 de julio, lo cual quiere decir que se venía negociando desde hace rato. Sin embargo, recién a fines de agosto llegaron a un convenio definitivo y a mediados de septiembre se empezaron a reunir los equipos técnicos por separado. En octubre cada dependencia presentó su borrador y se realizó un taller y dos reuniones en cada ministerio. En la nueva reglamentación, no estarían incluídas las herramientas vinculadas al desarrollo sustentable.

La primera idea es excluir a los llamados glaciares de escombro del ambiente periglacial, que está protegido por la ley y que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) incluyó en las cuencas del inventario que ya fueron publicadas.

En el documento se explica expresamente cómo hacer “para exceptuarlos del área a proteger”. Para ello, la Secretaría de Energía propuso incluir un requisito extra para que sean resguardados por la ley: contar con un “Estudio de Significancia Hídrica”.

En el documento, parecería prevalecer la idea de que habría que demostrar que los glaciares y el ambiente periglacial son “recurso hídrico estratégico” para que sean protegidos, algo que la ley no exige. Muy lejos de esa interpretación, la Ley define a todos los glaciares y la ambiente periglaciales como recursos estratégicos e incluso aclara que no es la única finalidad de protección: también hay que resguardarlos “para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.



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