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26 de octubre de 2017
Proponen un régimen "reparatorio" para víctimas de violencia institucional
La iniciativa se encuentra a la espera de tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda. Se espera que la propuesta sea puesta a consideración antes de finalizar el año

A partir de un proyecto de ley, la senadora Sigrid Kunath busca establecer un régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género. La iniciativa se encuentra a la espera de tratamiento en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda. Se espera que la propuesta sea puesta a consideración antes de finalizar el año legislativo. 

El proyecto de ley establece una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. La solicitud del beneficio se hará ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación. En caso de que el solicitante no aporte materiales probatorios suficientes, corresponderá a la autoridad de aplicación la producción de prueba adicional de oficio. Toda negativa al otorgamiento del beneficio deberá estar basada en una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, del accionar estatal cuestionado, su legitimidad, proporcionalidad y su carácter no discriminatorio.

La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los 10 días de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.

Cabe destacar que la pensión graciable es de carácter independiente de cualquier otra reparación.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del régimen. Tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno involucradas, quedando a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de los beneficiarios, el diseño y la ejecución de un plan de monitoreo de su aplicación. Los fondos necesarios para implementar el presente régimen serán provistos por el Tesoro Nacional.

Qué se entiende por violencia institucional

Toda práctica estructural de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.) debe ser considerada violencia institucional.



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