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15 de junio de 2017
De la Rosa se expone a una pena mayor, tras el cambio en la imputación
"Se decidió recalificar el hecho", afirmó el fiscal Gamal Taleb. Se cambió a coacción agravada, que tiene una calificación penal mínima de cinco años. Destacó que "se avanzó mucho" en la investigación.

El fiscal de Victoria, Gamal Taleb, aseguró que esta semana "avanzó mucho" la causa por amenazas que se sigue contra los dirigentes de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el ex ministro de Salud de la provincia, Ariel De la Rosa, por coacción y amenazas contra la directora del hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trossero.

¿Qué pasó esta semana?

Mencionó que "se recibieron las declaraciones testimoniales de personas que trabajan en el hospital Colonia de Salud Mental de Diamante" cuyos testimonios "confirman la hipótesis acusatoria que había en el decreto de apertura de causa, la que nos llevó a imputar a los dirigentes gremiales y al entonces ministro".

Puntualizó que "es gente que estaba presente cuando se produjeron los incidentes y las coacciones y también una secretaria de Trossero que escuchó parte de la conversación que la directora tuvo con el ministro y confirmó que estaba realmente atemorizada y angustiada por el trato que había recibido".

¿Por qué recalificó el hecho?

Informó que luego de las testimoniales "se decidió recalificar el hecho, porque originalmente pensamos que era una coacción simple que tiene pena de dos a cuatro años de prisión, pero luego se cambió a coacción agravada, que tiene una calificación penal mínima de cinco años". 

Agregó que "con las evidencias que hay hasta ahora los imputados son los que ya están en la causa" pero aclaró que "hay una prueba importante pendiente que es el análisis de las conversaciones de los teléfonos celulares que se secuestraron", por lo cual no se descartarían posibles nuevas imputaciones. 

Confirmó además que De la Rosa declarará a las 16 horas de este jueves y que estará representado por los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Julio Federick.

Reveló, respecto al destituido ministro de Salud, que "llamó y tiene una discusión por teléfono, que en realidad fue una conversación de un superior jerárquico a un inferior presionándolo para lograr el objetivo que era la reincorporación inmediata de una persona que había sido cesanteada después de un procedimiento administrativo por considerar que había cometido diversas faltas disciplinarias".

¿Qué fue lo que pasó?

Recordó, el fiscal, la secuencia de los hechos: "el lunes se produjo la primera coacción que motivó la denuncia de la directora, el martes se imputa una coacción al ministro por una presión que hizo por vía telefónica y el miércoles fueron nuevamente los representantes gremiales al hospital de Diamante y ahí se los detuvo en flagrancia y se produjo el secuestro de los celulares".

Especificó que toda la polémica surgió "por el reclamo de UPCN porque la enfermera era delegada gremial pero desde la dirección y la asesoría letrada del hospital se sostenía que no podía gozar de tutela sindical porque no era una empleada de planta permanente". No obstante ello, "el miércoles se adopta la resolución administrativa que ordena la reincorporación de la empleada y esta resolución es la que se le facilita a los representantes de UPCN para que vayan a Diamante a presionar para hacerla cumplir". 

Agregó que "De la Rosa se presentó espontáneamente, y en el decreto de apertura de causa ya había una sospecha respecto de él y el viernes se formaliza la imputación a través de un nuevo decreto que modifica el primero y donde se precisa la atribución delictiva, es decir la conducta que se le va a reprochar a él en esta investigación penal preparatoria".

Ante esto, informó que "el martes, después de escuchar las testimoniales decidimos recalificar el hecho: originalmente pensamos que era una coacción simple que tiene pena de dos a cuatro años, pero luego de las testimoniales se cambió a un delito más grave que es el de coacción agravada, que tiene una calificación penal mínima de cinco años". 

Adelantó, sobre la posibilidad de imputar al titular del gremio, el diputado José Ángel Allende, que "hay líneas de investigación que, para formalizar una imputación, deben tener algún grado de confirmación probatoria, la cual no surgió hasta ahora de los testimonios pero pensamos que pueden llegar a surgir del análisis de los teléfonos que fueron secuestrados". 

"Por ello es que las defensas técnicas se opusieron tanto al secuestro como a la inspección de los teléfonos, pero le juez consideró que era una medida conducente y pertinente justamente porque podrían surgir otras imputaciones de esas comunicaciones", agregó.

Fuente: Análisis Digital.



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