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7 de noviembre de 2017
Aranguren: su paso por una offshore de Shell a la que el Estado le compró gasoil por US$ 150 M
La participación del ministro en la petrolera vuelve ser un problema. Qué datos lo vinculan con un paraíso fiscal.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, es otro de los argentinos relacionados al mundo offshore en Paradise Papers, el proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. El ex CEO de la petrolera Shell fue director de al menos dos empresas radicadas en una jurisdicción secreta, según los documentos a los que accedió Perfil, miembro del equipo argentino de esta investigación global.  

El hecho sería una anécdota del pasado, si no fuera porque una de ellas es la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual gobierno.

Entre abril y septiembre de 2003, Aranguren aparece vinculado a Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, radicada en Barbados. También, figura como director de Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa, entre mayo y julio de 1996.

En abril de 2016, Shell Western Supply and Trading se quedó con siete de los ocho cargamentos de gas oil licitados por CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, que depende del ministerio de Aranguren. La petrolera estatal YPF también participa en el proceso: elige a los oferentes y CAMMESA los contrata. La compra había sido revelada por PERFIL el año pasado. Pero no se conocía la relación directa entre la offshore y Aranguren, hasta ahora. 

¿Por qué Argentina importa combustible? Como el gas que se produce en el país no es suficiente para hogares, industrias y usinas térmicas, entre mayo y agosto se importa una gran cantidad de cargamentos de gasoil y fuel oil.

“Fue la (compañía) que ofertó el precio más conveniente para el Estado” dijo Aranguren sobre la operación, que rondó los 150 millones de dólares. Consultado por el equipo argentino de Paradise Papers sobre el origen secreto de la compañía que contrató el Estado, el ministro admitió que se vincula con la intención de pagar menos tributos y lo enmarcó en una práctica habitual de las multinacionales, en particular, las petroleras y traders. “Muchas tienen domicilio en países que se caracterizan por aplicar un régimen tributario favorable. No tenemos constancias de que existan limitaciones legales en el comercio internacional para operar con empresas de esas características” explicó.

Además se desligó de cualquier influencia suya en el contrato de CAMMESA, al recordar que en todo lo relativo con Shell, quien lo reemplaza en ese tipo de decisiones es su par del ministerio de Producción, Francisco Cabrera (por una resolución ministerial y un decreto del Presidente).

Aranguren sostuvo que no intervino en la adquisición de gasoil por parte de CAMMESA a la empresa offshore Shell Western Supply and Trading Ltd. “La operación fue realizada por YPF en el marco de un Acuerdo de Gestión celebrado en el año 2012 y sucesivamente prorrogado, conforme al cual es la empresa petrolera argentina quien realiza la convocatoria a los diversos proveedores a presentar ofertas, estipula las condiciones generales para la contratación y realiza la evaluación de las propuestas. La Secretaría de Energía sólo gestiona el procedimiento de pago”, expresó en su descargo. En la misma línea dejó al margen de cualquier favoritismo al titular de Enarsa, Hugo Balboa, otro ex Shell, a quien Aranguren define como “un amigo”. 

Sobre Guiana Lmited, otra de las offshore en las que aparece, Aranguren deslizó que podría haber “alguna confusión de nombres”, respecto de la primera admitió una pertenencia breve, aunque la justificó y calificó de “ad honorem”.

Sobre su presencia en Sol Antiiles y Guianas Limited, que realizó millonarios contratos petroleros en Puerto Rico, Suriname, Guyana y Haití, los documentos de Paradise Papers ubican a Aranguren en sus directorios entre mayo y julio de 1996.

“Creo que hay una confusión de nombres. En lugar de Sol debería ser Shell. Esto puede ser porque Sol es un grupo petrolero del Caribe que compró los activos de Shell en parte de esa región en 2005”, afirmó el ministro.

El Grupo Sol, adquirió The Shell Company (Puerto Rico) Limited en agosto de 2006, que posteriormente pasó a llamarse Sol Puerto Rico Limitado. 

Bajo los ojos de la Oficina Anticorrupción. El ministro ya había quedado en la mira por su pasado reciente en Shell y el notorio incremento en los contratos que la firma suscribió con el Estado argentino en lo que va de la era Macri.

El año pasado, el organismo que dirige Laura Alonso determinó que el funcionario "debe abstenerse de tomar intervención en cuestiones relacionadas con el Grupo Shell”, en función de lo que exige la Ley de Ética Pública.

La polémica se inició cuando se supo que según su declaración jurada patrimonial del 2015, Aranguren declaró tener desde diciembre de 2008, acciones Clase A, en la Royal Dutch Shell PLC, por valor de $ 16.326.051,67, al día de hoy, unos 900.000 dólares. El mismo valor, por el mismo concepto, volvió a informarlo en su declaración jurada a principios del año siguiente.

Cuando el caso se hizo público, en 2016, la Oficina Anticorrupción se expidió diciendo que se le haría una "recomendación preventiva", la cual acató porque para el final de 2016, dichas acciones ya no aparecían en su declaración jurada.

Elisa Carrió dijo que el conflicto de intereses era evidente. Entonces, el Gobierno salió a defenderlo, diciendo que la porción de acciones del ministro dentro de la petrolera representaba “apenas el 0,0001% del patrimonio total de la multinacional.

Su participación resulta pequeña, claro, ya que se trata de una de las cuatro petroleras más grandes del mundo, valuada en 323 billones de dólares. Pero con relación a su patrimonio no era poco. De los $ 86.685.999,94 en bienes, depósitos y dinero declarados al Inicio del 2016, el dinero que tenía invertido Aranguren en Shell representaba casi el 20 % de su patrimonio.

En septiembre del año pasado, Laura Alonso sostuvo que "no tenía información suficiente” como para concluir si Aranguren había violado la ley y le derivó el caso a la Sindicatura General de la Nación para que audite si Aranguren participó o no del proceso en cuestión, tal como se lee en esta resolución.

Fueron 2 tipos de documentos los que a los que la OA no tuvo acceso:

1) Las constancias escritas de la aprobación de la operación con este empresa offshore por parte de la Secretaría de Energía Eléctrica del  Ministerio de Energía y Minería. 

2) Las “Actas de Reuniones Informe de Situación Combustibles 2016” celebradas en las dependencias de CAMMESA, entre representantes de esa empresa y distintos actores del sector energético.



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