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17 de junio de 2017
Cómo proteger políticamente a un juez que libera a violadores
Carlos Rossi soltó al preso que violó y mató a Micaela García en Entre Ríos. Hay 8 pedidos para destituirlo, pero pasaron dos meses y los legisladores todavía no formaron el jury.

Lo que le pasó a Micaela García no puede pasar nunca más, decían.

Su caso tiene que marcar un antes y un después, indicaban.

Ni una Micaela más, se comprometían ante la gente.

“Por vos juramos vencer”, adherían al lema de sus amigas y su familia en su despedida.

Hacían fila para criticar al juez que liberó anticipadamente a Sebastián Wagner, el violador que luego secuestró, abusó y mató a Micaela. Se empujaban unos a otros para ser los primeros en presentar pedidos de juicio político en su contra. El bloque de senadores de Cambiemos incluso presentó en la Cámara Alta un proyecto de declaración en el que expresaba su “enérgico repudio a la decisión tomada por el juez Carlos Alfredo Rossi por la cual se le otorgó el beneficio de la libertad condicional al condenado Sebastián José Luis Wagner por delitos contra la integridad sexual, pese a los informes negativos de los equipos técnicos interdisciplinarios”.

Ocho pedidos de destitución se presentaron en la Legislatura entrerriana. El del senador por el departamento de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda, fue el primero y enseguida adhirió todo su bloque, el de Cambiemos. Lo siguieron los diputados massistas Alejandro Bahler y Mariela Tassistro, del bloque Frente Renovador-Unión Popular, a quienes se sumó el radical Ricardo Troncoso. Luego hubo uno de la organización civil Red de Alerta y otro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA); uno del senador provincial Aldo Ballestena (Frente para la Victoria, FpV); otro del bloque completo de diputados del FpV –acompañado por el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan, y por 200 firmas–; uno de la Asamblea Participativa de Mujeres; otro del senador nacional por Entre Ríos Alfredo de Angeli (Cambiemos); y uno anunciado por su colega Juan Manuel Abal Medina (PJ).

“Los pedidos de juicio político (contra Rossi) ya se han formulado en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, porque es un juez local”, señaló el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, hace más de dos meses, el 9 de abril, cuando lo consultaron por este caso. “Esperemos que avancen con celeridad”.

El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, se sumó a la polémica: “Espero que la Justicia pueda llevar adelante las transformaciones necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”.

“A este tipo de jueces no los podemos tener”, indicó el mismísimo presidente de la Nación, Mauricio Macri.

Sin embargo, a Carlos Rossi lo seguimos teniendo. A dos meses y medio del crimen de Micaela, el juicio político en su contra no tiene siquiera jurado. El hombre que posibilitó el crimen de Micaela al poner en la calle a su asesino cuando todos le decían que no lo hiciera, lejos de haber perdido su puesto, sigue siendo juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú.

Todos los días firma nuevos fallos. Y nadie hace nada por cambiar esta situación.

Sólo hay relato y torpeza.

Rossi lleva 17 años en el cargo. El 1° de julio de 2016 le dio la libertad condicional a Sebastián Wagner, condenado a nueve años de cárcel por la violación de dos estudiantes. Le permitió acceder al beneficio once meses antes de lo que le correspondía porque había cumplido con un “estímulo educativo” -terminar la primaria en prisión-, le redujo tres años el tiempo de encierro y lo mandó a vivir a Gualeguay. No le importó que tres informes le indicaran que no lo hiciera.

Exactos nueve meses más tarde, el sábado 1° de abril de este año, Micaela García (21) desapareció cuando salía de un boliche de Gualeguay. Horas más tarde, Wagner huyó de la ciudad. Lo encontraron el viernes siguiente en la localidad bonaerense de Moreno y confesó haber violado y matado a la estudiante. Hasta señaló el lugar donde estaba el cadáver.

Desde aquel día, Rossi carga con una muerte sobre sus espaldas. Las críticas cayeron de inmediato sobre él, quien se apuró a pedir una licencia de 20 días por estrés. Entre tanto, se fueron presentando los pedidos para destituirlo por mal desempeño de sus funciones.

El juez al que señalaba toda la Argentina contrató a dos abogados y presentó una serie de escritos para rechazar los pedidos de destitución. “Debemos señalar que se me endilga el haber otorgado la libertad condicional al interno condenado Sebastián José Luis Wagner, basándose las denuncias en que éste habría cometido el femicidio de Micaela García”, destacó allí, usando un insólito potencial. “Lo cierto es que dicha persona, si bien está imputada por el mencionado femicidio, aún pesa sobre él la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano acusado de haber cometido un delito hasta tanto recaiga sentencia firme que demuestre su culpabilidad”, lo defendió para defenderse. “Esta sola circunstancia basta, entiendo, para que se provoque el rechazo de las denuncias que pretenden mi enjuiciamiento”.

Como no confiaba mucho en estos argumentos, su paso siguiente fue recusar a cinco integrantes del tribunal que debe hacerle el juicio político. Luego, a quienes los reemplazaron. Y nadie se lo impidió. Así ganó tiempo para que su licencia se venciera y la gente se olvidara de todo, mientras él volvía sigilosamente a su despacho.

El jurado de enjuiciamiento se integró inicialmente con el diputado Diego Lara (con su colega Rosario Romero como suplente), el senador Ángel Giano (con Roque Ferrari de eventual reemplazo), los vocales del Superior Tribunal de Justicia (Suprema Corte de Entre Ríos) Bernardo Salduna, Daniel Carubia y Emilio Castrillón, y los dos representantes del Colegio de Abogados, Jorge Campos y Roberto Beherán.

Los elegidos sólo se reunieron dos veces antes de que Rossi objetara la imparcialidad de cinco de ellos: Lara, Romero, Giano, Ferrari y Castrillón. Entonces se abrieron dos posibilidades para responder a su planteo: que quienes no habían sido recusados resolvieran si sus colegas debían o no ser apartados; o reemplazar a los cinco cuestionados y que los nuevos integrantes votaran a favor o en contra de las recusaciones de sus antecesores.

Insólitamente, el jury eligió el segundo procedimiento. El más largo y engorroso.

El argumento de Rossi para recusar a los cinco integrantes del jury fue que ya habían opinado públicamente sobre su caso o incluso habían adherido a alguna denuncia en su contra, algo que complicó principalmente al bloque completo de senadores de Cambiemos -todos firmaron el “repudio” y el pedido de juicio político, sin evaluar que podía llegarles a tocar llevarlo adelante- y, por igual motivo, a la totalidad del bloque de diputados del FpV.

El mes pasado, el Superior Tribunal de Justicia designó a la jueza Susana Medina de Rizzo como reemplazante del recusado Castrillón. El Senado eligió a Lucas Larrarte (en reemplazo de Giano) y a Daniel Olano (por Roque Ferrari), mientras que Diputados optó por Daniel Koch (en lugar de Diego Lara) y por Esteban Vitor (por Rosario Romero). Los cinco juraron el 18 de mayo como nuevos integrantes del jurado.

Pero claro, antes de que pudieran reunirse, Rossi volvió a recusar: el 30 de mayo objetó a los diputados Koch y Vitor.

La Cámara baja tenía que buscar a dos reemplazantes para ellos, pero aún no lo hizo. El 31 de mayo, desde el Superior Tribunal de Justicia le enviaron un oficio “solicitando la designación de nuevos representantes (titular y suplente)”. Como no obtuvo respuesta, reiteró el pedido el 9 de junio, hace una semana.

Tampoco pasó nada.

El Superior Tribunal difundió entonces un comunicado: “El Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos informó que aún no ha comenzado a tratar las denuncias formuladas contra el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Dr. Carlos Rossi, debido a que aún no ha sido debidamente integrado para tratar las recusaciones contra algunos de sus integrantes, planteadas por el magistrado denunciado. En este momento, el Honorable Jurado se encuentra a la espera de la designación de dos representantes de la Cámara de Diputados”.

Ante la consulta de Clarín, anoche distintos voceros aseguraron que Diputados convocó a una sesión especial para el lunes, donde supuestamente designarán a dos nuevos representantes para el jury. Eso, claro, si encuentran a alguno que resista las objeciones.

Aun cuando esto ocurra, el trámite será largo. En cuanto se designe a los nuevos integrantes, habrá que esperar a que juren. Luego deberá ser notificado Rossi, quien podrá plantear más recusaciones. Superado ese paso, el jury tendrá que poner fecha para reunirse, discutir todas las recusaciones previas y sortear el orden en el que cada integrante emitirá su voto sobre esas impugnaciones. Si alguna es rechazada, el antiguo miembro deberá volver al tribunal y tendrá que salir quien lo reemplazó, hasta llegar a una conformación definitiva.

La etapa siguiente será que cada integrante del jury lea las denuncias que hay contra Rossi, algo que -según confirmó Claríncon algunos miembros- aún no hicieron. Luego tendrán 60 días hábiles -unos tres meses- para votar si aceptan o desestiman los cargos contra el juez. Si los aceptan, el plazo que tienen para realizar el proceso y llegar a un veredicto es de seis meses más.

Es decir, que hay grandes chances de que Rossi llegue al año que viene siendo juez. De que siga fallando y fallando hasta que los políticos se pongan a trabajar. De que haya más Micaelas.

Proteger a Rossi es lo único que hasta ahora el poder político hizo con eficiencia: desde su regreso al juzgado, el magistrado cuenta con custodia policial permanente.



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